Escrito por Redacción | Diciembre 7 del 2014
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El
director del noticiario Mi Nación, Julio Ernesto Alvarado, denunció en
su programa que aún con medidas cautelares otorgadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un juzgado de ejecución del
país intentó prohibirle ejercer el periodismo.
Los receptores del juzgado no pudieron encontrarlo este 4 de diciembre y al no ser notificado no se puede ejecutar la sentencia.
Según
la denuncia, hecha por el periodista el 5 de diciembre, las autoridades
judiciales hondureñas decidieron notificarlo aunque en el país estaban
los representantes de la CIDH que realizaron una visita in loco del 1 al
5 de diciembre y también visitaba Honduras el Relator Especial para la
Libertad de Expresión, Edison Lanza.
Alvarado
está acusado de haber difamado a la ex secretaria de Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH), Belinda Flores Mendoza, por transmitir denuncias de supuestas
irregularidades cometidas por la funcionaria.
El
5 de noviembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) otorgó medidas cautelares al periodista al considerar que se
encontraba en una situación grave y urgente, que podía ocasionar un
"daño irreparable".
Mediante
resolución 33/2014, la CIDH estableció la medida cautelar 196/2014 a
favor del periodista para solicitar al Estado hondureño: suspender la
ejecución de la sentencia condenatoria del 9 de diciembre de 2013 de la
Corte Suprema de Justicia y abstenerse de realizar cualquier acción para
inhabilitar al periodista.
La CIDH consideró que "el asunto
reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e
irreparabilidad, contenidos en el artículo 25 de su reglamento", dice la
resolución.
También,
la Comisión requirió al Estado hondureño informar en 10 días hábiles
sobre la presente comunicación, esta resolución fue aprobada el 5 de
noviembre de 2014 por Tracy Robinson; Felipe González, segundo
vicepresidente, los comisionados Rosa María Ortíz, José de Jesús Orozco,
Paulo Vannuchi y James Cavallaro.
En
la introducción, la CIDH relata que el 29 de mayo de 2014, la comisión
recibió una solicitud de medidas cautelares, presentadas por Kenia
Oliva, Dina Meza y Pen Internacional.
La misma resolución de la medida
cautelar sirvió para que la CIDH requiriera al Estado de Honduras a fin
de que adopte las medidas de protección necesarias con el fin de
garantizar los derechos del señor Julio Ernesto Alvarado.
Esta
solicitud está relacionada "con la petición individual P1414-14, en la
que se alegan presuntas violaciones a los derechos consagrados en los
artículos 8 (garantías judiciales) 13 libertad de expresión y 25
protección judicial a la luz de las obligaciones de los artículos 1.1 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos".
Alvarado
fue absuelto por este caso en el Tribunal de Sentencia, pero el 9 de
diciembre de 2013, la Sala Penal de la Corte Suprema reformó la
sentencia, confirmó la absolución de las fuentes del periodista y
condenó al comunicador a un año y cuatro meses de cárcel.
Luego
de ese fallo de la Sala Penal, el expediente bajó al Juzgado de
Ejecución y el periodista conmutó la pena para evitar ir a la cárcel,
mas la parte acusadora impugnó porque la ahora Secretaria del Consejo
Universitario de la UNAH, Belinda Flores, aceptó que el periodista no
fuera a prisión, pero insiste en inhabilitarlo.
En
consecuencia, el 22 de agosto de 2014 la Corte Primera de Apelaciones
declaró ha lugar la impugnación y ordenó al juzgado de ejecución activar
la pena accesoria para inhabilitarlo.
El
17 de octubre de 2014, 13 periodistas presentaron amparos, solicitando
la suspensión del acto reclamado, ante la Corte Suprema de Justicia por
considerar que ese fallo de la Corte Primera de Apelaciones vulnera
garantías constitucionales.
/
Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
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