En
su más reciente comunicado, la Comisión Multinacional de la Alianza por
la Paz y la Justicia señaló que “la adopción de medidas inadecuadas en
materia de seguridad y justicia tienen un alto costo humano y profundiza
los niveles de criminalización”.
Como
nos lo demuestra la experiencia en los países de la región azotados por
la violencia criminal, el involucramiento de las fuerzas armadas en
tareas de seguridad interna crea más problemas de lo que resuelve.
Un
ejemplo claro son los recientes hechos delictivos en los que los
militares se han involucrado. El 27 de septiembre 4 policías y 12
militares en estado de ebriedad hirieron de bala a 3 habitantes en la
zona de la Mosquitia.
El
30 de septiembre, efectivos militares participaron en el desalojo de
400 miembros del pueblo Garífuna de la comunidad de Barra Vieja,
violentando sus derechos ancestrales sobre la propiedad colectiva de sus
tierras.
El
mismo 30 de septiembre se conocieron los actos de tortura cometidos por
miembros de la Policía Militar en contra de dos trabajadores de la mina
artesanal de la aldea San Juan Arriba, ubicada en el municipio del
Corpus, de Choluteca.
El
01 de octubre, miembros de la Policía Militar atacaron a tiros a una
unidad de transporte público en Tegucigalpa que no se detuvo ante un
retén, provocando que 4 personas resultaran heridas.
Dichos
ejemplos son apenas una muestra de los graves problemas que se nos
vienen con los militares en las calles, ya que ven en el ciudadano un
enemigo a quien eliminar y no a una persona cuya dignidad deben de
respetar y defender.
Es
un grave error creer que con un curso de 1 o 2 meses se les cambiará la
mentalidad de guerra a esos mismos soldados que cometieron graves
violaciones a derechos humanos durante los años 80 como durante el golpe
de Estado.
No
se puede ignorar que hay escenarios donde los grupos criminales
adquieren un poder de fuego y un control territorial que no es posible
contrarrestar solo con las capacidades policiales, sea por su debilidad o
por su penetración criminal, tal y como sucede en Honduras.
Pero
las intervenciones de los militares en tareas de seguridad ciudadana
deben ser excepcionales, acotadas y transitorias, bajo el más amplio
control civil, judicial y parlamentario, y acompañadas de una pronta
estrategia de salida que garantice el progresivo reemplazo de las
fuerzas armadas por el servicio policial y por el resto del aparato
judicial, educativo y de salud.
Esto
implica reconocer que la violencia no se reduce a un problema de
seguridad pública, sino que está asociada con múltiples factores de
desigualdad social, económica y política, y se sustenta en estructuras
de desigualdad y dominación que golpean a los más pobres.Escuchar y descargar Nuestra Palabra
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