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Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El extitular de la Comisión para la Promoción de las Alianzas Público Privadas (Coalianza), José Antonio Pineda Cano, recibió de los tribunales capitalinos medidas sustitutivas porque “no le encontraron” motivos para mandarlo a la cárcel a pesar de la existencia de pruebas que lo incriminan de usurpar funciones.
El juez determinó que Pineda Cano, no sea enviado a la Penitenciaría Nacional y que se presente a firmar el libro de asistencia a los juzgados.
Al excomisionado de Coalianza se le acusa de los delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad.
El imputado, en un acto de descaro y suplantando las funciones de los diputados del Congreso Nacional, votó en varias ocasiones a favor de la privatización de los servicios públicos, hasta que fue descubierto por periodistas que cubren las sesiones del hemiciclo.
Pineda, que había sido invitado a la sesión del Congreso porque iban a aprobarse proyectos de inversión público-privado administrados por la institución a su cargo, y alta importancia para los intereses de los hondureños, terminó cometiendo el delito de usurpación de funciones y abuso de autoridad porque no está entre sus atribuciones las acciones parlamentarias.
En la actualidad Pineda afronta un juicio abierto por el Ministerio Público que, en los próximos días, deberá afrontar y será la justicia hondureña la que determine su delito. -
En su contra pesan pruebas visuales contundentes de que sus actuaciones en el Parlamento hondureño constituyen una infracción grave que atenta contra la forma de gobierno del Estado de Honduras.
Pineda nunca dio razones sobre la votación que hizo y hace manos de 24 horas presentó su renuncia ante los diputados de la cámara legislativa y fue aceptada.
Tegucigalpa. El extitular de la Comisión para la Promoción de las Alianzas Público Privadas (Coalianza), José Antonio Pineda Cano, recibió de los tribunales capitalinos medidas sustitutivas porque “no le encontraron” motivos para mandarlo a la cárcel a pesar de la existencia de pruebas que lo incriminan de usurpar funciones.
El juez determinó que Pineda Cano, no sea enviado a la Penitenciaría Nacional y que se presente a firmar el libro de asistencia a los juzgados.
Al excomisionado de Coalianza se le acusa de los delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad.
El imputado, en un acto de descaro y suplantando las funciones de los diputados del Congreso Nacional, votó en varias ocasiones a favor de la privatización de los servicios públicos, hasta que fue descubierto por periodistas que cubren las sesiones del hemiciclo.
Pineda, que había sido invitado a la sesión del Congreso porque iban a aprobarse proyectos de inversión público-privado administrados por la institución a su cargo, y alta importancia para los intereses de los hondureños, terminó cometiendo el delito de usurpación de funciones y abuso de autoridad porque no está entre sus atribuciones las acciones parlamentarias.
En la actualidad Pineda afronta un juicio abierto por el Ministerio Público que, en los próximos días, deberá afrontar y será la justicia hondureña la que determine su delito. -
En su contra pesan pruebas visuales contundentes de que sus actuaciones en el Parlamento hondureño constituyen una infracción grave que atenta contra la forma de gobierno del Estado de Honduras.
Pineda nunca dio razones sobre la votación que hizo y hace manos de 24 horas presentó su renuncia ante los diputados de la cámara legislativa y fue aceptada.
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