Tiempo.hn / Martes, 11 Marzo 2014 - 21:42 / Tegucigalpa, Honduras
El Grupo de Sociedad Civil (GSC) presentará en los próximos días un
recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley para la
Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y
Defensa Nacional, informó Omar Rivera, coordinador de esa organización.
El Congreso Nacional anterior aprobó el decreto el pasado 20 de enero,
pero fue publicado hasta el viernes 7 de marzo en el diario oficial La
Gaceta, el cual contiene sanciones en el caso de divulgar información
clasificada.
“Es una ley que es contraria a garantizar el derecho a la información
pública, es contraria a los derechos contenidos en la Constitución de la
República y al contenido de instrumentos internacionales como la
Convención Iberoamericana Contra la Corrupción”, afirmó.
Manifestó que la ley no tiene otro destino que ser declarada
inconstitucional, ilegal y contraria al marco jurídico nacional, ya que
se quiere colocar un manto de opacidad a los usos de los recursos de la
Secretaría de Seguridad y Defensa.
Asimismo, apuntó que la aprobación de la ley limita el accionar de los
medios de comunicación, que hacen auditorías sociales y de todos los
hondureños que quieren procurar una administración sana.
“Lamentamos que el discurso de Juan Orlando Hernández, presidente de la
República, sea un discurso anticorrupción en pro de la transparencia y
se dé con la piedra en los dientes, porque sus actuaciones son
contrarias a ese espíritu que nosotros esperamos de los funcionarios
públicos”, añadió.
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Califican como retroceso Ley de Secretos Oficiales
Tiempo.hn /
Miércoles, 12 Marzo 2014 - 06:17 / Tegucigalpa, Honduras
Miércoles, 12 Marzo 2014 - 06:17 / Tegucigalpa, Honduras
Ante la vigencia de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos
relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, el presidente de la
Barra de Abogados Anticorrupción, Rafael Padilla, aseguró ayer que solo
representa un retroceso en el libre acceso a la información pública.
"Es una ley que entra en una regresión en la cultura de acceso a la
información pública; creemos que la ruta que había seguido con la
promulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública se echa por un
lado al traste con esta legislación”, afirmó el también diputado del
Partido Anticorrupción (PAC).
De igual forma, el profesional del Derecho consideró que la protección
de “secretos” solo se deriva de conductas autoritarias, caudillistas que
pretenden segregar a la población cuando realmente es un pequeño sector
el que accede a los bienes y recursos del Estado.
Pese a que este decreto, mejor conocido como Ley de Secretos Oficiales,
quedó en suspenso en el Congreso Nacional al ser objeto de duras
críticas por diversos sectores sociales, fue publicada el pasado viernes
en la edición número 33, 373 del diario oficial La Gaceta.
En tal sentido, ya fue interpuesto el primer recurso de amparo en su
contra por representantes de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ),
quienes llegaron el lunes anterior a la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) por considerarla que violenta los derechos
fundamentales, atentando en perjuicio de la libertad de información.
NOS CIERRA
Padilla enfatizó que “este gobierno hace todo lo contrario y en vez de hacer transparencia estamos haciendo una sociedad, donde estamos subyugados la gran mayoría a los antojos y caprichos de una clase que nos cierra el acceso a la información, transparencia y justicia”.
Padilla enfatizó que “este gobierno hace todo lo contrario y en vez de hacer transparencia estamos haciendo una sociedad, donde estamos subyugados la gran mayoría a los antojos y caprichos de una clase que nos cierra el acceso a la información, transparencia y justicia”.
Evitar la publicación de información que revele “la alta corrupción
estatal”, ocultando cómo se gastan los recursos en grandes negocios,
incluyendo en beneficios de algunas autoridades son las pretensiones de
esta polémica legislación, señaló.
Aunque las organizaciones de la sociedad civil deben de hacer un
esfuerzo para impugnar esta ley, el abogado criticó que “es una
verdadera tragedia que en Honduras tenemos una Corte Suprema de Justicia
que no protege los intereses de las mayorías, sino que es una instancia
política que está condicionada a los intereses del Poder Ejecutivo y
que antes era el Legislativo.
ESCÁNDALOS
Si bien es cierto, la Ley de Secretos Oficiales establece en su contenido regular y proteger la clasificación de documentos públicos en las materias de Seguridad y Defensa, varios escándalos de inversiones millonarias en estos ámbitos relucieron en publicaciones de los medios de comunicación durante los últimos años.
Si bien es cierto, la Ley de Secretos Oficiales establece en su contenido regular y proteger la clasificación de documentos públicos en las materias de Seguridad y Defensa, varios escándalos de inversiones millonarias en estos ámbitos relucieron en publicaciones de los medios de comunicación durante los últimos años.
El “camarazo” es uno de estos casos, en el que la Secretaría de
Seguridad invirtió 36 millones de dólares (más de 720 millones de
lempiras) en la instalación de cámaras de vigilancia en la capital como
parte del proyecto Ciudad Segura, cuya efectividad no ha sido
significativa en la resolución de crímenes, de acuerdo a expertos.
Mientras que la compra directa a exorbitantes montos (61 millones de
dólares – alrededor de mil 220 millones de lempiras) de varias corbetas a
una compañía holandesa es parte del “lanchazo”, otro de los temas que
causó revuelo en la sociedad hondureña.
DATO
La Barra de Abogados Anticorrupción no descartó la formalización en los próximos días de un recurso de inconstitucionalidad en oposición a este decreto legislativo que procura “ocultar la información de la gestión estatal ante los ojos de las mayorías”, informó el jurista Rafael Padilla.
La Barra de Abogados Anticorrupción no descartó la formalización en los próximos días de un recurso de inconstitucionalidad en oposición a este decreto legislativo que procura “ocultar la información de la gestión estatal ante los ojos de las mayorías”, informó el jurista Rafael Padilla.
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