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| Miguel Vivanco director de HRW |
AFP
La organización Human Rights Watch consideró "gravísimo" este miércoles
la impunidad que aun rodea la muerte de 92 campesinos hondureños
durante los conflictos por tierras ocurridos en la región de Bajo Aguán
(noreste) entre 2009 y 2012.
"El costo de estos hechos de violencia ha sido gravísimo", afirmó el
director del organismo, el chileno Miguel Vivanco, al presentar un
informe "Aquí no hay investigaciones, impunidad en homicidios y otros
abusos en el Bajo Aguán", en un hotel de la capital.
Según el informe, elaborado tras un año de investigación, la mayoría de
las 92 personas que fallecieron en Bajo Aguán, 600 km al noreste de la
capital, eran miembros de organizaciones campesinas y alrededor de seis u
ocho guardias de seguridad.
"En ningún caso ha habido sentencia condenatoria", porque ni siquiera lo han investigado, cuestionó.
Señaló que la falta de acciones mínimas por parte de las autoridades
para investigar estos crímenes "alcanza niveles perturbadores".
El conflicto surgió en 2009 como consecuencia de una reforma agraria
que permitió a los campesinos hondureños vender a los terratenientes
grandes parcelas de tierra, pese a la oposición de las comunidades
beneficiadas que administraban sus parcelas de forma colectiva.
Muchas comunidades acudieron a los tribunales para impugnar la legitimidad de las reformas.
En represalia, los campesinos fueron objeto de "golpizas y asesinatos",
así como intimidación, amenazas y violencia por parte de guardias de
seguridad privada contratados por los terratenientes, denunció Vivanco,
durante la presentación del informe.
Dijo que comprobaron que en ocasiones, los miembros de las fuerzas de
seguridad pública que llegaron a la zona para restablecer el orden,
realizaron detenciones arbitrarias, torturas y desalojos forzados.
Reconoció que el gobierno del ex presidente Porfirio Lobo (2010-2014)
intentó mitigar el problema con promesas de tierras, que cumplió a
medias.
Vivanco lamentó que en Honduras -uno de los países más violentos del mundo- sea habitual que las investigaciones no prosperen.
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Impunidad en homicidios vinculados a conflictos de tierras en el Bajo Aguán : Human Rights Watch
“Incluso tratándose de un país con alarmantes niveles de violencia e impunidad, la situación en el Bajo Aguán es particularmente grave”, observó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “La ausencia de las medidas más básicas para llevar a los responsables de crímenes ante la justicia, ha perpetuado un clima de impunidad que estimula nuevos delitos, e incrementa la desconfianza en las autoridades”.
En ninguno de los 29 homicidios documentados por Human Rights Watch en el Bajo Aguán se ha dictado condena, según surge de información proporcionada por funcionarios gubernamentales. Solamente un caso llegó a juicio: el asesinato de cinco campesinos, ocurrido en noviembre de 2010. Pero en enero de 2013 se dictó el sobreseimiento provisional hasta que se presentaran nuevas evidencias, luego de que la justicia no encontrara elementos suficientes para seguir adelante con la causa, y desde entonces no se ha reanudado.
La región del Bajo Aguán, en el norte de Honduras, ha sido escenario de prolongadas y a menudo violentos conflictos por la tierra, muchas de ellas surgidas tras la reforma de la ley agraria del país en 1992. Grandes extensiones de territorio en la región han sido disputadas entre organizaciones campesinas y empresas agroindustriales, que se dedican en su mayoría al cultivo de palma africana para la producción de aceite. Según un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, 92 personas murieron en el contexto de conflictos por la tierra en el Bajo Aguán entre 2009 y 2012. Si bien la mayoría de las víctimas han sido campesinos, también fueron asesinados guardias de seguridad empleados por empresas privadas.
El estudio establece que en casos en que la evidencia sugería que soldados y policías del Bajo Aguán cometieron violaciones de derechos humanos, los investigadores no cumplieron pasos básicos para determinar si se habían producido abusos, según comprobó Human Rights Watch. Frente a hechos en que las evidencias indicaban que miembros de las fuerzas de seguridad participaron en torturas y detenciones arbitrarias, los fiscales no se constituyeron en hasta el lugar de los hechos ni entrevistaron a testigos y presuntos responsables. Las autoridades también postergaron la búsqueda de personas que, según indica la evidencia, fueron llevadas contra su voluntad, aun cuando había indicios sobre dónde podrían ser encontradas. En uno de estos casos que fue examinado por Human Rights Watch, la víctima posteriormente fue hallada muerta, y dos aún están desaparecidas.
Human Rights Watch establece en su informe que la falta de transparencia por parte de fiscales y policías con respecto al estado de las investigaciones en curso mantiene desinformados a los familiares y socava la confianza en el sistema judicial. Sumados a la falta de avances en el juzgamiento de estos delitos, estos factores provocan un círculo vicioso que disuade a quienes podrían aportar pruebas que permitan procesar a los responsables.
En 13 de los 29 homicidios y privación ilegal de la libertad que investigó Human Rights Watch, las evidencias apuntaban a la posible intervención de guardias de seguridad privada. Los guardias privados están sujetos a las leyes nacionales sobre uso de la fuerza y están obligados a respetar los derechos de los ciudadanos. Las investigaciones de casos en que las víctimas indicaron que había guardias privados involucrados han estado marcadas por reiterados errores y omisiones, como situaciones en que los fiscales no exigieron los registros laborales donde consta qué guardias estaban trabajando cuando se cometió un delito.
Debido a la presunta participación de guardias de seguridad que trabajan para empresas agroindustriales del Bajo Aguán en delitos vinculados a conflictos por tierras, la Oficina del Ombudsman (CAO) —el mecanismo de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (IFC)— ha iniciado una investigación sobre préstamos otorgados por esta última a un cooporación local, indica Human Rights Watch.
La IFC, organismo de préstamo al sector privado del Banco Mundial, cuenta con normas sobre las prácticas de sus clientes relativas a contratación, utilización y supervisión de guardias de seguridad privada, en particular ante denuncias creíbles de abusos. La corporacion hindureña investigada, indicó a Human Rights Watch que realiza investigaciones internas de todas las denuncias de abusos que afectan a su personal y coopera plenamente con las autoridades en relación con cualquier denuncia penal.
El informe del Ombudsman del Banco Mundial, que se difundió en enero de 2014, identificó graves problemas en el modo en que el personal de la IFC había manejado la situación, que incluyeron subestimar los riesgos relativos a seguridad y conflictos por tierras, y no actuar con la debida diligencia a pesar de que se había planteado públicamente la situación relativa al proyecto y los riesgos que suponía. Según concluye el informe, el personal de proyectos de la IFC tampoco informó a otros especialistas de IFC en este tipo de riesgos ambientales y sociales sobre los problemas que sabían que estaban sucediendo. La IFC ha reconocido públicamente que hubo falencias en la implementación por la IFC de sus propios estándares.
La falta de progreso en las investigaciones en el Bajo Aguán ha exacerbado la desconfianza en el gobierno y el temor entre la población de la región, sobre todo las organizaciones campesinas.
Al evaluar en accionar gubernamental, durante 2010 a 2013, del presidente Porfirio Lobo, Human Rights Watch que se implementaron medidas tendientes a mitigar los conflictos por tierras en el Bajo Aguán a través de mediación y compra de tierras. Pero, en general, la estrategia de su gobierno para abordar la violencia en la región consistió en incrementar la presencia de fuerzas de seguridad y atribuir su origen a grupos delictivos. No obstante, esta estrategia no contribuyó a reducir los delitos ni mejorar la rendición de cuentas.
El gobierno del presidente Lobo tampoco adoptó medidas preventivas para proteger a personas que se encontraban en riesgo a causa de conflictos por tierras en el Bajo Aguán, incluso en casos en que las evidencias sugerían de manera persuasiva que era probable que se produjeran hechos de violencia. En al menos dos ocasiones desde 2010, fueron asesinadas personas que previamente habían sido beneficiadas formalmente con “medidas cautelares” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en razón de las actividades que desarrollaban en el Bajo Aguán, y que exigían al gobierno hondureño brindarles protección inmediata. Estas víctimas fueron un periodista y un activista campesino. En un tercer caso, un abogado de derechos humanos a quien el gobierno hondureño había prometido protección fue asesinado. Ninguna de estas tres víctimas contaba con protección del gobierno en el momento en que fueron asesinadas, concluyó Human Rights Watch.
En otras instancias de amenazas creíbles a comunidades o personas, los funcionarios no han investigado los hechos ni han ofrecido medidas de protección efectivas. Reiteradamente en 2013, militares en la región agravaron el riesgo al cual estaban expuestos ciertos activistas que trabajan en el Bajo Aguán, al hacer declaraciones difamatorias y cuestionar la credibilidad de su trabajo.
“El nuevo gobierno tiene la oportunidad de superar el fracaso de sus antecesores y, de una vez por todas, sancionar los asesinatos y abusos en el Bajo Aguán”, señaló Vivanco. “Si la actual administración no hace un esfuerzo serio, desde el primer día, para investigar estos crímenes, el gravísimo ciclo de violencia en el Aguán continuará”, puntualizó.
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Impunidad en homicidios vinculados a conflictos de tierras en el Bajo Aguán : Human Rights Watch
Autor del articulo: Proceso Digital / 12 de Febrero 2014:10:34 Am
Tegucigalpa - Las autoridades hondureñas
no han investigado adecuadamente la ola de homicidios y otros abusos vinculados a conflictos por la tierra en la región del
Bajo Aguán, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy.
El informe de 78 páginas, “‘Aquí no hay investigaciones’: Impunidad de
homicidios y otros abusos en el Bajo Aguán, Honduras”, examina 29 homicidios y
dos privaciones ilegales de la libertad ocurridos en el Bajo Aguán desde 2009,
así como violaciones de derechos humanos cometidas por soldados y policías.
Human Rights Watch determinó que fiscales y policías ignoraron sistemáticamente
medidas de investigación oportunas y exhaustivas que permitieran esclarecer
estos delitos, y dicha omisión ha sido reconocida en entrevistas por fiscales,
policías y militares hondureños. “Incluso tratándose de un país con alarmantes niveles de violencia e impunidad, la situación en el Bajo Aguán es particularmente grave”, observó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “La ausencia de las medidas más básicas para llevar a los responsables de crímenes ante la justicia, ha perpetuado un clima de impunidad que estimula nuevos delitos, e incrementa la desconfianza en las autoridades”.
En ninguno de los 29 homicidios documentados por Human Rights Watch en el Bajo Aguán se ha dictado condena, según surge de información proporcionada por funcionarios gubernamentales. Solamente un caso llegó a juicio: el asesinato de cinco campesinos, ocurrido en noviembre de 2010. Pero en enero de 2013 se dictó el sobreseimiento provisional hasta que se presentaran nuevas evidencias, luego de que la justicia no encontrara elementos suficientes para seguir adelante con la causa, y desde entonces no se ha reanudado.
La región del Bajo Aguán, en el norte de Honduras, ha sido escenario de prolongadas y a menudo violentos conflictos por la tierra, muchas de ellas surgidas tras la reforma de la ley agraria del país en 1992. Grandes extensiones de territorio en la región han sido disputadas entre organizaciones campesinas y empresas agroindustriales, que se dedican en su mayoría al cultivo de palma africana para la producción de aceite. Según un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, 92 personas murieron en el contexto de conflictos por la tierra en el Bajo Aguán entre 2009 y 2012. Si bien la mayoría de las víctimas han sido campesinos, también fueron asesinados guardias de seguridad empleados por empresas privadas.
El estudio establece que en casos en que la evidencia sugería que soldados y policías del Bajo Aguán cometieron violaciones de derechos humanos, los investigadores no cumplieron pasos básicos para determinar si se habían producido abusos, según comprobó Human Rights Watch. Frente a hechos en que las evidencias indicaban que miembros de las fuerzas de seguridad participaron en torturas y detenciones arbitrarias, los fiscales no se constituyeron en hasta el lugar de los hechos ni entrevistaron a testigos y presuntos responsables. Las autoridades también postergaron la búsqueda de personas que, según indica la evidencia, fueron llevadas contra su voluntad, aun cuando había indicios sobre dónde podrían ser encontradas. En uno de estos casos que fue examinado por Human Rights Watch, la víctima posteriormente fue hallada muerta, y dos aún están desaparecidas.
Human Rights Watch establece en su informe que la falta de transparencia por parte de fiscales y policías con respecto al estado de las investigaciones en curso mantiene desinformados a los familiares y socava la confianza en el sistema judicial. Sumados a la falta de avances en el juzgamiento de estos delitos, estos factores provocan un círculo vicioso que disuade a quienes podrían aportar pruebas que permitan procesar a los responsables.
En 13 de los 29 homicidios y privación ilegal de la libertad que investigó Human Rights Watch, las evidencias apuntaban a la posible intervención de guardias de seguridad privada. Los guardias privados están sujetos a las leyes nacionales sobre uso de la fuerza y están obligados a respetar los derechos de los ciudadanos. Las investigaciones de casos en que las víctimas indicaron que había guardias privados involucrados han estado marcadas por reiterados errores y omisiones, como situaciones en que los fiscales no exigieron los registros laborales donde consta qué guardias estaban trabajando cuando se cometió un delito.
Debido a la presunta participación de guardias de seguridad que trabajan para empresas agroindustriales del Bajo Aguán en delitos vinculados a conflictos por tierras, la Oficina del Ombudsman (CAO) —el mecanismo de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (IFC)— ha iniciado una investigación sobre préstamos otorgados por esta última a un cooporación local, indica Human Rights Watch.
La IFC, organismo de préstamo al sector privado del Banco Mundial, cuenta con normas sobre las prácticas de sus clientes relativas a contratación, utilización y supervisión de guardias de seguridad privada, en particular ante denuncias creíbles de abusos. La corporacion hindureña investigada, indicó a Human Rights Watch que realiza investigaciones internas de todas las denuncias de abusos que afectan a su personal y coopera plenamente con las autoridades en relación con cualquier denuncia penal.
El informe del Ombudsman del Banco Mundial, que se difundió en enero de 2014, identificó graves problemas en el modo en que el personal de la IFC había manejado la situación, que incluyeron subestimar los riesgos relativos a seguridad y conflictos por tierras, y no actuar con la debida diligencia a pesar de que se había planteado públicamente la situación relativa al proyecto y los riesgos que suponía. Según concluye el informe, el personal de proyectos de la IFC tampoco informó a otros especialistas de IFC en este tipo de riesgos ambientales y sociales sobre los problemas que sabían que estaban sucediendo. La IFC ha reconocido públicamente que hubo falencias en la implementación por la IFC de sus propios estándares.
La falta de progreso en las investigaciones en el Bajo Aguán ha exacerbado la desconfianza en el gobierno y el temor entre la población de la región, sobre todo las organizaciones campesinas.
Al evaluar en accionar gubernamental, durante 2010 a 2013, del presidente Porfirio Lobo, Human Rights Watch que se implementaron medidas tendientes a mitigar los conflictos por tierras en el Bajo Aguán a través de mediación y compra de tierras. Pero, en general, la estrategia de su gobierno para abordar la violencia en la región consistió en incrementar la presencia de fuerzas de seguridad y atribuir su origen a grupos delictivos. No obstante, esta estrategia no contribuyó a reducir los delitos ni mejorar la rendición de cuentas.
El gobierno del presidente Lobo tampoco adoptó medidas preventivas para proteger a personas que se encontraban en riesgo a causa de conflictos por tierras en el Bajo Aguán, incluso en casos en que las evidencias sugerían de manera persuasiva que era probable que se produjeran hechos de violencia. En al menos dos ocasiones desde 2010, fueron asesinadas personas que previamente habían sido beneficiadas formalmente con “medidas cautelares” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en razón de las actividades que desarrollaban en el Bajo Aguán, y que exigían al gobierno hondureño brindarles protección inmediata. Estas víctimas fueron un periodista y un activista campesino. En un tercer caso, un abogado de derechos humanos a quien el gobierno hondureño había prometido protección fue asesinado. Ninguna de estas tres víctimas contaba con protección del gobierno en el momento en que fueron asesinadas, concluyó Human Rights Watch.
En otras instancias de amenazas creíbles a comunidades o personas, los funcionarios no han investigado los hechos ni han ofrecido medidas de protección efectivas. Reiteradamente en 2013, militares en la región agravaron el riesgo al cual estaban expuestos ciertos activistas que trabajan en el Bajo Aguán, al hacer declaraciones difamatorias y cuestionar la credibilidad de su trabajo.
“El nuevo gobierno tiene la oportunidad de superar el fracaso de sus antecesores y, de una vez por todas, sancionar los asesinatos y abusos en el Bajo Aguán”, señaló Vivanco. “Si la actual administración no hace un esfuerzo serio, desde el primer día, para investigar estos crímenes, el gravísimo ciclo de violencia en el Aguán continuará”, puntualizó.
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