Se trata de las magistradas de la Corte Suprema
de Justicia (CSJ), Ana Concepción Romero (izquierda) y María Teresa
Velásquez (derecha), las que deberán afrontar un juicio promovido por el
Ministerio Público de Honduras.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Ministerio Público podría demandar en las próximas horas orden de captura contra las magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ana Concepción Romero y María Teresa Velásquez, por los cargos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos.
Esta información trasciende desde la sala de redacción de EL LIBERTADOR mediante la primicia noticiosa de la corporación Cholusat Sur, que está en capacidad de informar acerca del requerimiento judicial que entraría en vigor en las próximas horas de este día, que podría implicar la purga de una pena de 3 a 5 años para las imputadas.
Los reparos judiciales que enfrentan las dos magistradas de la Corte Suprema son abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos.
De acuerdo a la información en poder de Cholusat Sur, ambas juezas enfrentarían el proceso porque tuvieron una participación directa en una sentencia que vincula dólares, cuya cantidad no ha sido determinada.- La denuncia contra las magistradas fue presentada ante la Inspectoría de Tribunales el 23 de abril de 2014, a las 9:46 de la mañana y como sustento la parte denunciante refiere el expediente número 899-2014.
De acuerdo a los antecedentes de esta información, no es la primera vez en la que al menos la abogada Ana Concepción Romero se ve involucrada en este tipo de escándalos. Durante la administración de la abogada Vilma Cecilia Morales, entonces presidenta de la Corte Suprema, la abogada Romero se vio envuelta en actos de corrupción que terminaron con la separación de varios funcionarios judiciales que laboraban en el Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, del cual la jueza Romero era parte.
En aquella ocasión la jueza Romero logró sortear el despido, pues según se sabe –indica Cholusat— cuenta con varios padrinos que la protegen y que hoy integran el Consejo de la Judicatura.
“Me parece que es un abuso de autoridad el que han cometido estas magistradas Ana Concepción Romero y María Teresa Velásquez”, dice el escrito de denuncia presentado por la parte perjudicada en su declaración brindada ante la Inspectoría de Tribunales.
“El accionar de estas magistradas de la Corte Suprema de Justicia me tiene en total indefensión”, lamenta el denunciante, quien asegura que irá hasta las últimas consecuencias para que “el rostro de la justicia, suficientemente ensuciado, por acciones como las que nos ocupa, sea limpiado siempre y cuando así lo considere el Consejo de la judicatura”.
A esta denuncia, se suma otra ya en colocada en las oficinas de la Fiscalía Especial de Lucha contra la Corrupción, contenida en el expediente número 3749, donde se investiga los abusos de las mismas magistradas.
Los denunciantes han dicho que los extraña mucho que el Consejo de la Judicatura no haya querido actuar contra Ana Concepción Romero y María Teresa Velásquez, cuando desde el 21 de marzo de 2014 existen sendas denuncias con pruebas contundentes que evidencian los abusos cometidos por ambas funcionarias.
Tegucigalpa. El Ministerio Público podría demandar en las próximas horas orden de captura contra las magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ana Concepción Romero y María Teresa Velásquez, por los cargos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos.
Esta información trasciende desde la sala de redacción de EL LIBERTADOR mediante la primicia noticiosa de la corporación Cholusat Sur, que está en capacidad de informar acerca del requerimiento judicial que entraría en vigor en las próximas horas de este día, que podría implicar la purga de una pena de 3 a 5 años para las imputadas.
Los reparos judiciales que enfrentan las dos magistradas de la Corte Suprema son abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos.
De acuerdo a la información en poder de Cholusat Sur, ambas juezas enfrentarían el proceso porque tuvieron una participación directa en una sentencia que vincula dólares, cuya cantidad no ha sido determinada.- La denuncia contra las magistradas fue presentada ante la Inspectoría de Tribunales el 23 de abril de 2014, a las 9:46 de la mañana y como sustento la parte denunciante refiere el expediente número 899-2014.
De acuerdo a los antecedentes de esta información, no es la primera vez en la que al menos la abogada Ana Concepción Romero se ve involucrada en este tipo de escándalos. Durante la administración de la abogada Vilma Cecilia Morales, entonces presidenta de la Corte Suprema, la abogada Romero se vio envuelta en actos de corrupción que terminaron con la separación de varios funcionarios judiciales que laboraban en el Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, del cual la jueza Romero era parte.
En aquella ocasión la jueza Romero logró sortear el despido, pues según se sabe –indica Cholusat— cuenta con varios padrinos que la protegen y que hoy integran el Consejo de la Judicatura.
“Me parece que es un abuso de autoridad el que han cometido estas magistradas Ana Concepción Romero y María Teresa Velásquez”, dice el escrito de denuncia presentado por la parte perjudicada en su declaración brindada ante la Inspectoría de Tribunales.
“El accionar de estas magistradas de la Corte Suprema de Justicia me tiene en total indefensión”, lamenta el denunciante, quien asegura que irá hasta las últimas consecuencias para que “el rostro de la justicia, suficientemente ensuciado, por acciones como las que nos ocupa, sea limpiado siempre y cuando así lo considere el Consejo de la judicatura”.
A esta denuncia, se suma otra ya en colocada en las oficinas de la Fiscalía Especial de Lucha contra la Corrupción, contenida en el expediente número 3749, donde se investiga los abusos de las mismas magistradas.
Los denunciantes han dicho que los extraña mucho que el Consejo de la Judicatura no haya querido actuar contra Ana Concepción Romero y María Teresa Velásquez, cuando desde el 21 de marzo de 2014 existen sendas denuncias con pruebas contundentes que evidencian los abusos cometidos por ambas funcionarias.
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