Hoy asistimos a nuestro cuarto plantón de 2014, hacia los primeros 100 días del régimen de la “Vida Mejor”, sin Estado de Derecho, entre la más cruda impunidad y sometidos como sociedad a la violencia progresiva.
De entrada, queremos expresar nuestra total solidaridad al sacerdote católico Esteban Guzmán y a su feligresía en Lepaera, Lempira, porque es fiel a su misión de defender la vida y su medio ambiente, amenazados hoy por bandas violentas del Partido Nacional y su obispo Darwin Andino, y porque es desoído por el Ministerio Público en Gracias, la cabecera.
El comportamiento pendenciero del gobierno local de Lepaera es imitación inspirada en la actitud patriotera de Juan Orlando Hernández, que invoca a Dios en el peñón conejo en el golfo de Fonseca para levantar nacionalismos que, a la vez, le permitan comprar más armas, imponer una ciudad modelo al sur y ocultar la entrega de la soberanía financiera al FMI, sin reacción social.
Frente a estas violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, y a la autodeterminación de los pueblos, denunciamos al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos por silenciado, convertido en un procurador más del Estado, no en un defensor del pueblo; en una figura al servicio de “Honduras open for bussines”.
En este último mes también vemos, lamentablemente, la política de ocultamiento de la realidad por parte del equipo de estrategia que dirige la familia Hernández Alvarado desde Casa Presidencial, tratando de zafarse de su responsabilidad en el empobrecimiento, desempleo y desasosiego general. Los niveles de violencia minimizados por razones de imagen pública del gobierno y de marca país es una ruta de grave peligro.
Entre las alternativas a esta caída peligrosísima del Estado de Derecho en Honduras, la iniciativa de instalar y fortalecer una Oficina permanente de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU en Honduras – la tercera en Centroamérica --debe ser puesta a salvo de la burocratización internacional y del trasplante de personal de otros proyectos fallidos en países vecinos.
Una de sus primeras tareas urgentes debería ser detener a los equipos de monitoreo de contenidos de medios de comunicación al servicio del Presidente Hernández, que han comenzado a realizar envíos de comunicaciones escritas y realizar audiencias de descargo a directivos de radios comunitarias y a otros medios libres para neutralizar sus críticas al gobierno y a sus representantes.
También sería deseable por la Oficina de la AC de la ONU que documente la reforma a la ley de telecomunicaciones de diciembre 2013 que otorga a la CONATEL facultades de control de las tecnologías de la información, incluyendo los códigos IP públicos y privados, en clara violación a la intimidad personal y a la libertad de expresión.
Planteamos, además, que hacemos nuestra la lucha por la defensa de los embalses y acueductos del SANAA en el Distrito Central, convocada por las juntas de agua y el STIBYS contra el fideicomiso apresurado y leonino a favor de la Fundación FICHOSA, porque el agua y el saneamiento son derechos humanos, no mercancías que se venden como las camisetas de la selección de fútbol.
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón.
Cofadeh
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