Consideramos que esta ley es la punta de lanza que propicia, junto a la actual Ley de Minería, aprobada mediante Decreto número 238-2012 y publicada en el diario oficial La Gaceta el 2 de abril del año 2013; vender, ceder y negociar los recursos naturales del territorio ante la incapacidad del Gobierno de visualizar otras alternativas de alternativas de desarrollo sustentable para el Estado de Honduras, menos dañinas y destructivas de la vida en su totalidad.
Así mismo vemos con preocupación cómo el gobierno actual promueve
leyes nocivas que atentan contra la
nación, el respeto a la vida y el goce de los derechos humanos de la población.
Tal es el caso de las reformas a tres artículos de la Constitución de
la República para la creación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, la
Ley de Minería, la creación de la Policía Militar del Orden Público, la Ley de
Seguridad Poblacional y la Destitución de Magistrados de la Sala Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia, entre otras medidas adversas,
Asimismo el Gobierno ha nombrado el 2015 como el año de la minería en Honduras, ofreciendo
el país al mejor postor, apoyando a través del Instituto Hondureño de Geología
y Minas (INHGEOMIN) en un evento internacional que han nombrado: “Conclave
Mundial De La Minería” y que se desarrollará los días 12 y 13 de Agosto de 2015
en la ciudad de San Pedro Sula, con el objetivo de crear la organización
mundial de la minería con sede en San Pedro Sula y presentar ante 400
inversionistas internacionales 950 sitios los cuales están siendo investigados
para determinar su potencial minero del país.
Hacemos notar que el Estado de Honduras sigue siendo incapaz
de administrar eficientemente los
recursos del país, evidenciado en el deshonroso primer lugar que el país ocupa
en cuanto a vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos como lo señalan
organismos internacionales, y que a pesar de ello junto a la iniciativa privada
llamada el Consejo de la Minería e Industria Extractiva de Comercio e
Inversiones (COMICOIN) se busca explotar destructivamente los territorios pertenecientes a nuestras
comunidades sin la debida participación de la ciudadanía.
El este mismo sentido el gobierno actual, alega que la
minería es de interés nacional, ha aprobado el Decreto Ejecutivo PCM 023-2015,
para declarar 18 zonas de reserva minera a nivel nacional, la mayor parte de
estos ubicados en áreas protegidas debidamente declaradas y peor aún sobre
asentamientos humanos; 13 de dichas reservas se localizan en la Montaña de Botaderos, entre
los departamento de Colón, Olancho y parte de Yoro, las 5 restantes
distribuidas en los departamentos de Santa Bárbara, Lempira, Copán, Ocotepeque,
Francisco Morazán y Comayagua, sumado a los 950 sitios en investigación minera
que se ofertarán en el Cónclave Mundial de la Minería, con la finalidad de
abrir nuevos yacimientos.
Nosotros como Organizaciones de
Sociedad Civil: Plataforma Agraria, Foro Social del Valle de Sula Margarita
Murillo, Mesa Nacional de Incidencia y Gestión de Riesgo (MNIGR) y la Asociación
de Organismos No Gubernamentales (ASONOG), en consideración de lo anteriormente
expuesto nos pronunciamos y exigimos al Gobierno de Honduras:
1. Derogar
la Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de Deuda Pública, por
considerarla inconstitucional que atenta contra la soberanía nacional, viola
los derechos de las comunidades y pone en riesgo la vida de todos los
Hondureños.
2.
Que la Corte Suprema
de Justicia resuelva los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Minería,
que ciudadanos comprometidos con la dignidad del país y la vida han presentado
desde enero del 2014.
3.
Exigimos al Congreso
Nacional retomar la propuesta de reforma a la Ley de Minería discutida y
presentada por la sociedad Hondureña y que no ha sido tomada en cuenta.
4.
Repudiamos la falta de
voluntad política y exigimos un marco legal adecuado que respete y proteja los
derechos de nuestros habitantes.
5.
Condenamos la actitud
entreguista de nuestros gobernantes, pactando compromisos que violentan nuestros
derechos; expresados en la Constitución de la República y convenios
internacionales.
6. Condenamos
los actos de corrupción de funcionarios públicos en el concesionamiento irracional
de nuestro territorio.
7. Exigimos
la aplicación y cumplimiento de los Convenios Internacionales que obligan al
Estado a tomar decisiones sobre los recursos naturales del país de manera
transparente, democrática y justa.
8. Exigimos
que se declare de interés nacional el respeto a la vida de las comunidades y se
salvaguarden sus medios de vida prohibiendo la práctica de la minería a cielo
abierto y el uso de sustancias químicas altamente tóxicas que en esta práctica
se utilizan.
Evidenciamos que la industria
extractiva no es ninguna alternativa de desarrollo para nuestros pueblos y
comunidades, y que por el contrario, agranda la brecha de la desigualdad social
y económica, la destrucción del medio
ambiente natural, compromete los recursos para las generaciones futuras, atentando
de esta manera en contra de todos los sectores sociales de nuestro país, en
especial de los grupos más vulnerabilizados.
Hacemos un llamado a todas las
organizaciones de sociedad civil, organismos cooperantes y gobiernos
comprometidos con el bienestar de sus pueblos a unirnos en esta lucha.
La vida no es Negocio
Por la
vida y el respeto a la naturaleza
San
Pedro Sula, Honduras, 12 de Agosto de 2015
PLATAFORMA
AGRARIA
MESA
NACIONAL DE INCIDENCIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS (MNIGR)
ASOCIACIÓN
DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ASONOG)
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