Tegucigalpa.“Las desapariciones forzadas en el momento actual son deplorables y es un claro ejemplo que la impunidad permite que estos hechos vuelvan a repetirse; ya que no hay ni ha habido, compromisos reales con el castigo de los actos de desaparición forzada”, expresó la directora ejecutiva del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Gilda Rivera Sierra.
Gilda Rivera Sierra fue víctima de desaparición forzada temporal junto a 5 estudiantes universitarios en la década de los años ochenta, durante la temida aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional implantada desde el Estado y ejecutada por Escuadrones de la Muerte.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, Estados Unidos, ventila entre una gama de crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes de estado de Honduras, casos de desaparición forzada temporal.
Uno de esos casos es el denominado Guillermo López Lone y otros, contra el Estado de Honduras, en donde se denuncia la detención ilegal, secuestro y la aplicación de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, contra seis estudiantes.
Los estudiantes universitarios son: Guillermo López Lone, Edwin Dagoberto López Lone, Milton Danilo Jiménez Puerto, Marlen Irasema Jiménez Puerto, Gilda María Rivera Sierra y Ana Suyapa Rivera Sierra.
El caso más conocido como Seis Estudiantes se ventila ante la CIDH y tiene el número de registro 12,891.
La comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, estimó que contra los estudiantes y las estudiantes universitarias, agentes del Estado de Honduras cometieron violaciones a los artículos 5 (derechos a la integridad personal), 7 (derechos a la libertad personal) , 8 (garantías judiciales) y 15 (derecho de reunión) de la Convención Americana de Derechos Humanos
El 27 de abril de 1982, alrededor de las 5.30 de la mañana, un grupo de 6 hombres fuertemente armados allanaron ilegalmente la casa donde vivían las víctimas, localizada en la colonia Miraflores de Tegucigalpa.
Rafael Rivera Torres, padre de Gilda y Suyapa junto a los otros estudiantes, fueron capturados y conducidos en varios vehículos pick up doble cabina con vidrios polarizados, hacia la posta policial del barrio El Manchén.
Las víctimas fueron introducidas en celdas e incomunicadas y Rafael Rivera Torres trasladado de regreso a su casa y obligado a permitir el cateo de la misma. En el proceso de cateo se produjo ante la presencia de Enrique Flores Valeriano, vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Norma Lanza de Flores (vecinos de los estudiantes) y Carlos Rivas García, diputado del Congreso Nacional.
Al terminar el registro, Rivera Torres regresó al escuadrón policial a preguntar por los seis jóvenes, sin obtener información al respecto.
Las
seis víctimas fueron interrogadas en las celdas del escuadrón policial
sobre generalidades de sus vidas personales y cuestiones políticas y
permanecieron hasta la noche del dia 27, con los ojos vendados, las
manos amarradas y amordazadas. Luego fueron trasladados a una casa
ubicada a 45 minutos de Tegucigalpa, en el sector de Amarateca,
Francisco Morazán.Las seis víctimas sobrevivieron a su cautiverio y coincidieron en declarar que sufrieron violencia física, verbal y psicológica por parte sus captores.
La casa donde estuvieron cautivos durante varias semanas los seis estudiantes universitarios, era propiedad del general Amílcar Zelaya.
La CIDH ventila el caso conocido como Seis Estudiantes
Una Junta Militar de gobierno (1978-1980) tomó el poder mediante golpe de Estado contra el General Juan Alberto Melgar Castro y gobernó desde el 8 de agosto de 1978 al 27 de enero de 1980.
Esa Junta Militar estuvo integrada por el General de Brigada: Policarpo Paz García,( jefe de la Junta Militar y comandante del Ejército de Honduras), el Coronel de aviación: Domingo Antonio Álvarez Cruz, (Comandante de la Fuerza Aérea Hondureña) y el Teniente coronel de Infantería, Amílcar Zelaya Rodríguez, (Comandante de la Fuerza de Seguridad Pública FUSEP), hoy Policía Nacional de Honduras.
Posteriormente asume el mando de la nación, el General Policarpo Paz García, hasta que Honduras retornó a la institucionalidad en 1981.
Los casos de desapariciones forzadas se acentuaron durante el gobierno democrático de Roberto Suazo Córdova, que a juicio de analistas políticos, el poder real continuaba en manos de las Fuerzas Armadas de Honduras. (FFAA)
El 27 de abril de 2007, el Comité de de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) presentó denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en representación de Guillermo López Lone, Edwin Dagoberto López Lone, Milton Danilo Jiménez Puerto, Marlen Irasema Jiménez Puerto, Gilda María Rivera Sierra y Ana Suyapa Rivera Sierra, contra el Estado de Honduras, por violaciones a los artículos, 5,7, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La denuncia fue registrada bajo el número P.524-07.
El 13 de noviembre de 2013, la Comisión Interamericana de derechos Humanos aprobó el informe No.114/12 de admisibilidad. El 27 de noviembre de 2012 notificó a esta representación el examen y aprobación de la admisibilidad de la Petición No. 524-07 y la asignación del número de Caso 12.891.
Las autoridades hondureñas sistemáticamente han denegado justicia a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos por razones políticas. El caso “Seis Estudiantes”, es un caso emblemático de violaciones a derechos humanos en el marco de la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional.
Gilda Rivera Sierra, es una mujer sobreviviente de la desaparición forzada temporal, la experiencia traumática que vivió, no fue capaz de apagar el ímpetu con que dedica su existencia en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres.
Rivera Sierra es actualmente la directora ejecutiva del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) y dialogó con www.defensoresenlinea.com para expresar sus reflexiones en torno al impacto que las desapariciones forzadas tienen en lo individual y colectivo de la sociedad.
Gilda Rivera Sierra reveló que lo primero que pasa por su mente al escuchar sobre desapariciones forzadas es “terror, es lo inhumano, es la maldad encarnada en seres humanos, es parte de la triste historia de la humanidad que nos hace pensar y preguntarnos cómo es posible que seres humanos cometan estos actos tan bestiales y seguir viviendo como si nada...es historia de mi país, es mi propia historia...me causa mucho dolor, pero al mismo tiempo me renueva compromisos en una lucha en la que los seres humanos, hombres y mujeres, no sean torturados, violentados, desaparecidos por el hecho de pensar diferente”.
Consultada sobre el impacto que este crimen de lesa humanidad genera en las familias, la directora del CDM dijo que “tiene un fuerte impacto tanto en el presente como en el futuro de las sociedades, en las familias, las quiebra, las rompe, y las impacta permanentemente”.
“Es dolor, es sufrimiento, pero al mismo tiempo puede significar lucha, compromiso, significa también esperanzas de que ese ser humano desaparecido aportaba y estaba luchando por un mundo mejor, un mundo sin injusticias, sin opresiones y eso nos renueva las esperanzas y los compromiso”, sostuvo.
Rivera Sierra señaló que en las sociedades debe significar reflexión y compromiso por construir relaciones diferentes desde el respeto y la tolerancia, conceptualizando ésta como el reconocimiento de la otra y el otro, con sus propias necesidades, demandas e interpretaciones del mundo
“Las desapariciones forzadas en el momento actual son deplorables y es un claro ejemplo que la impunidad permite que estos hechos vuelvan a repetirse; ya que no hay ni ha habido compromisos reales con el castigo de los actos de desaparición forzada”, puntualizó la defensora de derechos humanos.
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3815:la-impunidad-permite-que-las-desapariciones-forzadas-vuelvan-a-repetirse&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150
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