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Observadores/as
de PROAH asistieron a la última audiencia de conciliación el 29 de
enero entre representantes de AZUNOSA y de los campesinos - la CNTC
(Comision Nacional de Trabajadores del Campo ) y el ADCP (Asociación
para el Desarrollo Campesino de Progreso ). Las dos partes están
enfrascadas en una disputa por tierras en Agua Blanca Sur, ocupado por
AZUNOSA, la empresa azucarera de propiedad de la multinacional británica
SAB Miller, que opera en el Valle de Sula1.
El
proceso de conciliación, que comenzó en noviembre, en teoría debería
permitir el levantamiento de los cargos contra los campesinos (quienes
habían ocupado las tierras en disputa, hasta su expulsión en junio de
2013). Sin embargo apenas se progresó el 29 de enero, en la 4° reunión
de conciliación entre empresa y campesinos/as. AZUNOSA no hizo ninguna
oferta en concreto. Magdalena Morales se enfrenta a otra audiencia en la
corte el 11 de febrero2.
Magdalena Morales
Según
los últimos datos de la CNTC, en la actualidad hay un total de 108
personas sujetas a procedimientos judiciales en relación con este caso.
Magdalena Morales fue arrestada el 26 de julio de 2013, en su oficina y,
con acusaciones similares a las que hay en contra de la dirigencia de
COPINH, acusada de usurpar tierras.
Como resultado de las medidas
alternativas a la prisión, ella es incapaz de visitar la zona en
disputa, lo que afecta seriamente su trabajo en apoyo de los
campesinos/as. Otra de las personas afectadas es Félix Torres Meraz de
65 años. Ha estado bajo arresto domiciliario desde junio3
y tiene que firmar regularmente en el Palacio de Justicia, medidas que
ha sido incapaz de cumplir recientemente porque sufre de neumonía. El
tribunal ha amenazado con encarcelar a su hija si ella no firma en su
lugar. Además de esta persecución judicial, Magdalena y otros también
han sufrido vigilancia y amenazas de muerte. Según Magdalena, en la
segunda reunión de conciliación del 2 de diciembre, Víctor Ramos
(presidente del mismo AZUNOSA) se dirigió a ella diciendo textualmente :
" cuídese el pellejo ".
En
la reunión del 29 de enero, los abogados de AZUNOSA se basaron en el
veredicto de la Corte Suprema a fecha 9 de diciembre de 2013, a favor de
la empresa azucarera4. Al
parecer no se hizo público hasta el 20 de diciembre, dejando poco
tiempo para que el equipo legal de los campesinos pudiera reaccionar.
Finalmente interpusieron un recurso de apelación contra la sentencia por
razones de inconstitucionalidad (recurso de amparo). La sentencia de la
Corte Suprema avala el fallo del Consejo Nacional Agrario, en noviembre
de 2012, que revocó la decisión tomada por el INA en marzo de 2012, en
favor de los campesinos.
El
INA había fallado en contra de AZUNOSA porque sus tenencias de la
tierra en Agua Blanca Sur superan el " sobretecho " - el límite máximo
impuesto en virtud de la LMDSA (1992, Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola),
que limita a 250 hectáreas la propiedad de la tierra en el Valle de
Sula . AZUNOSA ha argumentado que el propósito de la LMDSA era
desalentar la acumulación de tierras ociosas con fines especulativos y
no estaba destinado a ser utilizado en contra de las fincas en plena
producción, alegando que esto es explícito en el preámbulo de la LMDSA .
La azucarera argumenta que fue sobre esa base que el SAG (Secretaría de
Agricultura y Ganaderia) había concedido formalmente la renuncia al
sobretecho . De hecho, el preámbulo de la LMDSA pone en primer plano la
importancia de la producción de alimentos y la seguridad alimentaria.
Parece que casi toda el azúcar que produce AZUNOSA es para la
elaboración de refrescos de la línea de Coca Cola Company, cuyo valor
como fuente de nutrición es bastante dudoso. En cambio, las 1600
familias campesinas en la lucha para recuperar la tierra quieren sembrar
cultivos para alimentarse.
En
la reunión de conciliación, los abogados también se centraron en el
tratado bilateral de inversiones entre el Reino Unido y Honduras firmado
en 1993 (Acuerdo
entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y
el Gobierno de la República de Honduras para la Promoción y Protección
de Inversiones). En virtud de su artículo 5, no debería haber
ninguna expropiación de las inversiones de cualquiera de las partes,
salvo si se considera que está en el interés público y, de ser así,
estaría sujeto a una "compensación pronta, adecuada y efectiva". INA
había ofrecido a AZUNOSA $ 10.000.000, aunque los abogados de AZUNOSA
habían declarado que las pérdidas reales sufridas por AZUNOSA estarían
más cerca de 83 millones de dólares5
- un incentivo más para que el Estado se mantenga a favor de AZUNOSA.
Es clara la presión diplomática desde el Reino Unido para revocar la
decisión del INA - fue la embajadora británica si misma, quien anunció
la decisión del Consejo Nacional Agrario en noviembre de 2012 contra los
campesinos6.
La
Unión Europea ha introducido un pilar comercial más a través de su
Acuerdo de Asociación con los países centroamericanos, aplicado en
Honduras desde agosto de 2013, lo que significa que el tratado bilateral
de inversiones entre el Reino Unido y Honduras, en última instancia
será reemplazado por uno de la UE, si no ha sido así ya. Sin embargo, en
el último artículo del tratado existente hay una cláusula en virtud de
la cual las inversiones realizadas mientras esté en vigor continuarán
siendo sujetas a las disposiciones del tratado por 20 años después de la
terminación del mismo.
Mientras tanto, Magdalena y los campesinos/as permanecen en un limbo legal y siguen recibiendo amenazas.
1Ver artículo (en inglés) de SOA Watch, para información más detallada sobre el caso: The Struggle for Land in Agua Blanca Sur
4Ver Defensoresenlinea Regresan tierras expropiadas a Azunosa
6 El Heraldo Consejo Nacional Agrario falla a favor de Azunosa.
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