Tegucigalpa.Las redes de defensores y defensoras de derechos humanos organizadas y formadas por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) realizaron un espacio de discusión y análisis de la situación que enfrentan las personas que ejercen la labor de defensoría.
El foro denominado “Criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras”, bajo el lema: “Ni héroes ni heroínas, somos defensores y defensoras de la vida”, se desarrolló en un hotel capitalino de Tegucigalpa al conmemorarse en esta fecha (9 de diciembre) un aniversario de la Declaración sobre los Defensores y Defensoras de derechos humanos aprobada por la Organización de Naciones Unidas en 1998.
Participaron representantes de las redes de defensores y defensoras destacadas en las regiones sur, oriente y occidente, así como la red del Bajo Aguán y la red de jóvenes del COFADEH.
Las expresiones vertidas por los representantes de las redes reflejan que los defensores y defensoras de derechos humanos realizan su labor en un ambiente de alto riesgo, donde grupos económicos y operadores de justicia se coluden para intimidar y descalificar la labor de los defensores y defensoras.
Estas acciones se manifiestan en altos grados de criminalización en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos, donde solo en el Aguán se contabilizan hasta la fecha más de 3 mil procesos judiciales en contra de campesinos y campesinas.
Cabe señalar que Irma Lemus subcoordinadora del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDDHH), enfrenta un juicio ante los tribunales de justicia de Trujillo por denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas por policías, militares y guardias de seguridad en el bajo Aguán.
A Lemus se le acusa de usurpación, robo de ganado y extorsión, delitos que a todas luces demuestran cómo desde las estructuras del estado, se busca descalificar la labor de esta defensora de derechos humanos.
Para el caso como lo apuntó Mery Agurcía del área de incidencia del COFADEH, la criminalización consiste en utilizar el sistema penal para deslegitimar, y desmovilizar la actuación del individuo que ha sido acusado.
“Se
emprenden persecuciones y sanciones penales lo que implica la
judicialización del conflicto, al convertir toda acción política en un
delito, es decir se convierte el conflicto social (como es el caso del
Aguán) en un asunto exclusivamente de la legalidad. Los defensores son
criminalizados, estigmatizados, perseguidos y sentenciados”, detalló
Agurcia.Pero ¿cuál es el objetivo?, se preguntó Mery, para luego añadir que es paralizar, debilitar la respuesta social, fabricar argumentos para desacreditar las respuestas de los defensores y defensoras de derechos humanos ante la injusticia o la ilegalidad, de modo que la sociedad se distancia de quienes son considerados criminales.
De esta manera se busca segregar a la sociedad entre los que están dentro y los que están fuera de la ley, las empresas y el estado están con la ley y los defensores y las defensoras, en respuesta social, están fuera de la ley, explicó Agurcia.
En su intervención la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, dijo que esta fecha es necesaria celebrarla para que los defensores y defensoras tengan un día de debate, un día de encuentro, un día de no tristeza, a pesar de que lo que compartimos tiene que ver con realidades, como las torturas, asesinatos, desapariciones forzadas e incertidumbres.
"Le apostamos a la vida y a la libertad"
“Tenemos que saber que somos defensores y defensoras que le apostamos a la vida y a la libertad, así que yo creo que es hermoso este ejercicio de reunirnos para debatir”, expuso la reconocida defensora de derechos humanos.
Hoy después de escuchar a las redes de los defensores y defensoras estoy convencida que nunca hemos estado solas, porque cuando oigo a estos hombres y mujeres hablando con la verdad, eso me inyecta en el alma, expresó Oliva.
“Defender los derechos humanos es defenderte a ti mismo, es defendernos a nosotros mismos, y eso se lo deben de llevar y grabar, siempre debemos ser eficientes y eficaces y no ponernos a competir con nadie, porque el tema de los derechos humanos no es de competir con nadie, el tema de la labor de defensoría es cuestión de compromiso y no de competitividad, destacó Oliva.
Oliva
indicó que debemos hacer pequeñas cosas, pero que marquen y que cambien
la historia, y lograr con esas pequeñas cosas cambiar este sistema
injusto que nos oprime, porque estar en desacuerdo con este sistema no
es un delito compañeros y compañeras, al contrario es una necesidad
hacerlo.En la jornada participó como invitada especial la ex ministra de justicia y derechos humanos, Ana Pineda quien resaltó que el trabajo es incomprendido, en un contexto donde la labor no es bien vista, que no es una tarea fácil y que además pone en riesgo la vida de los defensores y defensoras de derechos humanos.
Pineda instó a las redes de defensores y defensoras a desarrollar tareas de auditoría social, porque los funcionarios deben dar cuentas de sus actos a la nación.
La especialista en derechos humanos señaló que es necesario profundizar en el estudio y discusión de la doctrina de defensoría, para demandar que las leyes que aprueban los gobiernos tengan sentido en la vida práctica, porque “las autoridades de gobierno deben estar bajo un escrutinio y rendición de cuentas”.
Por último Pineda sugirió que los defensores y defensoras deben analizar constantemente el contexto bajo el cual desarrollan su trabajo y preguntarse si el estado ofrece garantías y condiciones y de no ser así, demandar cambios que permitan ejercer la labor en un ambiente de protección.
“Sin embargo, la institucionalidad es débil, porque si no fuera así, no estaríamos lidiando con la corrupción y la impunidad”, resaltó Pineda.
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3351:desde-el-estado-se-busca-deslegitimar-a-los-defensores-de-ddhh&catid=71:def&Itemid=166
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PRIMERA DECLARACION CONJUNTA: REDES DE DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DDHH DE HONDURAS
Martes, 09 de Diciembre 2014-18:21 Administrador defensoresenlinea.com/
Los
defensores y defensoras de Derechos Humanos, organizados en las redes
de El Paraíso, REDEHSUR, defensores y defensoras de la región del Aguán,
Red de Occidente y la Red de Jóvenes del COFADEH, reunidos por primera
vez el 8 y 9 de diciembre de 2014 en Tegucigalpa, para analizar y
discutir la problemática actual del país en el contexto de nuestra
labor, acordamos redactar la siguiente declaratoria y hacer de
conocimiento público ante las demás organizaciones sociales y medios de
comunicación nacionales e internacionales.
1. Condenamos el sistema que ha imperado desde siempre en nuestro
país, y que lo podemos resumir en una palabra: Impunidad, la que permite
que los delincuentes de cuello blanco sigan asesinando al pueblo con
sus acciones, que no dejan que se aplique la justicia igualitaria, sino
que defiende a los poderosos y ataca a los que luchan por sus derechos.
2. Como defensores y defensoras de Derechos Humanos, repudiamos las acciones emprendidas por estructuras del Estado que a través de algunos funcionarios (Fiscales, jueces, policías, militares, alcaldes, alcaldesas, diputados y diputadas, secretarios de estado) que intimidan y criminalizan nuestra acción, pues nos ven como una amenaza ya que observamos y denunciamos las violaciones a los derechos humanos.
3. Nos oponemos a la militarización del territorio nacional, implantado con el pretexto de combatir la delincuencia y brindar seguridad, cuando en realidad nos genera temor, intimidación, y ejecuciones extrajudiciales, implementando doctrinas de terror como en la década de los ochenta. En la actualidad las Fuerzas Armadas realizan labores conjuntas con la policía, como una estrategia de Estado, para proteger a los terratenientes e inversionistas extranjeros que cometen abusos en contra de los pueblos.
4. Estamos en contra de las decisiones del Estado que ha dado en concesión ríos y proyectos de explotación minera, ubicados en zonas productivas como el Bajo Aguán, la Península de Zacate Grande, el Río Jicatuyo en Lempira, y proyectos eólicos en Ojojona, Francisco Morazán, entre otros, lo que provocaría al igual que en el Valle de Siria, escasez de alimentos y contaminación de las fuentes de agua, deforestación del bosque, situaciones que conllevan a desalojos violentos y desplazamiento de familias completas, violentando el derecho a la vida.
5. Rechazamos la venta de nuestros bienes comunes (playas, áreas protegidas, parques nacionales, ríos, bosques), mediante el proyecto de Zonas Especiales de Desarrollo Económico -ZEDE- (más conocidas como ciudades modelos) que vulnera la soberanía hondureña, trayendo nuevas estructuras jurídicas, dentro del propio estado, que refuerza la ocupación extranjera en el afán de saquear nuestros recursos naturales.
6. Denunciamos la ineficiencia de parte del Estado al no implementar como se debe, las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, -CIDH- en beneficio de los y las defensoras de Derechos Humanos, cuya labor es de alto riesgo, teniendo en algunos casos, que lamentar la pérdida de vidas humanas valiosas, como el asesinato de la compañera luchadora por los derechos del campesinado y sobreviviente de tortura en la década de los ochenta, Margarita Murillo, cuyo cuerpo apareció sin vida el 27 de agosto en Villa Nueva, Cortés. Así como también el asesinato de Juan Angel López Miranda, conocido como Juan Galindo (cuyas medidas cautelares se estaban ventilando) hecho ocurrido el 11 de noviembre de 2014 en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, en el departamento de Colón. López Miranda fue un reconocido defensor de los derechos humanos en el Bajo Aguán, acompañando a las comunidades campesinas en su lucha por la tierra. De igual forma el compañero Justo Sorto perdió la vida en situaciones violentas en la comunidad de Yancen, Jesús de Otoro, Intibucá. Sorto era el coordinador indígena del movimiento ambientalista de la zona.
7. Alzamos nuestra voz en favor de la Libertad de Expresión y de los medios alternativos de comunicación porque son ellos la voz que expresa la lucha de las comunidades. Exigimos que no se coarte nuestro derecho a expresarnos libremente y a denunciar las violaciones a los derechos humanos.
8. En el marco de la Declaración Sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, aprobado por Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 1998, celebramos esta fecha exigiendo el respeto a la vida.
Demandamos que el estado de Honduras está en la obligación de asegurar un proceso judicial eficaz, serio e imparcial, basado en el Estado de Derecho, a fin de combatir la impunidad de quienes atenten, amenacen y criminalicen a los que defienden los derechos humanos.
Dado en la Ciudad de Tegucigalpa a los 9 días del mes de diciembre de 2014
El Paraíso
El Aguan
El Sur
Occidente
Jóvenes Cofadeh
2. Como defensores y defensoras de Derechos Humanos, repudiamos las acciones emprendidas por estructuras del Estado que a través de algunos funcionarios (Fiscales, jueces, policías, militares, alcaldes, alcaldesas, diputados y diputadas, secretarios de estado) que intimidan y criminalizan nuestra acción, pues nos ven como una amenaza ya que observamos y denunciamos las violaciones a los derechos humanos.
3. Nos oponemos a la militarización del territorio nacional, implantado con el pretexto de combatir la delincuencia y brindar seguridad, cuando en realidad nos genera temor, intimidación, y ejecuciones extrajudiciales, implementando doctrinas de terror como en la década de los ochenta. En la actualidad las Fuerzas Armadas realizan labores conjuntas con la policía, como una estrategia de Estado, para proteger a los terratenientes e inversionistas extranjeros que cometen abusos en contra de los pueblos.
4. Estamos en contra de las decisiones del Estado que ha dado en concesión ríos y proyectos de explotación minera, ubicados en zonas productivas como el Bajo Aguán, la Península de Zacate Grande, el Río Jicatuyo en Lempira, y proyectos eólicos en Ojojona, Francisco Morazán, entre otros, lo que provocaría al igual que en el Valle de Siria, escasez de alimentos y contaminación de las fuentes de agua, deforestación del bosque, situaciones que conllevan a desalojos violentos y desplazamiento de familias completas, violentando el derecho a la vida.
5. Rechazamos la venta de nuestros bienes comunes (playas, áreas protegidas, parques nacionales, ríos, bosques), mediante el proyecto de Zonas Especiales de Desarrollo Económico -ZEDE- (más conocidas como ciudades modelos) que vulnera la soberanía hondureña, trayendo nuevas estructuras jurídicas, dentro del propio estado, que refuerza la ocupación extranjera en el afán de saquear nuestros recursos naturales.
6. Denunciamos la ineficiencia de parte del Estado al no implementar como se debe, las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, -CIDH- en beneficio de los y las defensoras de Derechos Humanos, cuya labor es de alto riesgo, teniendo en algunos casos, que lamentar la pérdida de vidas humanas valiosas, como el asesinato de la compañera luchadora por los derechos del campesinado y sobreviviente de tortura en la década de los ochenta, Margarita Murillo, cuyo cuerpo apareció sin vida el 27 de agosto en Villa Nueva, Cortés. Así como también el asesinato de Juan Angel López Miranda, conocido como Juan Galindo (cuyas medidas cautelares se estaban ventilando) hecho ocurrido el 11 de noviembre de 2014 en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, en el departamento de Colón. López Miranda fue un reconocido defensor de los derechos humanos en el Bajo Aguán, acompañando a las comunidades campesinas en su lucha por la tierra. De igual forma el compañero Justo Sorto perdió la vida en situaciones violentas en la comunidad de Yancen, Jesús de Otoro, Intibucá. Sorto era el coordinador indígena del movimiento ambientalista de la zona.
7. Alzamos nuestra voz en favor de la Libertad de Expresión y de los medios alternativos de comunicación porque son ellos la voz que expresa la lucha de las comunidades. Exigimos que no se coarte nuestro derecho a expresarnos libremente y a denunciar las violaciones a los derechos humanos.
8. En el marco de la Declaración Sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, aprobado por Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 1998, celebramos esta fecha exigiendo el respeto a la vida.
Demandamos que el estado de Honduras está en la obligación de asegurar un proceso judicial eficaz, serio e imparcial, basado en el Estado de Derecho, a fin de combatir la impunidad de quienes atenten, amenacen y criminalicen a los que defienden los derechos humanos.
Dado en la Ciudad de Tegucigalpa a los 9 días del mes de diciembre de 2014
El Paraíso
El Aguan
El Sur
Occidente
Jóvenes Cofadeh
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