Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
El funcionario participó hoy en la promulgación de la Ley de Fiscalización y Financiamiento de Partidos Políticos.
Tegucigalpa.-“La
corrupción se ha transformado en una especia de privatización del
Estado, de secuestro de los poderes públicos por parte de unos pocos que
disponen de lo que es de todos, a su arbitrio y con un sentido
patrimonialista y utilitario”.
En
esos términos se expresó esta mañana el secretario general de la
Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, al participar en
la promulgación de la Ley de Fiscalización y Financiamiento de Partidos
Políticos, conocida como “ley de política limpia”, una normativa
impulsada por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en
Honduras (MACCIH) y aprobada por el parlamento hondureño el 20 de
octubre del año pasado.
Almagro
dijo además que los gobernantes y políticos se vuelven, directa o
indirectamente, en explotadores de otros ciudadanos, que han confiado en
ellos la administración de los bienes públicos que son de todos.
“En
estos procesos los que pierden siempre son los más pobres: cada lempira
malversado significa menos medicinas, menos alimentos, menos salud,
menos educación; y más desigualdad y precariedad económica y social”,
expreso el funcionario internacional.
A
juicio del secretario general de la OEA, las prácticas corruptas de los
gobiernos tienen su inicio en los procesos electorales, mediante las
campañas “cuando los intereses desleales se personifican, y quienes
tienen el poder generan en ocasiones turbios nexos para conservarlo, y
quienes lo buscan dan a cambio a sus valores y su dignidad, en una
lamentable ecuación donde el fin justifica los medios”
“Ley de política limpia”
El
secretario general de la OEA, recordó que la “ley de política limpia”
fue aprobada gracias al voto de la mayoría calificada de los
legisladores, y a la vez señaló que ésta normativa cuenta con
herramientas que harán que las campañas electorales y los partidos
políticos sean más transparentes y exista una correcta rendición de
cuentas y se evite que dinero incierto e ilegal ingrese a la política.
Consideró
que la ley es como una vacuna del sistema político hondureño, ante la
grave enfermedad que representan las malas prácticas financieras
electorales y el cómplice silencio de quienes miran hacia el costado,
aceptando las reglas de juego.
Ilustró
que de ahora en adelante y a través de la Unidad de Financiamiento,
Transparencia y Fiscalización, todos los precandidatos, candidatos,
alianzas y partidos políticos están obligados a declarar cada lempira
que reciban y gasten tanto en procesos electorales como periodos
ordinarios.
Asimismo
existirán límites en los gastos de campaña, así como en las
aportaciones de personas naturales y jurídicas y se crean figuras
jurídicas que se podrán invocar cuando se compruebe ante autoridad
competente la participación de dinero ilícito en campañas electorales,
provocando ello la nulidad de la elección.
La
Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, que contempla
la ley, cuenta con la facultad de levantar el secreto bancario cuando
se descubran operaciones sospechosas.
La corrupción es un mal endémico de las democracias contemporáneas. Deteriora la cohesión social, destruye la confianza en las instituciones y reduce la Política a una simple actividad primitiva de saqueo que conduce al desencanto popular: Luis Almagro.
ABUSOS
Desde
el 2014 por gestiones del presidente Hernández, en Honduras existe la
Ley de Fomento y Promoción de las Comunicaciones, que permite que los
medios de comunicación canjeen la publicidad gubernamental a cambio del
pago de impuestos, canon, servicios públicos y/o cualquier otra
obligación fiscal.
En
virtud de lo anterior, la ley establece la suspensión de publicidad
estatal durante el periodo electoral hasta la jornada de elecciones.
Esto implica favorecer la igualdad de condiciones entre todos los
candidatos.
Desde
julio de 2014, en Honduras entró en vigencia la “ley de secretos” que
blinda la información hasta por 25 años en 14 instituciones del Estado y
la clasifica en secreta, ultrasecreta y reservada. La MACCIH ha pedido
al Parlamento la derogatoria de esta ley al considerarla lesiva para la
democracia y contraproducente para la aplicación de la “ley de política
limpia”.
La
Misión de la OEA impulsó la creación de la Ley de Fiscalización y
Financiamiento de Partidos Políticos, en virtud que el presidente, Juan
Hernández, admitió en junio de 2015 que parte de los fondos saqueados
del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), fueron destinados a
su campaña política de 2013.
La
promulgación de la “ley de política limpia” se llevó a cabo en Casa de
Gobierno ante la presencia del presidente hondureño, Juan Hernández; y
los presidentes del Congreso Nacional y Corte Suprema de Justicia,
Mauricio Oliva y Rolando Argueta, respectivamente.
Asimismo,
el fiscal y el vocero de la MACCIH, Manuel Garrido y Juan Jiménez
Mayor, respectivamente y miembros de la sociedad civil.
El
presidente Hernández dijo que la nueva ley evitará que los partidos
políticos reciban fondos provenientes del crimen organizado,
narcotráfico y de otros orígenes ilícitos.
http://criterio.hn/2017/01/17/la-corrupcion-se-ha-transformado-una-especia-privatizacion-del-estado-luis-almagro/
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