Una estela de sangre, muerte y horror, ha envuelto a comunidades campesinas del Bajo Aguán desde el 9 de diciembre del 2009, cuando el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), decidió recuperar 26 fincas de palma africana que están bajo control de las grandes empresas agroexportadoras de palma asentadas en esa zona del país.
Esto provocó un enfrentamiento entre el movimiento campesino y los agroindustriales, que ha dejado hasta la fecha a más 130 personas asesinadas (entre campesinos, guardias de seguridad y policías), en su mayoría campesinos convirtiéndose en el mayor conflicto agrario del país de las últimas tres décadas.
El 13 de abril de 2014, el Ministerio Público creó la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA), con el fin de resolver el conflicto que ha habido en esta zona del país.
Javier Guzmán, Fiscal coordinador de la UMVIBA, está consciente de cuál es la misión de su trabajo, pero desconoce por cuanto tiempo estará en funcionamiento esta dependencia del Ministerio Público en el Bajo Aguán, que hasta el momento no ha esclarecido las múltiples muertes violentas producto del conflicto en el Bajo Aguán.
Para La UMVIBA que lleva 16 meses de funcionamiento, el trabajo comienza y hay mucho por hacer para esclarecer las muertes, que ha dejado centenares de viudas y huérfanos.
En el Bajo Aguán ha habido enfrentamiento o pugna entre campesinos y autoridades de gobierno y también con empresas privadas de seguridad, que son las partes intervinientes en este conflicto.
Desde que surgió el conflicto, hasta la fecha, suman 130 muertes violentos , de las cuales ya se han judicializado algunos casos y otros están en procesos de investigación, para que posteriormente el Ministerio Público pueda interponer los respectivos requerimientos fiscales en los órganos jurisdiccionales competentes.
Momento cuando exhumaban el cuerpo de Gregorio Chávez, en la finca Paso AguánPara lograr estos pequeños avances, Guzmán reconoce que han tenido la colaboración de un sector de los grupos campesinos, pero que también han encontrado en otros, que no quieren colaborar, ya sea por temor o porque no lo quieren hacer.
Esa negativa de algunos campesinos y familiares de las víctimas no ha detenido a los fiscales de la UMVIBA para seguir con el proceso de investigación y son optimistas del trabajo que realizan.
“Hay casos que están muy difíciles, consideramos muy difícil su investigación porque son casos que sucedieron hace años y es muy difícil ubicar a los familiares y testigos, porque muchos ya no están en la zona del Aguán, se han ido huyendo del lugar y otra gente que se ha mostrado reacia a declarar en esta oficina; pero seguimos trabajando en las investigaciones”, sostuvo Guzmán.
El funcionario informó que en el caso José Trejo Cabrera, asesinado el 16 de febrero del 2013, a manos de unos desconocidos, cuando circulaba en su motocicleta en el barrio San Isidro de la ciudad de Tocoa, éste está judicializado y que hubo sentencia absolutoria y que pasó a la instancia de casación. El juicio oral y público se realizó 21 de abril pasado, informó Guzmán.
José Trejo Cabrera era hermano del abogado Antonio Trejo Cabrera, quien se desempeñaba como apoderado legal de los campesinos y que fuera asesinado en Tegucigalpa en el mes de septiembre del año 2012.
Entre los casos que se señalan como más complicados en su investigación, el coordinador de la UMVIBA, dijo que es el relacionado a la desaparición y asesinato del campesino Gregorio Chávez, hecho ocurrido a inicios del mes de julio del año 2012 en la finca Paso Aguán, propiedad del terrateniente Miguel Facussé, fallecido hace unos meses en Tegucigalpa.
Guzmán Indicó que este caso está complicado porque no hay colaboración de los familiares y que no hay como abrir una línea de investigación.
“La mayor dificultad que hemos encontrado en los familiares de las víctimas de los ofendidos es que la mayoría no quiere colaborar y de repente sin la ayuda de ellos es un poco difícil tratar de encontrar el hilo de la madeja para resolver ciertos casos”, enfatizó Guzmán.
Asimismo señaló que estás mismas dificultades se están enfrentando con el caso de El Tumbador, donde los familiares y testigos están reacios a colaborar, porque muchos de ellos temen que una vez que sirvan de testigos protegidos, la Fiscalía emita algún requerimiento fiscal en su contra, ya que algunos están relacionados a algunos ilícitos que la Fiscalía tiene documentados con la correspondiente orden de captura, y que por eso se niegan a colaborar con la unidad.
Pese a esos obstáculos, más la contaminación que se hizo de la escena del crimen del caso El Tumbador, Guzmán indicó que han tenido algunos avances en las investigaciones, que les permitió elaborar un croquis del lugar en donde sucedieron los hechos y que eso les ha permitido identificar el sitio y la forma como quedaron los cuerpos inertes de los campesinos asesinados, la distancia que quedaron uno del otro y el lugar por donde ingresaron sus atacantes.
El funcionario indicó que eran casos que estaban dormidos, eran casos que estaban abandonados, casos que estaban tirados en una esquina sin tener ningún tipo de movimiento, “nosotros hemos venido a desempolvarlos, hemos venido a darles movimiento para reducir la impunidad en esta zona”.
Para dar respuestas a los familiares de las víctimas, quienes exigen justicia por el asesinato de sus parientes, la UMVIBA ha realizado 53 exhumaciones, en su mayoría de campesinos, de los que no había una autopsia legal por parte de la dirección de Medicina Forense y para encontrar virtuales evidencias que podrían servir para resolver los casos y muchas de esas autopsias les han servido a ellos para documentar mejor los expedientes.
“Recuerde que la autopsia es un medio probatorio importante para establecer circunstancias de muerte”, expresó finalmente el Fiscal Guzmán.
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