En
el marco del 53 periodo extraordinario de sesiones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, magistrados de esta instancia de
justicia internacional llegan a Honduras en una visita “in situ” a la
comunidad Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida. Son 28 violaciones a
los derechos comunitarios que se han dado en esta comunidad donde el
pueblo que se resiste al despojo ha vivido en estas tierras por más de
200 años.
El
caso del Triunfo de la Cruz fue interpuesto contra del Estado de
Honduras, en relación a violaciones al ejercicio del derecho de la
propiedad comunitaria, causados por los proyectos turísticos a manos de
la élite de poder del país que además han construido sus mansiones en lo
que anteriormente eran los yucales de las ancianas de la comunidad,
“adquiridos” de forma dolosa o simplemente arrebatados con el
contubernio de la municipalidad.
El
caso de Punta Piedra se remonta a una invasión promovida por un militar
en el año de 1992, sin que dos décadas después exista interés alguno
por parte del Estado de Honduras en retornar las tierras en litigio a
sus propietarios.
Las
dos comunidades ubicadas en los norteños departamentos de Atlántida y
Colón, asistieron el año pasado a audiencias efectuadas en San José
Costa Rica y Asunción Paraguay en los meses de mayo y septiembre, donde
expusieron las múltiples problemáticas que han venido confrontando
durante décadas, las que han colocado en peligro la sobrevivencia de las
comunidades, además de las múltiples violaciones a los derechos humanos
a las que se han vistos expuestas.
Alfredo
López, vicepresidente de la Organización Fraternal Negra de Honduras
(Ofraneh), hace diez años llevó su caso ante la CorteIDH y se logró una
sentencia que a una década ya necesita revisión. López estuvo preso
injustamente por 6 años, criminalizado por su lucha contra el proyecto
turístico Marbella que había despojado a la comunidad Triunfo de la Cruz
de una parte de sus tierras. Hoy en este sitio, donde Marbella despojó a
los garífunas, de nuevo funciona otro proyecto turístico llamado
“Hisopo Resort” aun cuando desde 2006 por esta sentencia del caso
Alfredo López vrs El Estado de Honduras, es prohibido celebrar contratos
de venta de tierras en esta comunidad.
“El
conflicto ha escalado hasta niveles muy peligrosas de manera que la
preocupación fundamental es que se ha contratado vigilantes armados
garífunas para que se de violencia entre garífunas, una situación que no
habíamos visto antes. Es tan delicada la situación que la Corte ha
decidido es ir a esta zona de Hisopo Resort donde para construir
destruyeron el medio ambiente, los yucales de las compañeras nuestras de
la cooperativa El Esfuerzo, es un. La fiscalía les decomisó los
tractores pero al día siguiente volvieron a trabajar”, dijo con
preocupación Alfredo López, quien el día que la maquinaria entró al
territorio garífuna recibió intimidaciones de los trabajadores.
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Inés
García, mujer garífuna de la cooperativa El Esfuerzo dice con dolor que
se sienten amenazadas todas las familias de Triunfo de La Cruz porque
ahora ni sobrevivir se podrá sin sus tierras para cultivar y eso quieren
que los magistrados de la CorteIDH lo tengan muy presente.
“No
es posible que vivamos a 218 años en la comunidad sin derecho. No es
posible que los que tengan dinero nos quieran sacar de aquí como que no
somos personas. Los que tienen dinero creen que tienen derecho a vivir a
la orilla de la playa pero por herencia nos toca a los garífunas.
Queremos hacerle ver a la corte interamericana que tenemos derecho.
Cooperativa el Esfuerzo tenía 22 manzanas de trabajo de mujeres.
Trabajar la tierra es lucha y sacrificio. Lo que hemos hecho es
denunciar, denunciamos en el medio ambiente, fuimos a la fiscalía, a
veces no nos paran coco. Hasta ahorita hemos ido a parar el trabajo de
estas máquinas”, explicó García.
Así es la comunidad:
Por
su parte, Cesar Benedit, locutor de la radio comunitaria Faluma Bimetu
asegura que son alrededor de 6 mil jóvenes garífunas organizados en la
defensa del territorio. Benedit asegura que esta lucha es esencialmente
joven ya que es para que las nuevas generaciones tengan acceso a la
tierra y la cuiden y defiendan siempre.
“Cuando
llegamos a Costa Rica, el Estado alegó muchas cosas que dicen que han
apoyado a esta comunidad, se habló mucha mentira de parte de Estado. La
expectativa es que los magistrados que van a venir miren la realidad.
Estamos en un país donde los derechos de los humanos y no digamos los
derechos de los negros e indígenas son violentados todos los días. Los
mayores ya van de retirada y los problemas continuarán por eso los
jóvenes debemos seguir peleando. Si la corte sentencia al estado, la
lucha sigue, tenemos que animarnos porque es una batalla muy fuerte”,
expresó.
El caso
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió el 4 de
abril de 2013, el caso 12.548 a la Corte Interamericana, después de más
de una década de haber sido introducida ante esa instancia una petición
por varias comunidades Garífunas y la OFRANEH, ante los despojos
sistemáticos y violaciones a sus derechos humanos.
Según
el portal de Ofraneh: Mientras Honduras sucumbe en una espiral de
violencia, el pueblo Garífuna y otros pueblos indígenas nos encontramos
a punto de desaparecer como culturas diferenciadas, ante el
desconocimiento de nuestros territorios y el irrespeto sistemático de la
Consulta-Consentimiento, Previa, Libre e Informada (CPLI). “Sin la
aplicación del derecho a la Consulta, nuestras comunidades serán
sepultadas por un supuesto desarrollo a favor de la elite de poder y el
capital transnacional”, indicó al respecto Alfredo López, uno de los
líderes comunitarios de Triunfo de la Cruz y vice coordinador de la
OFRANEH.
El
caso de Triunfo de la Cruz, al igual que el caso de la comunidad
garífuna de Punta Piedra, forman parte de la estrategia de defensa
jurídica desplegada por la OFRANEH para frenar la desterritorialización
promovida por el Estado de Honduras, el cual se apresta a subastar al
capital extranjero el territorio ancestral bajo la modalidad de las
“ciudades modelo”.
“Como
defensores de derechos humanos aquí hay un compendio de leyes que
quedan en papel mojado. El artículo 346 de la constitución dice que el
Estado tiene que dictar medidas de protección a pueblos culturalmente
diferenciados, pero hacen lo contrario, nos restringen el libre acceso a
la pesca, a la búsqueda de nuestro alimento con leyes secundarias.
Desde 2006 a la fecha tenemos medidas cautelares en Triunfo de la Cruz,
hay prohibición de celebrar contratos dentro del territorio pero no se
cumple. Esas son las cosas que suceden en Honduras, por eso debemos
estar en guardia para poder defender y que al final la seguridad
jurídica que debe permanecer aquí. El derecho colectivo debe
prevalecer”, dice López.
Triunfo
de la Cruz junta 28 casos en uno y en Punta Piedra es uno solo en que
los militares invadieron el territorio llevando campesinos y estos han
vendido a narcotraficantes, según Alfredo López. “Primero había 14
millones para reubicar la comunidad Rio Miel pero esa plata desapareció,
10 años después se hace un avalúo a 28 millones pero ya campesinos no
hay allí sino que narcotraficantes y estos no quieren vender”, explicó.
Todas
las comunidades garífunas están amenazadas, son 46 en todo Honduras,
viviendo en las costas especialmente en el atlántico.
Angel
Castro, miembro de la comunidad asegura que “se puede exigir al Estado
que cumplan las leyes pero son mismas autoridades son los que incumplen
las leyes. Queremos que los jóvenes tengan esta tierra, cuando los
garífunas llegaron a Honduras 218 años atrás nadie habitaba las costas,
los españoles desplazaron a los indígenas a las montañas. Los garífunas
no tuvieron conflictos porque nadie vivía aquí. No vamos a permitir que
nos desalojen de aquí. Tela era Triunfo de la Cruz y nos la quitaron. El
mismo gobierno toma las tierras para comprometerlas y destruirnos”,
cuenta.
Son
alrededor de 11 mil personas las que viven en Triunfo de la Cruz y
están siendo afectadas de forma que la migración hacia Estados Unidos en
los últimos años también ha aumentado. La Ofraneh sostiene que es una
nueva diáspora a la que se enfrenta este pueblo al ser despojado de las
costas, que para el Estado y la empresa privada solo tienen valor
económico.
El
primer encuentro de los magistrados de la CorteIDH se hará con miembros
de la comunidad, autoridades municipales y representación del Estado en
Tela, Atlántida en las antiguas instalaciones de la Tela Rail Road
Company en esta ciudad.
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