| Ebal Díaz, asesor del Congreso, llegó a los bajos de este poder del Estado a dar detalles |
El TSE será sustituido, si pasan las reformas, por un Tribunal de Justicia Electoral
Tegucigalpa. Sin haber sido consensuadas con ninguna fuerza política, las anunciadas reformas de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas serán conocidas el próximo lunes 6 de enero por el Congreso Nacional.
El asesor del Congreso, Ebal Díaz, dijo
que está consciente de que los cambios que se pretende hacer no han
sido concertados, pero esta etapa se desarrollará durante el debate que
se generará en el hemiciclo legislativo.
“Esos son los diálogos que deben
comenzar la otra semana. Todo mundo debe participar, todas las fuerzas,
porque la reforma es para incluir, para abrir, no para cerrar, no para
excluir a los partidos pequeños y favorecer a los grandes.
Es para que cada partido tenga su
representatividad en el Tribunal Supremo Electoral”, dijo el cercano
colaborador del presidente electo Juan Orlando Hernández.
Las reformas
Cuatro son los temas que se
reformarán: el primero está relacionado con la forma de elección de los
diputados, que por ahora se basa en la creación de un cociente electoral
departamental tomando como base el número de votos válidos por
departamento y dividido entre el número de cargos a elegir por ese
departamento.
Según la propuesta, el cociente se
sustituye por los distritos electorales, que consiste en diseñar un
espacio poblacional pequeño del territorio nacional, donde habrá uno o
dos cargos disponibles que se disputarán varios competidores.
Otra reforma reestructura el Tribunal
Supremo Electoral (TSE), institución creada en 2004, que está a punto de
pasar a “mejor vida”.
El TSE será sustituido, si pasan las
reformas, por un Tribunal de Justicia Electoral que conocerá de las
causas relacionadas con impugnaciones y resoluciones, y un Colegio
Electoral que se encargará de la parte operativa de los procesos
electorales.
Este Colegio Electoral estará formado
por un miembro de cada uno de los siete partidos políticos: Partido
Nacional, Libertad y Refundación, Partido Liberal, Partido
Anticorrupción, Partido Innovación y Unidad, Democracia Cristiana y
Unificación Democrática.
El TSE lo integran tres magistrados
propietarios y un suplente que en teoría no representan a ningún partido
político, pero en el momento de su nombramiento fueron propuestos por
los partidos Nacional, Liberal, Democracia Cristiana e Innovación y
Unidad.
Para el asesor del Congreso, el tema del TSE “es bastante importante.
Se trata de fortalecer la justicia
electoral, de fortalecer la parte administrativa, que es un rubro que
tiene que ver con logística, administración de recursos, y la otra es la
parte de la justicia electoral, que tiene que ver con la resolución de
las impugnaciones.
Con cambiarle nombre no cambiamos nada
si no cambiamos su esencia y en este caso se está proponiendo reformar
la esencia del Tribunal”.
Otro de los temas por reformar es la
deuda política que este año se pagó en función de 33 lempiras por cada
voto a los partidos que participaron en las elecciones generales de
2009.
La deuda sería sustituida por un financiamiento permanente por parte del Estado (pueblo) a los partidos políticos.
Piden tomar en cuenta al TSE
Tegucigalpa. El magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral
(TSE), Denis Gómez, demandó del Congreso Nacional utilizar como “el
norte” de las discusiones el proyecto de Ley para la Participación
Política y Electoral presentado en agosto de 2011 por el ente colegiado,
que fue desestimado por Poder Legislativo.
“Esa propuesta debería ser el norte
de lo que marcaría la discusión de la Ley Electoral, de las reformas o
una nueva ley”, dijo.
La presidenta del Congreso Nacional,
Lena Gutiérrez, nombró una comisión integrada por diputados de las cinco
bancadas para que preparen un paquete de reformas electorales.
La comisión es presidida por el
diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas; Edwin Pavón, de la UD;
Augusto Cruz Asensio y Orle Solís, de la DC; German Leitzelar, del Pinu;
Yuri Sabas y María Bertilia Zepeda, del Partido Liberal; los
nacionalistas Ricardo Díaz, Reinaldo Sánchez y Lorena Herrera.
La decisión se tomó a raíz de una
moción presentada por el parlamentario nacionalista Celín Discua Elvir.
Se planteó que ese proyecto de reformas contenga la posibilidad de una
segunda vuelta electoral.
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