La vida en Honduras se está volviendo cada vez más difícil. Uno
quisiera expresar buenas noticias pero tampoco podemos callar la
realidad. Aunque no tenga la atención del gobierno como uno desearía,
la extorsión está golpeando muy fuerte a la población.
Bajo la promesa
de dejarlos operar, de brindarles protección y de garantizar que nadie
los moleste, los grupos, bien organizados para hacer el mal, cobran el
mal llamado impuesto de guerra con lo cual la industria de la extorsión
ha ido en auge y dejando jugosas ganancias a varios grupos del país.
Las víctimas más
directas son los pequeños comerciantes, los dueños de pequeñas tiendas y
pulperías cuyos negocios les sirve para garantizar la papa de sus
familias. Claro que también es afectada la mediana empresa y la alta
empresa. Pero muchos empresarios trasladan estos costos a los precios de
sus productos, y al final es el ciudadano de a pie el que termina
pagando estos cobros ilegales.
No debería
existir este cobro al margen de la ley, organizado y dirigido por
grupos criminales traslapados y protegidos por autoridades
gubernamentales. Entre las víctimas también están los pobladores y
pobladoras. Hemos sido testigos en esta Honduras que familias enteras
han tenido que abandonar sus casas porque los violentos los ha
amenazado que si no pagan el impuesto deben abandonar el barrio o la
colonia.
Sin duda que es
un negocio, que como todos los negocios ilegales, deja grandes
ganancias en tan poco tiempo. Pero su éxito también obedece al
involucramiento de altos jefes policiales, hay involucrados hasta
empresarios y miembros de los partidos políticos, políticos corruptos
que utilizan las fuerzas del Estado para llenarse los bolsillos sin
detenerse a reflexionar sobre el dolor que provocan en las familias
hondureñas.
El tema es tan
delicado que quien se oponga a la extorsión termina siendo liquidado.
Con cada ciudadano asesinado vinculado con cobro de extorsión logran
doblar el brazo a otro montón de gente que sabe que denunciar este
delito es ponerse en evidencia ante estos grupos que por su naturaleza
violenta resuelven todo a punta de bala.
Si tan siquiera
se investigara de manera seria el tema de la extorsión estaríamos ante
un nuevo tsunami que arrasaría con la poca institucional con la que
cuenta el país. Las órdenes para extorsionar vienen desde las grandes
cúpulas policiales, militares, políticas y empresariales. Mientras no
se toque a las estructuras más altas, la extorsión seguirá reinando en
las calles del país.
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lunes, 9 de mayo de 2016
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