Solo juzgarán a agentes de la DEA hondureños que participaron en masacre de Ahúas

Lunes 10 de Marzo 2014-19:36      Marvin Palacios     defensoresenlinea.com/

Puerto Lempira, Gracias a Dios.

El Ministerio Público (MP) presentó requerimiento fiscal en contra del inspector  de policía Noel Andrés Fernández, el policía preventivo Alexander Ramón Rovelo Salgado integrante de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación, (ambos  asignados a la unidad élite antidrogas de la embajada de Estados Unidos en Honduras) e Iván Neptaly Gonzáles Herrera, efectivo de la Fuerza  Aérea Hondureña (FAH) acusados por el delito de homicidio de tres de las cuatro víctimas mortales del ataque ejecutado en el municipio de Ahúas, departamento de Gracias a Dios, durante un operativo antidrogas ocurrido el 11 de mayo de 2012.

El Area de Acceso a Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) como representante legal de la mayoría de las víctimas de Ahúas, se apersonó a la audiencia inicial en donde se presentaron y evacuaron los medios de prueba. Dicha audiencia tuvo lugar el viernes 28 de febrero de 2014 en la ciudad de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios.
La audiencia inició a las 9:40 de la mañana y culminó a las 12:00 de la noche del viernes 28 de febrero y se reanudó el sábado 1 de marzo.

El Ministerio Público inicialmente presentó un requerimiento fiscal por el delito de homicidio en perjuicio de Emerson Martínez quien murió a casusa de las heridas de bala causadas durante el ataque en el que agentes de la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration,  DEA) atacaron un pipante que transportaba a 15 indígenas miskitos la madrugada del 12 de mayo de 2014, durante un operativo de incautación de drogas.

Sin embargo a petición del área de acceso a Justicia del COFADEH, el Ministerio Público amplió el requerimiento por dos homicidios más, el de Juana Jackson y Hasked Brooks Wood. En el caso de candelaria Pratt, la cuarta víctima mortal del ataque, quedó excluida porque según el Ministerio Público, el proyectil encontrado en su cuerpo exhumado,  no concuerda con ninguna de las armas que fueron decomisadas, aspecto sobre el actual el COFADEH planteó sus discrepancias.

Por otra parte se amplió requerimiento fiscal por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de Hilda Lezama, Lucio Nelson, Wilmer Walter Lucas y otra personas, quienes resultaron con heridas de gravedad, algunas de las cuales, provocaron en las víctimas, daños físicos irreparables.

Igualmente el juez Melchor Rodríguez que desarrolló la audiencia inicial el pasado 28 de febrero en la ciudad de Puerto lempira, aceptó las solicitudes del COFADEH en cuanto a que se incluyan los delitos de detención ilegal, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de varias personas que se encontraban en tierra al momento de que los efectivos policiales hondureños y de la DEA, descendieran de los helicópteros en el landín (pequeño embarcadero) de Ahuás, luego de perpetrar el ataque.

Doley Wood, uno de los testigos que fue víctima de torturas a manos de los militares, aseguró que entre los agentes antidrogas se encontraban efectivos militares extranjeros que a quienes escuchó que se comunicaban entre sí en el idioma inglés; lo que supone fueron agentes estadounidenses involucrados en la operación.

 Sí participaron agentes de la DEA estadounidenses

El Juzgado de Letras de Puerto Lempira deberá pronunciarse en torno a si dicta o no auto de prisión en contra de los imputados por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, detención ilegal, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de pobladores de Ahúas.

La defensa de los agentes policiales y militares, argumentó que ellos actuaron en legítima defensa y en el cumplimiento del deber ya que aseguraron, que los helicópteros fueron atacados desde tierra.

Sin embargo hay testimonios que revelan que en el operativo realizado la madrugada del 11 de mayo, participaron 4 helicópteros (con la supervisión de un avión que al parecer comandó la operación), cuyos ocupantes  a pesar de contar con reflectores y lentes nocturnos, dispararon contra el pipante que transportaba a los indígenas miskitos cuando éste se aproximaba al landín, mientras que la embarcación que transportaba la droga se conducía sin la presencia de narcotraficantes.

Trasciende que la Fiscalía no investigó a fondo este caso y no cuenta con todos los elementos probatorios para sustentar las acusaciones que podrían dejar nuevamente en la impunidad otro de los casos emblemáticos en el tema de los derechos humanos impulsados por el COFADEH, que involucra no solo a las Fuerzas Armadas de Honduras y a la Policía Nacional, sino a la DEA en nuestro país.

El 31 de enero de 2013, más de 50 congresistas demócratas de Estados Unidos firmaron una carta dirigida al Secretario de Estado John Kerry y al Fiscal General Eric Holder en la que demandaron una investigación sobre supuestos abusos cometidos por  fuerzas de seguridad hondureñas y el posible papel jugado por agentes de la  Drug Enforcement Agency (DEA) en un incidente que resultó en la trágica muerte de cuatro indígenas miskitos en la comunidad de Paptalya, municipio de Ahúas, departamento de Gracias a Dios, en el noreste de Honduras.

A inicios de febrero de este año información desclasificada a la que tuvo acceso la periodista e  investigadora social de la Universidad de California, Dana Frank, Estados Unidos habría obligado al gobierno de Honduras a deducir del programa de ayuda militar 2014, los daños causados por la DEA a familias indígenas de la mosquita en la masacre de mayo 2012.

Según la ley de presupuesto militar publicada hace dos semanas en Estados Unidos, Honduras deberá deducir el 35 por ciento de los 26 millones de dólares que ese país aprobó a la policía nacional y al ejército este año.

Las reparaciones a las víctimas serán certificadas por el Departamento de Estado en Tegucigalpa a través de la embajadora Lisa Kubiske, quien además deberá informar sobre las investigaciones penales y sanciones contra los responsables de desalojos violentos ejecutados contra comunidades campesinas y los asesinatos de más de 100 trabajadores del campo a nivel nacional.


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                          Prohibido olvidar,nuestros hermanos  y hermanas  víctimas merecen justicia

A la derecha joven  víctima del ataque