CONSEJO CÍVICO DE ORGANIZACIONES POPULARES E INDÍGENAS DE HONDURAS COPINH
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COMUNICADO URGENTE DEL COPINH
Roger Pineda, de Corporación Dinat, y German Alfaro, comandante de
FUSINA, impulsan amenazas para imponer terror contra la defensora e
internacionalista Anny Bird de Rights Action / Derechos en Acción.
El COPINH rechaza y condena las acusaciones que han vertido Germán
Alfaro, comandante de FUSINA, y Roger Pineda, representante de la
Corporación Dinat -de Miguel Facusse-, de manera mal intencionada,
violenta, atentatorias contra la integridad de la compañera Anny
Bird, ciudadana estadounidense, defensora internacional de derechos
humanos, reconocida por su compromiso con las causas históricas,
justas, por la paz y el respeto a los derechos individuales y
colectivos.
Es clara la política de terror, criminalización e intimidación, que
despliega el gobierno de Juan Orlando Hernández contra las misiones
internacionales de derechos humanos, solidaridad y humanitarias en
Honduras. Esta hoy se expresa contra nuestra compañera Anny Bird,
quien ha acompañado no sólo al COPINH, sino a muchas organizaciones
sociales en Honduras, desde hace muchos años.
Exigimos a Roger Pineda y a German Alfaro que se retracten y se
disculpen públicamente ante este ataque de odio, que pone en alto
riesgo la vida, la integridad física y emocional de la compañera Anny
Bird. Exigimos a las instancias correspondientes políticas y
judiciales de Honduras, que procedan de oficio contra estos dos
individuos, por acusar de manera calumniosa y manipuladora.
Igualmente exigimos a la embajada estadounidense que dé explicaciones
públicas si es con su visto bueno que se perpetra este ataque
sistemático y peligroso.
Sabemos que los señores Facusse, Pineda y Alfaro, han estado
inquietos ante el avance del proceso que desnuda, incluso ante la
banca financiera internacional como el Banco Mundial, sus proyectos de
saqueo, violadores de derechos humanos, plagados de ilegalidades, que
ponen en duda el otorgamiento de financiamientos. Esto sucede también
ante las denuncias de violaciones graves de derechos humanos en el
Aguan y en la Moskitia hondureña. La compañera Anny ha estado como
observadora de derechos humanos en estos procesos, actuando de manera
cuidadosa y responsable en beneficio de la vida, de la integridad y
de la seguridad del campesinado y de la población en general en esos
sectores.
Demandamos que se ponga fin a estas campañas de odio. Exigimos al
Gobierno de Honduras y al Gobierno de Estados Unidos el respeto al
derecho de acompañar la observancia de derechos humanos en Honduras,
con garantías plenas y cooperación, reconociendo que es una
contribución al derecho a la vida, a la transparencia y que es un
aporte universal a los derechos humanos establecidos en el derecho
internacional.
Hacemos responsable al Gobierno de Honduras por los daños físicos,
síquicos, emocionales o políticos que pueda sufrir esta defensora de
derechos humanos.
Llamamos a la solidaridad nacional e internacional a pronunciarse
ante el Gobierno de Honduras y de Estados Unidos frente a este hecho
lamentable que amenaza hoy a la compañera Anny Bird. Les pedimos que
puedan impulsar y realizar acciones urgentes para denunciar y frenar
esta política de terrorismo de Estado.
Dado en Intibucá, a los 16 días del mes de julio del 2014.
¡Solidaridad con Anny Bird, compañera y hermana en las luchas del
pueblo hondureño!
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Peligrosas declaraciones del Comandante de la FUSINA, sobre la
Co-directora de Rights Action, Annie Bird
Esta mañana, por el canal 11 de Honduras, el coronel German Alfaro,
comandante de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional
(FUSINA), hizo delicadísimas declaraciones acerca de la presencia y
trabajo de la activista y defensora de los derechos humanos
estadounidense, Annie Bird, en Honduras.
En una notoria y grave manipulación de información, Alfaro acusó a
Bird de haber ingresado ilegalmente al país, de promover invasiones de
tierra en el Bajo Aguán y de desprestigiar internacionalmente a
Honduras a través de decenas de organizaciones y medios de
comunicación de todo el mundo, incluso a través de Al Jazeera, agencia
de noticias según el, bajo el control de Al Qaeda, organización
terrorista responsabilizada por el gobierno de Estados Unidos, de los
atentados a las Torres Gemelas de Nueva York.
Alfaro compareció en el programa televisivo junto a Jorge Pineda, alto
ejecutivo de la Corporación DINANT propiedad de Miguel Facussé, uno de
los tres empresarios más ricos del país, con grandes intereses en la
región del Bajo Aguán, quien compartió la acusación de que la
defensora de derechos humanos promueve las invasiones de tierras en la
zona.
No es la primera vez que el coronel Alfaro se refiere a ella en esos
términos. A finales del 2013 expresó como Comandante de la Fuerza de
Tarea “Xatruch”, instalada en la región del Bajo Aguán, que ella "anda
haciendo unas labores de desestabilización en el sector del Aguán”, lo
que provocó de inmediato, una cascada de pronunciamientos de rechazo a
esas acusaciones, de organizaciones nacionales e internacionales
dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
Annie Bird es co-directora de la organización defensora de derechos
humanos "Rights Action", que desde hace varios años monitorea las
violaciones los derechos humanos en la región centroamericana y de
manera particular, de los de sectores de la población altamente
vulnerables de la población hondureña, tal es el caso del campesinado
del Bajo Aguán, que vive permanentemente en una especie de estado de
sitio.
Su actividad se intensificó a partir del golpe de estado de junio del
2009, en la misma medida en que se multiplicaron las violaciones a los
derechos humanos en esa región, que suma ya más de un centenar de
muertes derivadas del conflicto de tierras.
El trabajo de Bird incomoda porque descubre lo que las autoridades
civiles y militares quieren que se mantenga oculto.
Algunos ejemplos
Caso Ahuás
Un informe alternativo sobre una fracasada operación antidrogas
realizada en el municipio de Ahuas, departamento de Gracias a Dios, el
s11 de mayo del 2012, de cuya investigación y elaboración fue parte en
representación Rights Action junto Alex Main, del Centro de
Investigación en Economía y Política (CEPR), concluyó que la
investigación del Ministerio Público presentaba graves irregularidades
, incluyendo omisiones de testimonios claves de la policía hondureña
que señalan que la DEA (Drug Enforcement Administration) estaba a
cargo del operativo y podría tener la responsabilidad final por las
muertes que ocurrieron, dos mujeres (por lo menos una de ellas estaba
embarazada), un hombre, y un adolescente de 14 años.
Los investigadores concluyeron que "“El informe del Ministerio Público
ni siquiera intenta establecer quién es el responsable final de los
asesinatos. En vez, parece estar enfocado en absolver a la DEA de
cualquier responsabilidad directa en los asesinatos, particularmente a
través de omisiones de testimonios claves.”
En la presentación del informe, Annie Bird manifestó “La investigación
de los asesinatos fue, en el mejor de los casos, parcial, o en el peor
de los casos, manipulada intencionalmente... En cualquiera de los
casos, es sumamente preocupante que el Departamento de Estado y la DEA
defiendan la investigación, a pesar de que un detective de la policía
de Estados Unidos empleado por la embajada estadounidense debe haber
estado bien al tanto de sus defectos.”
Nueva Esperanza
En julio del 2013, Bird denunció a través de una alerta de Rights
Action que dos acompañantes del Proyecto de Acompañamiento
Internacional en Honduras (PROAH), de nacionalidades suiza y francesa,
fueron secuestrados en la comunidad de Nueva Esperanza, del
departamento de Atlántida, durante dos horas y media, por hombres
armados que vigilan las obras de la empresa Minerales Victoria
propiedad de Lenir Pérez, yerno del Miguel Facussé.
Señaló igualmente, que los hombres armados llevaban casi dos meses en
esa comunidad campesina, atemorizando a los pobladores y amenazando a
los que no quieren vender su tierra a la minera. Y que algunos
pobladores han tenido que huir de sus casas por temor, sin respuesta
alguna de parte de las autoridades, alertadas oportunamente.
Para muestra un botón. El caso de El Tumbador
Para nadie es desconocido que también en el Bajo Aguán hay grandes
intereses del todopoderoso empresario Miguel Facusse.
Este logró quedarse con una buena parte de las tierras del productivo
Valle del Aguán, gracias a que durante el gobierno del expresidente
Rafael Leonardo Callejas, se aprobó un decreto que permitió que los
campesinos que las habían obtenido durante el abortado proceso de
reforma agraria, se las vendieran.
Armas en mano, hombres que pertenecen a Orión, la empresa de seguridad
que protege los intereses de Facusse y otros grandes terratenientes,
intimidan permanentemente a los grupos campesinos que aún se mantienen
en la zona, con el propósito de que se vayan, igual que los pobladores
de Nueva Esperanza.
Estos responsabilizan a esos hombres, supuestamente entrenados por
paramilitares colombianos, de las muertes de muchos de sus compañeros
que hasta ahora se mantienen en la impunidad.
En un informe sobre la situación, elaborado y presentado por Annie
Bird a finales de febrero del 2013 bajo el nombre “Violaciones de los
derechos humanos atribuidas a las fuerzas militares en el valle del
bajo Aguán en Honduras”, registro 34 actos de violencia y otros
crímenes atribuidos a los militares hondureños de 15 ª Batallón de
Infantería (Fuerzas Especiales), con sede en el departamento de Colón.
El documento señala que 88 miembros del movimiento campesino han
muerto como consecuencia de los mismos.
También registra entre muchos otros hechos lo que sucedió el 15 de
noviembre del 2010, en la finca El Tumbador, de municipio de Trujillo,
cuando entre 150 y 200 guardias de seguridad de Facussé Barjum,
propietario de la Corporación Dinant, atacaron con armas de grueso
calibre a miembros del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), con el
trágico saldo de cuatro labriegos muertos en el sitio y un quinto, que
apareció ejecutado en otro lugar, con tres disparos de fusil AR-15 de
uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en su rostro.
El informe hace señalamientos relevantes sobre este caso:
· Los campesinos informaron que las fuerzas de seguridad que los
atacaron eran vestidos con uniformes color negro de Orión
pasamontañas.
· Informaron que se arrojaron a los matorrales para cubrirse, cuando
se inició el ataque con una ametralladora montada en un trípode que
identificaron como un M-60, un arma automática cuestión militar.
· La base del 15 Batallón de Río Claro se encuentra a pocos minutos
del lugar del tiroteo, pero no acudieron para saber que estaba
sucediendo
· Los testimonios recibidos indican una muy estrecha relación de
trabajo entre el 15 Batallón y la empresa de seguridad empleado por
Orión.
Estos tres, de los muchos casos sobre los que ha informado Rigths
Action, ponen de manifiesto la delicada labor del Annie Bird y los
grandes intereses que hay detrás de sus investigaciones y denuncias,
permitiendo comprender mejor, las razones de la campaña que se ha
montado en su contra.
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