Escrito por Redacción | Mayo 11 del 2015 Secciones: Derechos Humanos
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Laura
Esther Dubón podría ser solo un caso más de los tantos que bajo abuso
de poder y clara violación a los derechos humanos están cometiendo las
autoridades hondureñas, en este caso la Dirección Nacional de
Investigación Criminal y el Ministerio Público.
El
24 de septiembre de 2014, Laura, dueña de un negocio de venta de
plásticos, fue capturada junto a su empleado Emanuel Esaú Cabrera, por
agentes de la DNIC, en la colonia Jardines de Toncontín, en Comayagüela,
bajo los cargos de ocultar vehículos en un parqueo, que eran usados por
pandilleros para cometer crímenes.
Y
es que efectivamente, la Policía allanó el lugar donde encontró
vehículos con reporte de robo y que además hay evidencia que eran usados
para cometer delitos, sin embargo, Laura les explicó que ella es vecina
del parqueo pero no es suyo, ni siquiera lo administra, ella es dueña
pero de una distribuidora de plástico que está contiguo.
Pero
lo terrible del caso no fue ni el allanamiento, del que hubo resultados
como el decomiso de cuatro vehículos, si no la inmediata captura de
Laura y su empleado, a quienes sindicaron de ser cómplices de la “Mara
18”.
Tras
la captura Laura y su empleado fueron esposados y llevados hasta el
Campo de Parada Marte, donde ambos fueron presentados ante los medios de
comunicaciones, junto a los vehículos, incluyendo la motocicleta de su
esposo Dagoberto Mendoza, que estaba en el parqueo de su negocio.
Luego
de ser presentados ante los medios, ella con el apodo de “La Tía”, la
noticia fue totalmente pública y los titulares en las redes sociales,
televisión y luego periódicos no se hicieron esperar, “decomisan cuatro
vehículos a la Mara 18”, y coincidían, junto a la foto de Laura y su
empleado, esposados.
Laura
pasó la noche bajo custodia policial, hasta que a las 5.00 de la mañana
la remitieron a las instalaciones donde ates era el Core 7, en el
barrio Abajo, donde lejos de presentarla ante el fiscal a declarar, le
informaron que todo era un error, que ya podía irse a su casa, pero en
los medios virtuales, televisivos y radiales la noticia ya estaba
difundida, y los periódicos también traían impresa la nota.
Y
ahora, a casi ocho meses del “error” policial, los medios de
comunicación no le publicaron ninguna aclaración, bajo el argumento que
la información fue brindada por la policía, mientras, el desprestigio le
pasó factura porque hasta tarjetas de crédito le fueron canceladas,
esto porque los bancos mantienen contacto con la policía, donde las
personas con antecedentes penales sufren este castigo.
"Errores"
Laura
intentó limpiar su expediente y el entonces director de la DNIC,
Leandro Osorio, le informó que la ayudaría, pero al solicitar una hoja
de antecedentes penales para un trámite, en la misma se establece que
tiene causa pendiente por ocultamiento y robo de vehículos en perjuicio
de un testigo protegido. A parte de eso, la empresaria teme que hasta le
cancelen su visa americana, todo por el antecedente policial.
Pero
como los errores se han vuelto parte del sistema en Honduras, ahora
resulta que Laura solicitó apoyo del Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos (Conadeh), pero la respuesta es que es un asunto
administrativo de la policía, y en otras organizaciones defensoras de
derechos humanos simplemente le tomaron el testimonio pero no hicieron
nada para ayudarla a limpiar su expediente policial.
En
ese sentido, Laura procedió a denunciar ante el Ministerio Público, por
los cargos de abuso de autoridad y detención ilegal contra la fiscal
Melissa Vásquez, contra el periodista y vocero de la DNIC, Aníbal Baca,
por abuso de autoridad y contra los agentes de investigación Rafael
Castro y Nelson Varela, por abuso de autoridad y detención ilegal. La
denuncia fue interpuesta desde el 22 de febrero pero aún no tiene
respuesta.
Cabe
mencionar que en este medio también consta la denuncia de otro
ciudadano, Henry Antonio Núñez, contra un grupo de agentes de
investigación, quienes en otro hecho registrado el 7 de abril pasado, lo
capturaron en la colonia La Pradera de Comayagüela, donde junto a otros
vecinos lo presentaron ante los medios de comunicación como parte de
una banda de robacarros, los ficharon, y por la madrugada los liberaron,
pero ya les habían saqueado los apartamentos, llevándole a él, joyas y
dinero. Nunca fueron presentados ante la Fiscalía por falta de pruebas.
Entre
tanto, Aníbal Baca, vocero de la DNIC, dijo no recordar el caso, pero
que la policía tiene facultades para una detención para investigación, y
si no se presentan cargos contra ella, debe, a través de la fiscalía,
solicitar se le limpie el expediente.
http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/polic%C3%ADa-hondure%C3%B1a-da%C3%B1a-honor-e-imagen-de-ciudadanos
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