Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
14 junio, 2016 | Tegucigalpa.-
Los defensores de derecho humano en una conferencia de prensa celebrada
en el portón principal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH) han denunciado que las autoridades universitarias han exacerbado
el uso del derecho penal para criminalizar la protesta social y el
trabajo de ellos y ellas.
Manifestaron
que las autoridades universitarias utilizan discursos estigmatizantes
que tienen el objetivo de obstaculizar la labor de defensa y así impedir
el ejercicio legítimo del derecho a defender los derechos humanos.
Señalaron
que este conflicto lleva ya más de 5 años y no tiene solución por la
negligencia de las autoridades universitaria sobre todo de parte de la
rectora Julieta Castellanos quien ha violentado la autonomía
universitaria militarizando las instalaciones y persiguiendo con la
policía a los estudiantes que reclaman por un nuevo orden en la UNAH.
A continuación el comunicado de los y las defensoras de derechos humanos:
Las
autoridades universitarias han exacerbado el uso del derecho penal para
criminalizar la protesta social en la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, UNAH, estigmatizado a los liderazgos estudiantiles y
desacreditado públicamente la labor de los defensores y defensoras de
derechos humanos que acuden a proteger los derechos fundamentales de los
jóvenes ante la barbarie policial y militar, que usa la fuerza para
desarticular un derecho fundamental como es la libertad de expresión.
Denunciamos
la utilización de un discurso violento y estigmatizante de las
autoridades universitarias contra los defensores y defensoras de
derechos humanos que acudimos a la UNAH cuando hay represión contra los
estudiantes.
Tal discurso generalmente pronunciado por la cabeza de la
UNAH, la rectora Julieta Castellanos, y en los medios de comunicación de
este centro de estudios, tiene el objetivo de obstaculizar la labor de
defensa y así impedir el ejercicio legítimo del derecho a defender los
derechos humanos, protegido en tratados y convenios internacionales y
que los estudiantes puedan ser protegidos de graves abusos.
Más
de cinco años han pasado desde que el estudiantado inició sus demandas,
y la situación se profundiza. El uso de la protesta social como parte
del derecho a libertad de expresión no se permite en la UNAH, a la par
se han cerrado las oportunidades de diálogo para que retorne la paz. Sus
autoridades a la cabeza de la rectora Julieta Castellanos usan la
fuerza policial, la seguridad privada, así como las acciones penales
para sembrar el miedo y desarticular la organización estudiantil que
demanda la apertura al diálogo.
En
el 2014 se pasó de la campaña de descrédito a los líderes para comenzar
acciones administrativas que culminaron con la expulsión de seis
estudiantes de la UNAH-CU, también se utilizó el derecho penal para
criminalizar la protesta social, en este caso contra el joven Rommel
Darío Morán, capturado en el marco de una acción de protesta estudiantil
reprimida por los cuerpos de seguridad del Estado, torturado por varios
policías al detenerlo y a pesar de la gravedad de los golpes, después
fue acusado por el Ministerio Público, a petición de la rectora Julieta
Castellanos, por el delito de Sedición y Manifestaciones Ilícitas.
En
el 2015, continuaron las expulsiones contra 10 estudiantes de la
UNAH-VS y uno de UNAH-CU. Pero en ese mismo año, en el mes de julio, ya
se pasó a la profundización de penalización judicial solicitando
requerimientos fiscales y órdenes de captura contra 26 jóvenes: 4 de la
UNAH-CU; 12 de UNAH-VS; 6 del CURLP y 4 del CURLA, la intención era
generar el miedo para “calmar” el clamor de apertura democrática y la
demanda estudiantil para que se revisen las decisiones de las
autoridades, que laceran derechos fundamentales de los estudiantes.
De
los 26 procesos penales del año 2015, fueron desestimados 22 en los
centros regionales, no así los cuatro de UNAH-CU, que han seguido su
curso contra los estudiantes Cesario Padilla, Moisés Cáceres, Sergio
Ulloa y Armando Velásquez , que están a las puertas del juicio oral y
público.
A
principios de junio de este año reiniciaron las protestas
estudiantiles, la sordera al diálogo junto a la criminalización de la
protesta social, la estigmatización de los líderes estudiantiles con
campañas de desprestigio, vigilancia y seguimientos, no generó el efecto
esperado de contener la movilización estudiantil.
Este
07 de junio del corriente año se procedió a repetir la estrategia del
uso del derecho penal contra seis estudiantes, con la solicitud de
órdenes de captura ante el Ministerio Público. Cinco de ellos habían
sido de los expulsados en el 2014, y entre ellos, nuevamente contra
Cesario Padilla, Moisés Cáceres, Sergio Ulloa y Armando Velásquez.
Quienes con ese nuevo juicio no podrán defenderse en libertad sino que
irán inevitablemente a la cárcel si las autoridades de la UNAH no
desisten de su propósito.
En
la lista de las órdenes de captura se encuentra Dayanara Castillo, de
la comunidad LGTBI, quien fue expulsada en el 2014, sufrió persecución,
detención ilegal y hostigamiento por su opción sexual y por participar
en la lucha estudiantil, lo que la obligó a irse al exilio el año
pasado.
La
falta de profesionalismo y Abuso de Autoridad del Ministerio Público y
de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, para impulsar
acciones penales a petición de las autoridades universitarias tiene
tantos vicios como el anteriormente descrito de incluir a estudiantes
que ni siquiera están en la capital o en el país. Además de construir
una historia de mentiras para descalificar la lucha de los estudiantes
vinculándola con la participación de un partido político, al extremo de
colocar como prueba, el apoyo económico y logístico del diputado
Wilfredo Paz del Partido LIBRE, quien falleció el año pasado.
Este
tipo de prácticas lesivas a la legalidad, nos obligó a presentar una
denuncia este 10 de junio contra los fiscales y los agentes de la ATIC,
responsables de llevar a cabo las supuestas investigaciones para apoyar
las órdenes de captura.
Hemos dejado la denuncia y nuestra esperanza es
que con la celeridad que se procedió contra los estudiantes, de esa
forma se inicien acciones encaminadas a terminar con el Abuso de poder
de estos funcionarios.
Llamamos
a la rectora Castellanos a parar sus declaraciones estigmatizantes
contra defensores y defensoras de derechos humanos y terminar con la
criminalización de la protesta social en la UNAH para dar paso al
diálogo serio y constructivo que aborde la problemática de esa
universidad, que violenta sistemáticamente los derechos del
estudiantado.
No a la criminalización de la protesta pacífica
Defender los derechos humanos no es un crimen, es un derecho protegido
Por un diálogo pronto
Tegucigalpa M.D.C. 14 de junio de 2016
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