Martes, 03 Enero 2017 - 19:21
Written by
Dina Meza
http://pasosdeanimalgrande.com/
Funcionarios públicos y empresarios usan un arma tan letal como los proyectiles de una pistola para detener la labor informativa de los periodistas y comunicadores sociales en Honduras. Se trata de las querellas por difamación y calumnias que tiene a periodistas condenados a prisión, suspensión del ejercicio periodístico y de sus derechos ciudadanos.
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Funcionarios públicos y empresarios usan un arma tan letal como los proyectiles de una pistola para detener la labor informativa de los periodistas y comunicadores sociales en Honduras. Se trata de las querellas por difamación y calumnias que tiene a periodistas condenados a prisión, suspensión del ejercicio periodístico y de sus derechos ciudadanos.
En junio de 2016 se emitió una sentencia abusiva de los tratados y
convenios internacionales de libertad de expresión contra el periodista
Ariel Armando D´vicente Jarquin.
Fue el Tribunal de Sentencia de Choluteca que desconoció los derechos fundamentales del comunicador social e hizo prevalecer la intolerancia a la libertad de expresión de Lorgio Oquelí Mejia Tinoco, quien fungía en al año 2014 como Comandante del Core número Seis , en el departamento Choluteca, zona Sur de Honduras.
D´Vicente que conduce su espacio televisivo Pensa Libre, el cual no gusta a quienes son denunciados por actos arbitrarios, denunció actos irregulares del jefe policial quien reaccionó con acciones penales ante el tribunal en mención.
Ese tribunal permitió al policía que estaba citado como testigo permaneciera en la Sala mientras el periodista rendía su declaración, escuchó todo, con lo que se violentó el Código Procesal Penal, en su artículo 328.
La sentencia es de tres años de prisión, lo inhabilita por el mismo período a ejercer el periodismo y de sus derechos ciudadanos, así como a las costas del juicio y responsabilidad civil en el caso.
D´vicente Jarquin ha enfrentado cuatro querellas desde el 2013 saliendo bien librado de dos de ellas, la otra está en Amparo ante la Sala de lo Constitucional de la corte Suprema de Justicia y la última que es la sentencia descrita, la que hay una casación pendiente de resolución, pero de ser denegada se estaría ejecutando una de las peores sentencias contra la libertad de expresión.
En diciembre de 2013 fue condenado el periodista Julio Ernesto Alvarado a un año cuatro meses de prisión, suspensión por el mismo término del periodismo e interdicción civil. La sentencia tocó las puertas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que instó al Estado hondureño a suspender la sentencia mientras le fda admisibilidad al caso, a pesar de eso, siempre fue suspendido por un mes de su profesión y las presiones de la Iniciativa Periodismo y Democracia de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, Pen Internacional y esa instancia interamericana hizo que el Estado de Honduras retrocediera en su arbitrariedad.
Alvarado estaba apuntado a su cabeza con el derecho penal solamente porque prestó su espacio para que catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras denunciaran que había irregularidades en el otorgamiento de títulos por la decana de Ciencias Económicas, Belinda Flores.
Esta es parte del análisis que hizo la CIDH para otorgar la medida cautelar entre lo que se señala que es una sentencia gravosa, genera censura y vulnera la Convención Americana de Derechos Humanos:
No pasó lo mismo con la sentencia de un año y seis meses de prisión contra Gladys Lanza, quien fue querellada por el director de FUNDEVI, Juan Carlos Reyes. El Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa hizo de lado el debido proceso, desoyó la legislación internacional . Ella junto a su organización el Movimiento Visitación Padilla, acuerparon la denuncia de Lesbia Pacheco, una joven que denunció acoso laboral y sexual. La denunciante también fue querellada y condenada por el mismo delito.
Aunque desde abril de 2015 se presentó una casación para que se restableciera los derechos de Gladys Lanza, ella murió en septiembre de 2016 esperando justicia. La Corte Suprema nunca se pronunció sobre este recurso.
Cabe señalar que en todos los casos el Ministerio Público ha brillado por su ausencia, no investiga las denuncias. En el caso de Pacheco cerró el expediente donde ella denunció que estaba siendo víctima de acoso.
Hay poderes que protegen sus enjambres de intereses a toda costa
Ariel D´Vicente señala que la justicia le falló en tres ocasiones y que los grupos económicos y políticos de la zona Sur se han ensañado contra su persona al extremo de prohibir pautas publicitarias para su programa.
El abogado Leonardo Rodas Contreras, apoderado legal del periodista presentó un Recurso de Casación el 25 de agosto de 2016 por quebrantamiento de forma y precepto constitucional, solicitando se cambien los jueces, se anule el proceso y se repita con nuevos togados, sin embargo pasados casi cuatro meses de la interposición de dicho Recurso no hay resultados o respuestas.
Las demandas internacionales para que se deriven los procesos penales contra periodistas y comunicadores sociales al ámbito civil no han sido escuchadas por el Estado de Honduras y resulta más que lógico pues son en su mayoría los mismos funcionarios gubernamentales son los que se encargan de usar los proyectiles del derecho penal para dispararlos contra la libertad de expresión e información.
Algunos de los afectados ya están pensando en que la indefensión les llevará a buscar justicia internacional , no queda de otra. El 2017 es un año clave en un gobierno que no ha recibido hasta ahora a ningún organismo internacional de derechos humanos, muchos piensan que el nuevo Código Penal que incluye con más fuerza las penas por la difamación y calumnia, será un año abarrotado de injusticias y la autocensura para tratar de protegerse será un arma no deseada por los y las periodistas y comunicadores sociales.
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Lea investigación sobre el tema Aquí
Vea Medida Cautelar otorgada por la CIDH en el caso Julio Ernesto Alvarado Aquí
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Fue el Tribunal de Sentencia de Choluteca que desconoció los derechos fundamentales del comunicador social e hizo prevalecer la intolerancia a la libertad de expresión de Lorgio Oquelí Mejia Tinoco, quien fungía en al año 2014 como Comandante del Core número Seis , en el departamento Choluteca, zona Sur de Honduras.
D´Vicente que conduce su espacio televisivo Pensa Libre, el cual no gusta a quienes son denunciados por actos arbitrarios, denunció actos irregulares del jefe policial quien reaccionó con acciones penales ante el tribunal en mención.
Ese tribunal permitió al policía que estaba citado como testigo permaneciera en la Sala mientras el periodista rendía su declaración, escuchó todo, con lo que se violentó el Código Procesal Penal, en su artículo 328.
La sentencia es de tres años de prisión, lo inhabilita por el mismo período a ejercer el periodismo y de sus derechos ciudadanos, así como a las costas del juicio y responsabilidad civil en el caso.
D´vicente Jarquin ha enfrentado cuatro querellas desde el 2013 saliendo bien librado de dos de ellas, la otra está en Amparo ante la Sala de lo Constitucional de la corte Suprema de Justicia y la última que es la sentencia descrita, la que hay una casación pendiente de resolución, pero de ser denegada se estaría ejecutando una de las peores sentencias contra la libertad de expresión.
En diciembre de 2013 fue condenado el periodista Julio Ernesto Alvarado a un año cuatro meses de prisión, suspensión por el mismo término del periodismo e interdicción civil. La sentencia tocó las puertas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que instó al Estado hondureño a suspender la sentencia mientras le fda admisibilidad al caso, a pesar de eso, siempre fue suspendido por un mes de su profesión y las presiones de la Iniciativa Periodismo y Democracia de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, Pen Internacional y esa instancia interamericana hizo que el Estado de Honduras retrocediera en su arbitrariedad.
Alvarado estaba apuntado a su cabeza con el derecho penal solamente porque prestó su espacio para que catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras denunciaran que había irregularidades en el otorgamiento de títulos por la decana de Ciencias Económicas, Belinda Flores.
Esta es parte del análisis que hizo la CIDH para otorgar la medida cautelar entre lo que se señala que es una sentencia gravosa, genera censura y vulnera la Convención Americana de Derechos Humanos:
No pasó lo mismo con la sentencia de un año y seis meses de prisión contra Gladys Lanza, quien fue querellada por el director de FUNDEVI, Juan Carlos Reyes. El Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa hizo de lado el debido proceso, desoyó la legislación internacional . Ella junto a su organización el Movimiento Visitación Padilla, acuerparon la denuncia de Lesbia Pacheco, una joven que denunció acoso laboral y sexual. La denunciante también fue querellada y condenada por el mismo delito.
Aunque desde abril de 2015 se presentó una casación para que se restableciera los derechos de Gladys Lanza, ella murió en septiembre de 2016 esperando justicia. La Corte Suprema nunca se pronunció sobre este recurso.
Cabe señalar que en todos los casos el Ministerio Público ha brillado por su ausencia, no investiga las denuncias. En el caso de Pacheco cerró el expediente donde ella denunció que estaba siendo víctima de acoso.
Hay poderes que protegen sus enjambres de intereses a toda costa
Ariel D´Vicente señala que la justicia le falló en tres ocasiones y que los grupos económicos y políticos de la zona Sur se han ensañado contra su persona al extremo de prohibir pautas publicitarias para su programa.
El abogado Leonardo Rodas Contreras, apoderado legal del periodista presentó un Recurso de Casación el 25 de agosto de 2016 por quebrantamiento de forma y precepto constitucional, solicitando se cambien los jueces, se anule el proceso y se repita con nuevos togados, sin embargo pasados casi cuatro meses de la interposición de dicho Recurso no hay resultados o respuestas.
Las demandas internacionales para que se deriven los procesos penales contra periodistas y comunicadores sociales al ámbito civil no han sido escuchadas por el Estado de Honduras y resulta más que lógico pues son en su mayoría los mismos funcionarios gubernamentales son los que se encargan de usar los proyectiles del derecho penal para dispararlos contra la libertad de expresión e información.
Algunos de los afectados ya están pensando en que la indefensión les llevará a buscar justicia internacional , no queda de otra. El 2017 es un año clave en un gobierno que no ha recibido hasta ahora a ningún organismo internacional de derechos humanos, muchos piensan que el nuevo Código Penal que incluye con más fuerza las penas por la difamación y calumnia, será un año abarrotado de injusticias y la autocensura para tratar de protegerse será un arma no deseada por los y las periodistas y comunicadores sociales.
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