Por Marvin Palacios
Según la Organización No Gubernamental (Ong) Británica, Global Witness, altos cargos políticos y élites empresariales de Honduras estarían vinculados con una violenta represión de personas que defienden sus derechos sobre la tierra.
Una reciente investigación de Global Witness sostiene que la presidenta del partido Nacional, Gladis Aurora López, sería uno de los altos cargos del partido gobernante, que junto a magnates de los negocios, son los que estarían implicados en una violenta represión de familias que hacen frente al expolio y destrucción de sus tierras.
“Honduras es el país más peligroso del mundo para los defensores de la tierra o el medio ambiente, según estudios llevados a cabo por Global Witness. Desde 2010, más de 120 personas han muerto asesinadas por protestar contra el expolio o la destrucción de su tierra, sus bosques o sus ríos, entre ellas la prominente activista indígena Berta Cáceres, cuyo asesinato, el año pasado, fue el primero en provocar un escándalo internacional”, subraya el comunicado de prensa distribuido a los medios de comunicación.
Ben Leather , representante de Global Witness dijo a la prensa que el informe demuestra que Honduras es el país más peligroso del planeta para defender la tierra y los recursos naturales.
“Ha habido 123 asesinatos de líderes comunitarios desde el año 2010 por haberse opuesto a industrias extractivas, proyectos hidroeléctricos o la tala de árboles, entonces estamos haciendo un llamado al gobierno hondureño a que garantice la seguridad de los líderes comunitarios para que puedan hacer su labor con seguridad”, señaló Leather.
Indicó que otro tema que aborda el informe de Global Witness es la corrupción, “donde exponemos actos de corrupción alrededor de estos proyectos que están implicando abusos de derechos humanos”.
Leather dijo que el derecho internacional señala que los pueblos donde se desarrollan los proyectos hidroeléctricos, extractivos o de cortes de madera, deben ser consultados previamente en relación a la explotación de sus recursos naturales.
“Destacamos un caso en nuestro informe de una represa hidroeléctrica cuyo único administrador es el esposo de la señora Gladys López, entonces nosotros tenemos claro que eso contraviene, no solo a la ley hondureña, sino también la Constitución y que debe de haber una investigación de un caso emblemático como este, para que se envíe una señal de que en Honduras no se tolera la corrupción, que el presidente sí va a garantizar y proteger la vida de todos los ciudadanos”, sostuvo el representante de Global Witness.
Leather añadió que la ley es muy clara en el sentido que liderazgos políticos no pueden beneficiarse directa o indirectamente con el estado, y nuestro argumento es que Gladys López se beneficia en forma directa, ya que su esposo es el único administrador del proyecto.
“Hay vínculos muy claros entre quienes están oponiéndose a estos mega proyectos y su situación de riesgo, en el caso de la empresa Los Encinos, donde 3 líderes indígenas han sido asesinados y además otros miembros de la comunidad han sido agredidos y amenazados. Nuestro argumento es que el estado tiene que tomar medidas fuertes para combatir la corrupción en este caso y también para proteger a la gente en la comunidad que está destacando violaciones a los derechos humanos”, recalcó Leather.
Pazo dijo que este tipo de informes deberían hacerlos más bien los órganos jurisdiccionales como las fiscalías del país, “pero lamentablemente como hay una inacción del Ministerio Público ante ataques a defensores y defensoras, les queda a organizaciones como Global Witness, incluso a la sociedad civil y a nosotros, ser un poco las voces, que entre comillas, trata de hacer un poco de justicia frente a la injusticia.
Global Witness visibiliza una vez más, el alto grado de vulnerabilidad que enfrentan los defensores ambientalistas
La representante de Naciones Unidas señaló que es importante recalcar lo que han dicho en cuanto a los grupos de poder que controlan las fuerzas de seguridad de alguna manera y que hace falta un mayor compromiso para la defensa de derechos humanos.
Entre tanto el coordinador general del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz (MILPAH), Martín Gómez dijo que este informe es real, es actualizado, efectivo y no tiene mentiras, por lo tanto estamos agradecidos con Global Witness por haber elaborado este informe que nos visibiliza a nivel del mundo; no solamente de Honduras.
“Nosotros no queremos la implementación de hidroeléctricas, a excepción de que se hiciera una consulta, libre, previa e informada y de buena fe que nos llevara a tener conciencia en la población de lo que realmente queremos hacer, porque nosotros como pueblos estamos en la obligación de trazar el futuro como nosotros queremos vivir”, explicó el líder lenca.
Finalmente el coordinador del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), Donald Hernández dijo a www.defensoresenlinea.com que Global Witness es la mayor fuente de información sobre temas ambientales en el mundo y el hecho que ellos estén tomando la problemática ambiental y de derechos humanos en Honduras, y enfocando el tema de los defensores y defensoras de derechos humanos que realizan su trabajo en el territorio hondureño es importantísimo.
“Como lo decíamos en el evento, el involucramiento que los investigadores de Global Witness han tenido en estos años en los territorios para vivir las experiencias en carne propia, le da un gran plus a este informe; es así que el informe va directo, porque aborda a personajes de nuestro país, estructuras económicas y políticas que algunos tienen temor de abordarlas y aparte de eso se llama mucho la atención de operadores de justicia, del estado mismo con respecto a lo que está pasando tierra adentro”, explicó Hernández.
Hernández subrayó que la afirmación de que el poder político se ha adueñado de proyectos hidroeléctricos que impactan y afectan a comunidades indígenas es una realidad, porque “la clase política y empresarial desde hace ya varios años se ha dado a la tarea de ofertar a Honduras y sus territorios.
Desde aquel proceso denominado “Honduras is Open for Bussines”, esa clase política se ha dado a la tarea de estar modificando todo el andamiaje jurídico para atraer la inversión extranjera, y todo viene a eso; por ejemplo en materia de minería, una gran cantidad, más de 500 concesiones mineras están aprobadas, hay más de 800 solicitudes existen; en el tema de las hidroeléctricas, con 111 empresas hidroeléctricas que ya están operando en el país con serias vulneraciones a los derechos de las poblaciones.
La mesa principal del evento estuvo presidida por Ben Leather y Billy Kyte de Global Witness, Donald Hernández del CEHPRODEC, Ana Miriam Romero de MILPAH y Berta Zúniga Cáceres del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
http://defensoresenlinea.com/la-represion-contra-ambientalistas-proviene-de-altos-cargos-politicos-y-elites-empresariales/
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