Honduras: Advierten posible privatización del sistema penitenciario

Según el comisionado presidente del Comité de Prevención de la Tortura en el sistema carcelario de Honduras (Conaprev), Orle Solís, las 26 cárceles y centros de detención en lugar de convertirse en centros de rehabilitación, son talleres del crimen y la extorsión, porque el Estado no cumple con una eficiente administración y advierte que el hacinamiento es la excusa del gobierno para ceder el sistema penitenciario a terceros.
Redacción Central / EL LIBERTADOR /  Publicado: 30 Enero 2017

Tegucigalpa. En Honduras, las 26 cárceles y centros de detención en lugar de convertirse en centros de rehabilitación, son talleres del crimen y la extorsión, porque el Estado no cumple con una eficiente administración de esos lugares, afirma el comisionado presidente del Comité de Prevención de la Tortura en el sistema carcelario de Honduras (Conaprev), Orle Solís.

A esta problemática, ahora se suma la futura privatización del sistema penitenciario, de acuerdo con Solís, quien sostiene que “desde el momento en que los privados de libertad son detenidos, son sometidos al control del Estado, y éste debe seguir teniendo la responsabilidad en la política penitenciaria”.

En otras naciones de América Latina y Europa –prosigue–, los sistemas penitenciarios están controlados por los gobiernos, y aunque puede contratar algunos servicios, el Estado debe tener la responsabilidad del cuidado de la población carcelaria.

HACINAMIENTO 

El entrevistado detalla que el hacinamiento es la excusa del Estado para ceder el sistema penitenciario a terceros, pero “la reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal eliminó las medidas alternas a la prisión preventiva en más de 21 delitos, y es esto lo que ha incrementado la población carcelaria”. 

En la actualidad, en el país existen 17,310 privados de libertad en los 26 centros penitenciarios y los cuatro anexos en los batallones, sin embargo, la capacidad de esos lugares arriba a los 9,000 detenidos, es decir que el hacinamiento es de al menos 192 por ciento.

“El gobierno se ha decidido por una política de encarcelamiento, pero como Conaprev sugerimos tomar otras medidas para la prevención y no la represión del delito, el encarcelamiento.

“Es urgente desarrollar una nueva política criminal del Estado, que abarque a los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), para tomar decisiones que impidan que la cárcel sea la única disposición aplicable, sino que haya una serie de posibilidades alternativas”, concluye Solís. 

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