"Mi papá está en el cielo”, dijo con una leve sonrisa el niño Armando Josué Sánchez Gómez, de 4 años, antes de entrar a su audiencia con el juez de Inmigración, que tratará su caso de deportación.
Josué y su mamá Vanessa Gómez, de 22 años, comparecieron ante la
jueza de Inmigración, Sheila McNulty el jueves por la mañana, y le
dijeron a través del abogado Frank Ávila, quien los representa pro bono,
que en Honduras, su país de origen, sus vidas corren peligro.
En junio pasado, Josué quedó huérfano y su madre enviudó. Armando Sánchez, de 26 años, el padre de familia ya no pudo reunirse con ellos en Estados Unidos, en agosto, como lo prometió. Sánchez fue asesinado supuestamente por el crimen organizado en ese país.
Por esa razón Ávila le pidió a la jueza que les diera asilo político.
El niño y su madre cruzaron la frontera en diciembre, huían de la violencia y extorsiones, dejaron su negocio de abarrotes en Olancho, Honduras, para emigrar por un mejor futuro, contó Gómez.
La familia planeó que madre e hijo viajaran primero, luego el padre de familia los alcanzaría. “Pero no fue posible, lo mataron. El destino nos separó, no quiso que estuviéramos juntos. Duele mucho saber que mi hijo no tendrá a su padre y que sólo cuenta conmigo, por eso voy a luchar para darle un mejor futuro”, añadió la mujer.
El abogado también le pidió a la jueza que en caso de no obtener asilo no deporte a la madre e hijo a Honduras. “Si no ganamos el caso, por lo menos que sean enviados a otro país que no sea del que vienen huyendo. Allá sus vidas corren peligro”, agregó Ávila.
Al sujetar un folder amarillo, en el que guarda las dos órdenes del inicio de un proceso de deportación, Gómez relata lo difícil que fue arriesgar sus vidas en la travesía desde Honduras, luego enterarse del asesinato de su esposo, al tiempo que enfrentan un proceso de deportación y sin recursos económicos.
LULAC de Illinois los ayudó a conseguir representación pro bono, informó Julie Contreras, representante del Comité de Inmigración de esa organización, en el Condado de Lake. En tanto, el niño ya inició su educación preescolar en Waukegan, mientras su madre trabaja vendiendo paletas.
Según el gobierno federal, desde el 1 de octubre a la fecha, más de 66,000 niños no acompañados han sido detenidos, la mayoría procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala.
La crisis humanitaria de los niños en la frontera requiere que más abogados donen representación, “es un compromiso moral” para los abogados hispanos, indicó Ávila, quien se especializa en asuntos criminales.
“Aunque no soy abogado de inmigración, estoy representando diez casos gratuitamente y me asesoro para ganarlos”, mencionó Ávila, “pido a mis colegas, sobre todo a los hispanos, que ayuden. No podemos darle la espalda a estos niños”, indicó.
En la corte de Inmigración, del 525 W. Van Buren St, en Chicago, la jueza McNulty le agradeció a Ávila su trabajo pro bono, y fijó el 13 de noviembre para que el abogado someta una petición formal de asilo. Josué la escuchaba calladito, pero de pronto bajó de las piernas de su madre, en donde estaba sentado y se sentó en el piso, se sacó los zapatos y calcetines porque “algo” le picaba en la planta del pie, dijo. En tanto, su madre escuchaba a través de un intérprete las indicaciones de la jueza.
Al salir, Gómez dijo que sentía un gran alivio por el respaldo de LULAC y del abogado, luego se presentó en las oficinas del Buró de Vigilancia de Inmigración y Aduanas (ICE) para reportar su presencia.
La madre contó que adora su país porque “es muy bonito”, pero no quiere regresar. “Su padre y yo queríamos que Josué creciera lejos de la delincuencia, la violencia y del narcotráfico porque allá en Honduras los criminales no distinguen, matan por igual a niños y adultos. Lo único que quiero (para él) es lo que todo padre desea darle a un hijo, una vida seguro”.
http://www.tiempo.hn/naci%C3%B3n/item/2771-viuda-y-hu%C3%A9rfano-hondure%C3%B1os-luchan-contra-la-deportaci%C3%B3n
En junio pasado, Josué quedó huérfano y su madre enviudó. Armando Sánchez, de 26 años, el padre de familia ya no pudo reunirse con ellos en Estados Unidos, en agosto, como lo prometió. Sánchez fue asesinado supuestamente por el crimen organizado en ese país.
Por esa razón Ávila le pidió a la jueza que les diera asilo político.
El niño y su madre cruzaron la frontera en diciembre, huían de la violencia y extorsiones, dejaron su negocio de abarrotes en Olancho, Honduras, para emigrar por un mejor futuro, contó Gómez.
La familia planeó que madre e hijo viajaran primero, luego el padre de familia los alcanzaría. “Pero no fue posible, lo mataron. El destino nos separó, no quiso que estuviéramos juntos. Duele mucho saber que mi hijo no tendrá a su padre y que sólo cuenta conmigo, por eso voy a luchar para darle un mejor futuro”, añadió la mujer.
El abogado también le pidió a la jueza que en caso de no obtener asilo no deporte a la madre e hijo a Honduras. “Si no ganamos el caso, por lo menos que sean enviados a otro país que no sea del que vienen huyendo. Allá sus vidas corren peligro”, agregó Ávila.
Al sujetar un folder amarillo, en el que guarda las dos órdenes del inicio de un proceso de deportación, Gómez relata lo difícil que fue arriesgar sus vidas en la travesía desde Honduras, luego enterarse del asesinato de su esposo, al tiempo que enfrentan un proceso de deportación y sin recursos económicos.
LULAC de Illinois los ayudó a conseguir representación pro bono, informó Julie Contreras, representante del Comité de Inmigración de esa organización, en el Condado de Lake. En tanto, el niño ya inició su educación preescolar en Waukegan, mientras su madre trabaja vendiendo paletas.
Según el gobierno federal, desde el 1 de octubre a la fecha, más de 66,000 niños no acompañados han sido detenidos, la mayoría procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala.
La crisis humanitaria de los niños en la frontera requiere que más abogados donen representación, “es un compromiso moral” para los abogados hispanos, indicó Ávila, quien se especializa en asuntos criminales.
“Aunque no soy abogado de inmigración, estoy representando diez casos gratuitamente y me asesoro para ganarlos”, mencionó Ávila, “pido a mis colegas, sobre todo a los hispanos, que ayuden. No podemos darle la espalda a estos niños”, indicó.
En la corte de Inmigración, del 525 W. Van Buren St, en Chicago, la jueza McNulty le agradeció a Ávila su trabajo pro bono, y fijó el 13 de noviembre para que el abogado someta una petición formal de asilo. Josué la escuchaba calladito, pero de pronto bajó de las piernas de su madre, en donde estaba sentado y se sentó en el piso, se sacó los zapatos y calcetines porque “algo” le picaba en la planta del pie, dijo. En tanto, su madre escuchaba a través de un intérprete las indicaciones de la jueza.
Al salir, Gómez dijo que sentía un gran alivio por el respaldo de LULAC y del abogado, luego se presentó en las oficinas del Buró de Vigilancia de Inmigración y Aduanas (ICE) para reportar su presencia.
La madre contó que adora su país porque “es muy bonito”, pero no quiere regresar. “Su padre y yo queríamos que Josué creciera lejos de la delincuencia, la violencia y del narcotráfico porque allá en Honduras los criminales no distinguen, matan por igual a niños y adultos. Lo único que quiero (para él) es lo que todo padre desea darle a un hijo, una vida seguro”.
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