Por: Dina Meza*
A través de una resolución violatoria a varios derechos humanos , entre ellos la libertad de expresión, educación, organización y la protesta pacífica, las autoridades universitarias expulsaron por dos períodos consecutivos a los estudiantes Dayanara Castillo; Javier Ávila; Cesario Padilla; José Luís Herrera. Sergio Ulloa y Moisés Cáceres, este 18 de diciembre de 2014, en el último día de funciones académicas, dejándolo como "un regalo de navidad"
La resolución violenta el Reglamento Interno de la UNAH y el Reglamento de los Estudiantes de la UNAH, según los argumentos presentados por la defensa de los estudiantes en un escrito interpuesto el mismo día de la arbitraria decisión. Serán seis meses sin ir a clases, mientras la justicia ni siquiera se divisa.
El objetivo es sentar un precedente para eliminar de raíz la libertad de expresión y protesta estudiantil que demanda un diálogo encaminado a democratizar la UNAH.
Los estudiantes en mención fueron llamados a audiencias en noviembre anterior donde las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, no les permitieron un abogado y violentaron el Debido proceso de los y la afectada.
Estas audiencias se derivan de protestas pacíficas estudiantiles en octubre de este año, las cuales estuvieron cargadas de de acciones represivas para desmantelar los reclamos de democratización urgente en la máxima casa de estudios donde la orden del día es la amenaza a todos niveles, las demandas en los tribunales de justicia y las audiencias en completa indefensión.
Esto hizo que Edisson Lanza, Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibiera a los estudiantes que plantearon las vicisitudes que pasan por el solo hecho de pedir diálogo y la representación del estudiantado en los órganos de gobierno universitario tal como lo señala la Ley. Para detener las ansias de libertad en la UNAH se ha establecido un aparato policíaco que levanta perfiles, hace seguimientos de estudiantes y mantiene una campaña de desprestigio del liderazgo estudiantil.
Esta denuncia produjo una reunión entre Lanza y las autoridades universitarias el pasado 02 de diciembre, debido a la preocupación del alto funcionario de la CIDH al final de todos los hechos planteados.
El autoritarismo no se detuvo con esta reunión e iniciaron otras citatorias de audiencias para más estudiantes. La ley del garrote ha prevalecido y el ambiente de miedo establecido denota en los pasillos de la UNAH un rechazo contundente que fortalece la lucha según lo manifestaron varios dirigentes que describieron estar ante la peor época de la historia universitaria que se asemeja en parte con la de los ochenta donde se estableció la doctrina de la seguridad nacional que dejó como consecuencia desapariciones y asesinatos políticos de estudiantes y dirigentes sindicales en la UNAH.
A la velocidad del rayo dos resoluciones en el mismo día
Cualquiera diría que la justicia en la UNAH es expedita si viera de lejos dos resoluciones que se emitieron el mismo día 18 de diciembre, una por la decanatura de Ciencias Sociales y la otra que deja en firme esa decisión y que fue adoptada por la Vice Rectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles, curiosamente a cargo de Ayax Irías, un dirigente sindical que en el pasado clamaba a los cuatro vientos una mejor suerte para Honduras.
Según la UNAH que dice haber nombrado una Comisión Investigadora sobre las tomas de edificios y que siguió el debido proceso en la misma y la garantía del derecho a la defensa. Lo que no dice el informe es que se les negó tener un abogado. Los argumentos de la resolución carecen de asidero legal y encamina al Estado de Honduras para que sea enjuiciado internacionalmente por violentar derechos de los estudiantes.
La resolución fue tomada por la Decanatura de Ciencias Sociales, a cargo de Martha Lorena Suazo Matute, bajo el número FCSS 001-2014, y trastoca convenios internacionales de derechos humanos, manipula leyes nacionales colocando algunos incisos a su conveniencia para argumentar la arbitrariedad.
“……..Por tanto esta Decanatura …….resuelve sancionar por la comisión de falta grave a los estudiantes ….se le imponga la sanción de expulsión limitada equivalente a suspensión de dos períodos ….” Y menciona a cada uno de los seis estudiantes.
En el mismo día bajo Resolución número VOAE 002/2014 la Vice rectoría respaldó la arbitrariedad estampando la firma del ex dirigente sindical Ayax Irías y enviando copia a todas las instancias y unidades académicas y administrativas para que cierren cualquier posibilidad de que los estudiantes ingresen a clases.
Abogada interpone apelación a la resolución y recusa a Comisión Investigadora
La Abogada Ivania Galeano, apoderada legal de los estudiantes y a quien las autoridades de la UNAH le han obstaculizado su trabajo de defensa, presentó un escrito donde señala observaciones a la resolución.
En primera instancia se señalan vicios de actuación de la Comisión Investigadora, entre ellos que los abogados de la UNAH Hayni Sarahí Acosta Reyes y Neptali Mejía Rodríguez, quedaron grabados en videos cuando el 28 de octubre de este año cuando movían sillas, grabaron a estudiantes con su celular para intimidarles, lo que violenta el artículo 45 del reglamento de la UNAH, porque no hay imparcialidad de la Comisión Investigadora y dicha investigación está viciada.
“……y por consiguiente deberá quedar sin valor y efecto cualquier actuación en la que hubieren participado los mismos en el referido proceso”, dice el escrito presentado refiriéndose a los abogados de la UNAH antes mencionados.
Otra de las nulidades es que se violentó el artículo 36 segundo párrafo del reglamento de Estudiantes de la UNAH, donde ya se señala que elementos debe contener un informe de cualquier comisión investigadora.
“…Dicho informe deberá contener la individualización del o los inculpados, la relación de los hechos investigados, la infracción y cargos imputados en los términos del artículo 14 de este Reglamento, la forma de cómo se ha llegado a comprobarlos, el grado de participación que en ellos tuvieron el o los estudiantes y la responsabilidad que les corresponde a cada uno, consideradas las circunstancias que le atenúan o agravan”.
De acuerdo a los argumentos de la defensa de los estudiantes la investigación debe concluirse observando lo que dice el artículo 42 del reglamento que señala que el procedimiento concluirá hasta la finalización de las investigaciones y medios de prueba propuestos por las partes afectadas …”
La abogada Galeano, apoderada legal de los estudiantes señaló en su escrito interpuesto este mismo 18 de diciembre ante la Decana de Ciencias Económicas que el informe de la Comisión Investigadora el cual fue la base tomada en cuenta por las autoridades de la UNAH para la expulsión por dos períodos para los seis estudiantes, no satisface los elementos que debe contener el informe de dicha comisión. Al haberse omitido el requisito de señalar la infracción y cargos imputados, según el Reglamento, “ ….concluimos señalando que el informe de la Comisión Investigadora carece de cualquier validez, porque fue emitido por autoridades que integraron la comisión que carecían de idoneidad, imparcialidad y objetividad….”.
En la petición la defensa solicita que se deje sin valor y efecto el informe de la Comisión Investigadora y s archiven las diligencias.
Mientras en la UNAH del Valle de Sula en la costa Norte de Honduras, unos 14 estudiantes enfrentan procesos judiciales auspiciados desde el Ministerio Público, otros fueron llamados a audiencias de descargo, y uno en la capital debe ir a los juzgados a firmar cada viernes por sedición, lo que denota el exacerbación del autoritarismo.
No queda duda que en la UNAH a los y las estudiantes quedan fuera de la universidad por dos razones: cuando hacen su examen de admisión y no les permiten el ingreso y cuando están dentro y demandan derechos les aplican la aplanadora de la ilegalidad donde no tienen esperanzas de encontrar justicia.
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*Dina Meza: Periodista y Defensora de Derechos Humanos Presidenta de Pen Honduras Premio Libertad de Expresion 2014 (http://www.pen-international.org/newsitems/the-winners-of-the-2014-oxfam-novibpen-international-free-expression-award-announced/)
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Comentarios:
Expulsión de estudiantes característico de dictaduras y gobiernos autoritarios
Tegucigalpa. Justo en el último día de actividades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en una acción cobarde se le notificó la expulsión a seis estudiantes, por el sólo hecho de pensar diferente a las actuales autoridades de la máxima casa de estudios.
Se trata de los jóvenes Moisés Cáceres, José Luis Herrera, Cesario padilla, Javier
Barahona, Sergio Ulloa y la compañera Dayanara Castillo. Si expulsar alumnos,
mandar a la Penitenciaría Nacional a un estudiante y mantener denunciado
penalmente a otro grupo de estudiantes no es criminalización de la protesta,
entonces que es la criminalización para las autoridades universitarias.
Dicha decisión confirma la persecución a que están sometidos los
estudiantes que reclaman derechos en la Universidad y especialmente este grupo a
quienes desde el inicio de los juicios sumarios implementados en la Facultad de
Ciencias Sociales a instigación de quién dirige actualmente la UNAH, se les negó
el derecho a la defensa, una garantía establecida en la constitución como
inviolable para cualquier ciudadano acusado en el país.
Entregarles una resolución que no puede ser recurrida sino hasta el
próximo año 2015 debido al cierre de la Universidad, es una violación más a los
derechos humanos de los compañeros y compañeras que defienden el derecho a la
educación pública en el país.
Quienes tomaron esa decisión viven en el siglo XXI, poniendo en práctica
ideas de la edad media, creyendo que el castigo y un Estado punitivo va evitar
el libre juego de ideas en la (UNAH) cuando ni los miles de desaparecidos en
toda América Latina evitaron que el pueblo cambiara las dictaduras asesinas y
corruptas del poder por gobiernos electos por el voto del pueblo.
Con esa determinación las actuales autoridades quieren instaurar la idea
del miedo como represión en contra de los Estudiantes, lo que le están diciendo
a la población estudiantil es que cualquiera que proteste lo van a expulsar de
la Universidad, con algún parecido a lo que pasó en el 80, cuando la consigna
era te vamos a desaparecer, ahora es te vamos acusar penalmente o te
expulsamos.
A la expulsión de este grupo de defensores de la educación pública, se
suma que por primera vez en la historia quienes dirigen la Universidad, tienen
acusados penalmente a estudiantes, por el delito de “detentación de bienes
públicos”, algo nunca visto en el país y que seguramente va dar lugar a que en
adelante cualquier protesta, pueda ser perseguida con esta figura penal, que
criminaliza a quienes reclaman sus derechos de manera pacífica.
No se trata de una simple expulsión, ni una simple acusación penal que
puede llevar muchos años de cárcel de por medio, se trata de un ejercicio del
poder totalitario, una dictadura que no acepta que en democracia todos tienen derecho
a opinar y a participar.
Es la aplicación de un libreto de persecución que ante la imposibilidad
de secuestrar a un estudiante y desaparecerlo, lo persiguen con juicios internos, con jueces que de antemano
saben cuál es la resolución. Tratar de desaparecer mediática y físicamente a
los estudiantes del espacio al que tienen derecho, no es muy diferente a lo que
hizo el general Gustavo Álvarez Martínez en la década del 80, si el objetivo es
también de alguna manera desaparecer la lucha social por los derechos humanos y
que no se escuche su voz dentro de la UNAH.
Pero perseguir a un grupo de jóvenes porque no piensan como quienes
desde adentro y desde afuera dirigen la UNAH,
es tan criminal como la expulsión de más de 80 mil estudiantes que en
los últimos años no han podido ingresar a la Universidad, bajo la excusa de un examen
de admisión, cuando todos los que están ahora dirigiendo nunca se les puso
ninguna traba para superarse incluidos los que salieron a estudiar disfrutando
de jugosas becas de estudios al exterior. Sin mencionar que cientos de docentes
han estudiado con becas dentro de la universidad por el sólo hecho de ser
docentes y a ellos nadie les hizo exámenes de ninguna naturaleza. Mientras menos
del uno por ciento de los hondureños tiene acceso a la universidad pública.
Esa determinación de expulsar alumnos debe ser revertida en aras del
respeto a los estudiantes y defensores de los derechos humanos colectivos de
todo un pueblo, como es el derecho a la educación, porque al final será una
determinación que podrá terminar revirtiéndose contra las mismas autoridades
universitarias.
Tegucigalpa 20/12/2014
Andrés Molina
Defensor de derechos
humanos.
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