Por Eliecer Jiménez Julio, Ginebra Suiza
Por iniciativa de la Asociación ON Y VA “Globalizando la solidaridad” con sede en Suiza y gestionado por las
organizaciones consultivas ante la Organización de las Naciones Unidas ONU, la
World Federation
of Trade Unions, France Libertes:
Fondation Danielle Mitterrand, y The American Association of
Jurists, han presentado ante el 25° Período de sesión del Consejo
de DD HH de la ONU, en la promoción y protección de todos los derechos humanos,
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales incluido el derecho al
desarrollo, el documento-exposición conjuntamente
escrito entre las organizaciones anteriormente citadas denominado
“Judicialización de
la protesta social en Colombia” que fue recibido por
la secretaria general de la ONU y está siendo circulado de acuerdo a la
resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social y que está publicado
por dicho organismo internacional en los idiomas oficiales inglés y español.
(1)
Destaco el el dirigente que “esperamos con ello
poner de presente ante la comunidad internacional esta grave situación en
Colombia y que los países que se dicen ser defensores de los ddhh llamen la
atención al gobierno colombiano en torno a la crisis social y poltica que se
vive en el país y que de paso sirva para que la Unión Europea reflexione sobre
la firma de los tratados de los TLCs con un gobierno donde diariamente amenazan,
asesinan, desplazan y que no se brindan las garantías a la oposición social y
política, gobierno que aplica el terrorismo de estado y donde existen más de 10
mil prisioneros políticos y luchadores sociales, donde se persigue y criminaliza
la protesta y todo el que se opone al gobierno es considerado terroristay
encarcelado, donde las multinacionales aliadas con el gobierno y los grupos
paramilitares desplazan a los campesinos e indígenas para llevarse nuestras
riquezas naturales, por ello es interesante saber cómo cada día en el mundo se
cae la careta y el disfraz que intenta mostrar que en Colombia hay una
democracia, no siendo verdad y lo que hay es una dictadura civil apoyada desde
atrás por unos sectores militaristas corruptos de derecha que no quieren la paz,
ni el progreso y menos la igualdad social y por ello es menester seguir
denunciando ante los entes internacionales y al mismo tiempo hay que seguir
apostándole a los diálogos de paz con la esperanza que un día haya la igualdad,
la paz pero con justicia social y que ojalá la protesta en Colombia continúe y
que se trabaje por una Asamblea nacional constituyente que le regrese a la
población sus derechos”.
El documento que será debatido en el seno de la
ONU expresa en sus apartes que :“Colombia se ha caracterizado por profundos
niveles de desigualdad social que han llevado a un conflicto social, político y
armado por más de medio siglo y que actualmente se plasman en índices de pobreza
que alcanzan el 70% de la población, brechas abismales de desarrollo entre
regiones, diferencias marcadas de etnia y género, entre otros indicadores. Esto
está relacionado con la concentración de la tierra, una extrema desigualdad
donde el 52% de la propiedad rural está en manos del 1,15% de la población y el
49,1% de los ingresos del país van a parar a las arcas del 10% más rico del
país.
En este contexto de agudización de los problemas
y desigualdades sociales, políticas y económicas, se han levantado diversas
voces de inconformidad frente a los gobiernos, donde la oposición política y la
movilización social han jugado un papel protagónico, logrando que los diferentes
sectores hagan uso de su legítimo derecho a la protesta social.
Por su parte, la respuesta estatal ha sido
asumir la globalizada “doctrina de seguridad nacional”, donde a toda oposición o
protesta social se le da el trato de “enemigo interno” o “terrorista”. En
consecuencia, la protesta social es objeto de una estrategia de represión y
persecución que utiliza la prisión como pilar central y sin lugar a dudas afecta
a los sectores más empobrecidos del país, mientras se abre el camino a la
ampliación de la desigualdad y a la entrega de los recursos naturales del país
al capital transnacional. Indica el documento.
En el mismo se señala que “En el desarrollo de
la doctrina de seguridad nacional, también llamada “política de seguridad
democrática” o “política de seguridad ciudadana”, el Estado Colombiano se ha
concentrado en el fortalecer desmedidamente a la fuerza del orden público,
debilitando el rubro para salud, educación, empleo y demás necesidades sociales,
convirtiéndose en el país de la región que más presupuesto ha destinado al gasto
militar.
Paralelamente a la aplicación de estas
políticas, durante las últimas décadas, en forma alarmante y arbitraria, se han
visto incrementadas las violaciones a los derechos humanos, especialmente la
privación al derecho a la libertad personal y el uso arbitrario de la detención
preventiva, situación que a su vez ha incrementado la población carcelaria y
agudizado la crisis de derechos humanos en las cárceles colombianas. A este
respecto, mientras que entre julio de 1996 y junio de 2002 fueron privadas de la
libertad arbitrariamente 2.869 personas, durante el gobierno del presidente
Álvaro Uribe, la cifra aumentó alarmantemente, siendo detenidas masivamente
6.332 personas entre el 7 de agosto de 2002 y el 6 de agosto de 2004 (2 años)
por sospechas sin fundamento de pertenecer o colaborar con grupos insurgentes,
teniendo que dejarlas en libertad por demostrarse la arbitrariedad del
procedimiento y no existir prueba alguna en su contra. Por su parte, de acuerdo
a la Misión de Verificación de la situación de Derechos Humanos, en noviembre de
2011, durante los años 2010 y 2011 se presentaron numerosos casos de defensores
y defensoras de derechos humanos detenidos individual y masivamente por realizar
actividades de protesta social, como la oposición a proyectos mineros, de
estructura, el problema de la tierra, y protestas estudiantiles, entre otros.
Así mismo, como evidencias de la criminalización de la protesta social durante
el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, está la promulgación de la Ley de
Seguridad Ciudadana (Ley 1453 de 2011), que reforma el Código Penal,
incorporando como nuevo delito (artículo 353A), “la obstrucción a vías públicas
que afecten el orden público”, castigado hasta con 48 meses de prisión,
restringiéndose derechos constitucionales como la libertad de expresión y la
libertad de reunión, así como el principio de legalidad y el principio de
proporcionalidad de la sanción irracional.
Durante el año 2013, la Ley de Seguridad
Ciudadana fue aplicada como herramienta de represión y castigo a las acciones de
protesta pacífica y movilizaciones desarrolladas por el movimiento social (Paro
Campesino Región del Catatumbo, Paro Nacional Minero, Paro Nacional Agrario y
Popular, Minga Social Indígena), reprimidas por la fuerza pública, dejando un
saldo de más de 902 víctimas de violaciones a los derechos humanos, entre ellas
315 detenidas arbitrariamente.
Mediante la colaboración de los principales
masivos de comunicación, la implementación de la Ley de Seguridad Ciudadana ha
convertido a las organizaciones sociales en objetivo de persecución, presentando
a sus integrantes y líderes como delincuentes al servicio de organizaciones
políticas alzadas en armas, lo que ha producido la militarización del campo y de
las zonas urbanas, aumento del desplazamiento, agudizado las prácticas de saqueo
y acumulación de tierras por despojo, engrosamiento de la población retenida por
motivos políticos, empadronamiento, montajes judiciales y un sinfín de
obstáculos para la organización y acción social.
La Ley de Seguridad Ciudadana, lejos de ser un
elemento novedoso, es continuidad del contenido del Estatuto de Seguridad
Nacional (Justicia Regional sin rostro), aplicado oficialmente entre 1978 y 1982
por el gobierno de Julio César Turbay y retomado con fuerza por la política de
Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez entre 2002 y 2010, cuya
línea ha continuado el gobierno de Juan Manuel Santos con medidas tan lesivas
como el Fuero Penal Militar, la entrada en vigencia del Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos, el Plan de Consolidación y el Plan Espada de Honor
este último para combatir a las insurgencias levantadas en armas desde hace más
de 40 años.
Estos mecanismos penalizan a todas luces la
protesta social y atentan contra la democracia, intentando frenar las
expresiones de inconformismo a través de un aparato de control social como es el
judicial.
El control de los mecanismos jurídicos permite
la aplicación discrecional de la ley por parte de los operadores judiciales,
llegando incluso a propiciar el fortalecimiento de ejércitos privados o
denominados paramilitares patrocinados por el mismo Estado a través del ejército
y la policía y que pretenden perpetuar el statu quo y a legitimar crímenes de
Estado. De la mano de lo anterior aparecen otras medidas que forman parte de la
misma estrategia y que entran a reforzarla, como lo son las llamadas Zonas de
Consolidación, un diseño institucional implementado en lugares que cuentan con
una gran importancia geoestratégica para la extracción de recursos naturales y
que es operativizado principalmente mediante el ejercicio de la fuerza pública y
el aparato judicial, instrumentalizando la utilización de la violencia como
mecanismo de expropiación para la implementación de mega-proyectos por parte del
capital transnacional.
Las Zonas de Consolidación están orientadas a
fortalecer el proceso de acaparamiento y venta de la tierra a capital
extranjero, para el que no existe ninguna normativa reguladora. El capital
transnacional se apropia de las zonas más fértiles y las fuentes de agua para
sembrar monocultivos de caña de azúcar, arroz, palma de aceite y asegurar la
producción de agro-combustibles, el enriquecimiento y la seguridad alimenticia
de otros países, a costa del aniquilamiento de la economía campesina, del
desplazamiento forzado, de la imposibilidad de ejercer la seguridad y soberanía
alimentaria, del desempleo y la pobreza, de daños irreparables en los niveles de
fertilidad de la tierra y en conclusión, del saqueo de un país que se va
vendiendo poco a poco. Este panorama ha sumido a Colombia en una compleja crisis
humanitaria, donde una de las muestras más tangibles de la criminalización de la
protesta es la ocurrencia de 3.335 casos de ejecuciones extrajudiciales (falsos
positivos) y la existencia de más de 9.500 prisioneras y prisioneros políticos.
El 90% del movimiento social proviene del sector campesino, agrario,
estudiantil, de derechos humanos, sindical, indígena, afro-descendiente,
incluyendo la oposición política; cuyo único delito ha sido luchar por la
justicia social. Como ejemplo cabe señalar que durante el primer mes de
movilización del Paro Nacional Agrario y Popular fueron judicializadas 512
personas, además de 9 personas asesinadas y cerca de 800 heridas. Colombia juega
un papel geoestratégico clave para toda la región, por lo que urge seguir con
atención lo que ocurre en el país, los diálogos de paz que se desarrollan en La
Habana entre el gobierno colombiano y la insurgencia de las FARC-EP y a las
diferentes iniciativas que aporten para concretar una solución política
negociada al conflicto social y armado que permita la construcción de una paz
duradera con justicia social e igualdad”.
El documento “Judicialización de la protesta social en
Colombia” fue elaborado con los valiosos aportes del
abogado Ramiro Orjuela y de la Fundación Suyana del Valle del Cauca, que
realizan actividades solidarias en Colombia, aspirando que éste coadyuve al
trabajo de apoyo a la denuncia contra la criminalización de la protesta social
en Colombia.
E igualmente se ha confirmado la realización y
se invita a participar en el panel“Judicialización de la protesta social” que se desarrollará el día jueves 20 de
Marzo del presente año de las 16 a las 18
horas en la sala XXIV del Palacio de Naciones Unidas, ONU en
Ginebra Suiza; como expositores estarán delegados de Colombia, Filipinas
y el Sahara Occidental y contará con la
participación de diversas delegaciones internacionales intervinientes del 25
período de sesiones del Consejo.
Se está solicitando a las organizaciones y personas interesadas en
asistir al panel que deben obtener la acreditación respectiva, para lo cual pueden dirigirse a onyvaglobalizando@yahoo.fr , teléfono 0041-798221561 con plazo máximo hasta
el 14 de Marzo, antes de las 6 pm. Hora Suiza.
(1) http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/112/86/PDF/G1411286.pdf?OpenElement
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INVITACIÓN AL EVENTO:
CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA SOCIAL EN
COLOMBIA
JUEVES 20 DE MARZO HORA:
19:00
LUGAR: MAISON INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS
SOCIO-POLITIQUES
15, RUE DES SAVOISES 1205 GENEVE SUISSE ; SALA RACHEL CARSON
INTERVIENEN:
Ø
Oretta
Bandettini Di Poggio, Rpr.
en Ginebra
de France
Libertés:
Fondation Danielle Mitterrand
Ø Julian Cortez, ex prisionero político colombiano, profesor Universitario
Ø Lucas Restrepo, abogado y representante de la Corporación SUYANA,
Cali-Colombia
Ø Un representante Unión Patriótica en Suiza
Ø Intervención Artística
Cultural: Raquel Bernal, canta Autora de la Canción
Social
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