13 Marzo 2014 - 4:44pm
13 Marzo 2014 - 4:44pm
Observatorio indica que del 2008 al 2013 un promedio de 123 personas perdieron la vida y seis están desaparecidas por el conflicto agrario.Tegucigalpa, Honduras. El Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán presentó hoy el “Primer Informe de Muertes Violentas provocadas por el conflicto agrario en el Bajo Aguán” al Secretario de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización abogado Rigoberto Chang Castillo, el cual registra la muerte de 123 personas y 6 desapariciones forzadas, datos que corresponden del año 2008 a diciembre de 2013. Asistieron a la presentación del documento el titular de la Secretaría de Defensa Samuel Reyes y el Fiscal General del Estado Oscar Chinchilla, así como representares del Poder Judicial y de la Secretaría de Seguridad quienes fueron informados sobre los casos de asesinatos y desapariciones forzadas de campesinos, guardias privados, autoridades de justicia, defensores de ambas partes, terratenientes y víctimas indirectas.
El informe revela que de la totalidad de muertes 90 son campesinos, 1 militar, 1 policía, 14 guardias de seguridad, 7 terratenientes y 15 personas pertenecientes al grupo de apoderados legales y víctimas colaterales o indirectas. El documento refiere que los municipios con mayores índices de violencia son Tocoa donde se registran 68 casos, Trujillo con 42 y Sonaguera con 6, seguidos por Santa Rosa de Aguán, Olanchito, Sabá, Bonito Oriental y La Ceiba. Asimismo, el informe refiere que de los 129 casos registrados entre violaciones a la vida o desapariciones forzadas, 12 casos fueron masacres o hechos que originaron más de 3 víctimas mortales, llegando a alcanzar un máximo de 11 muertes en un mismo hecho. En cuanto a la edad promedio de las víctimas, el informe indica que tres eran menores de edad, 28 hombres menores de 33 años, y 32 hombres tenían edades comprendidas entre los 34 y 64 años. Sin embargo, la edad promedio de los campesinos asesinados es de 27 años.
Por otra parte, desde el 2008 al 2013 el Observatorio de Derechos Humanos del Bajo Aguan registró que 38 personas pertenecientes a los cuerpos de seguridad, terratenientes y victimas colaterales que perdieron la vida a causa del acribillamiento. Este trabajo investigativo es producto de los esfuerzos realizados gracias al apoyo de las organizaciones Diakonia de Suecia y Trocaire de Irlanda, ambas son agencias de la cooperación europeas con más de 25 años de presencia en el país.
Dichas organizaciones han realizado un trabajo coordinado en la temática de Derechos Humanos en la región del Bajo Aguán y desde el año 2013 junto a la Fundación San Alonso Rodríguez, realizan un proyecto de fortalecimiento institucional del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán, el cual está integrado por los 12 movimientos campesinos de la zona, quienes continuamente hacen públicas sus denuncias sobre atentados, secuestros y desalojos violentos. En tal sentido, el Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán solicitó a las autoridades competentes que se investigue, judicialice y sentencie a las personas responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. También que se tomen las medidas inmediatas para prevenir las futuras violaciones de derechos humanos, la reparación a las víctimas, así como que se brinde protección a las y los defensores de derechos humanos.
Asimismo, solicitaron la instalación de una Unidad de investigación en la zona, dependiente de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y de la Unidad de Delitos de Impacto Social, a fin de que se tomen acciones inmediatas que resuelvan las causas estructurales de la violencia en el Bajo Aguán. En tal sentido, el Secretario de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Rigoberto Chang Castillo manifestó que el gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández tiene la mejor disponibilidad para hacer realidad el enfoque de los derechos humanos en el país. El funcionario exhortó a los representantes de dichas organizaciones para que se conformen como personalidad jurídica ya que de esa forma cuenten con el respaldo de la autoridad, lo que les garantizará que durante la realización de sus labores no serán perturbados. “Pretendemos sentar las bases de confianza para demostrar que el gobierno tiene un interés capital en los derechos humanos, ya se terminó la fiesta en este país, se van a procesar y sentenciar a los responsables, les vamos a demostrar que habrá cero impunidad y todo va a cambiar para el beneficio de todos los hondureños”, acotó Chang Castillo.
Por su parte, la Subsecretaria de Derechos Humanos y Justicia, Karla Cueva anunció que existe un equipo de respuesta conformado por representantes de la Secretaría de Seguridad, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y Procuraduría General de la República, quienes a la brevedad del caso se desplazarán a la zona del Bajo Aguán para recabar información que dará soporte a las acciones institucionales con enfoque de derechos humanos. “Esta es una gran oportunidad porque en la medida que el Estado tenga información podremos encontrar la solución y trabajar en las causas que generan los conflictos, para lo cual será necesario la realización de actividades de prevención mediante la implementación de diferentes Políticas Públicas”, agregó Cueva.
hondudiario
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