HONDURAS: Magistrados destituidos se presentarán a sus cargos el próximo 3 de enero // Exmagistrado Gutiérrez: "Lo lógico es una rectificación honrosa del Congreso"

Autor del articulo: Proceso Digital /25/12/2012

Tegucigalpa- La ex magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rosalinda Cruz Sequeira dijo que ella y sus compañeros destituidos no reconocen la determinación del Congreso Nacional de separarlos de sus cargo, pues se trata de una medida ilegal, por lo tanto, los cuatro magistrados se presentarán a sus puestos el próximo 3 de enero.

· La clase política ha venido viendo la Corte como “la cenicienta “del cuento: ex magistrada Rosalinda Cruz

· “El Estado quedaría muy mal si algo nos sucediera a alguno de nosotros” advirtió la aboga Cruz Sequeira refriéndose a la seguridad personal de los cuatro ex jueces del primer tribunal de justicia de Honduras.

El pasado 12 de diciembre, el Congreso Nacional destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional: Rosalinda Cruz Sequeira, Gustavo Bustillo Palma, José Francisco Ruiz Gaekel y José Antonio Gutiérrez Navas.

La molestia de los poderes Ejecutivo y Legislativo originó una intervención administrativa por parte del Congreso Nacional debido a un fallo de la Sala de lo Constitucional, adoptado por mayoría, que declara inconstitucionales las pruebas de confianza que se aplican a los miembros de la Policía.

El argumento de una comisión investigadora nombrada por el Congreso Nacional y que rindió un informe a la velocidad de un rayo, señala que la decisión de la sala “no es congruente con la política de seguridad implementada por los poderes Ejecutivo y Legislativo”.

En ese sentido, Cruz Sequeira dijo que ella y sus compañeros destituidos no reconocen la determinación del Legislativo por ser ilegal, por lo tanto, los cuatro magistrados se presentarán a sus puestos el próximo 3 de enero.

“Nosotros regresaremos, pese a las declaraciones del presidente Porfirio Lobo quien ha dicho en las últimas horas que va a militarizar la Corte para impedir nuestro ingreso y echarnos a la fuerza en una clara intervención de poderes”, señaló.

Indicó que ese día, ellos se presentarán a sus labores acompañados de personal del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, fiscales del Ministerio Público y del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

La togada recordó que la Corte Suprema de Justicia, desde el inicio de este Gobierno, ha venido sufriendo ataques severos. Explicó que la labor de la Sala de lo Constitucional sólo es de contrapeso entre poderes.

Sostuvo que el “Congreso Nacional ha ido aprobando leyes que están muy lejos de cumplir con la Constitución y las leyes de la República”.

Ante las peticiones de recurrentes, las leyes que emite el Legislativo son confrontadas con la Constitución y las leyes vigentes, explicó.

En ese sentido, se declaró inconstitucional el decreto 28-2008 sobre la Reforma Agraria, la ley del 1%, que el Gobierno quería aplicar retroactivamente, la Ley de las Iglesias Evangélicas, la Ley de las Regiones Especiales de Desarrollo o Ciudades Modelo, y por último la Ley de Depuración Policial.

Indicó que en el caso de la Ley de las Iglesias Evangélicas, la misma Constitución dice que la persona es libre de escoger su religión y en esa ley se estaban beneficiando a unas y perjudicando a otras.

En cuanto a la Ley de las Regiones Especiales de Desarrollo, explicó que perjudicaba la soberanía del país, porque se iba a crear un Estado dentro de otro Estado, una ciudad modelo iba a tener un gobernador, sus propios jueces y su seguridad, donde sólo el gobernador podía dar permiso a otra persona de ingresar al lugar, y eso iba a dejar desprotegido al resto de la población.

Sobre las pruebas de confianza, cuestionó que el Poder Legislativo, se centró en el tema del polígrafo para la destitución. “Nosotros sólo aplicamos las leyes, el polígrafo está estrictamente prohibido en el Código Penal, por eso se declaró inconstitucional”, explicó.

Cruz Sequeira pidió al Congreso que si en verdad tiene pruebas de que los magistrados destituidos andan ligados con la delincuencia, que las presente para así defenderse.

“Hoy, este día, los hechos demuestran lo contrario, nosotros no fuimos destituidos realmente por la Ley de Depuración de la Policía, porque al emitir la nueva ley, el Congreso ratificó los argumentos del fallo que había emitido la Sala de lo Constitucional”, arguyó la ex magistrada, en el programa por una Honduras con Honra de la Iglesia Evangélica Vida Abundante, que se transmite por Radio América.

Presidente de la Corte continúa en silencio

La togada sostuvo que hasta la fecha el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés no se ha comunicado con ellos.

“Lo que sabemos es que él se presentó al Poder Legislativo en horas de la tarde, noche y madrugada del fatídico día12 de diciembre, él sabia todo lo que estaba pasando”, aseveró.

Asimismo, dijo que de fuentes confiables les han dicho a ellos que todo lo sucedido estaba preparado, porque el problema eran los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional.

Añadió que algunos diputados les explicaron que había un temor en el Congreso Nacional porque el precandidato nacionalista Ricardo Álvarez interpondría un recurso ante la Corte y que esa sería la causa real por la que tomaron la decisión de destituirnos de una forma arbitraria e ilegal.

Señaló que la clase política ha venido viendo la Corte como “la cenicienta” del cuento, como que es el menor de los poderes y en el cual en tiempos anteriores han tenido una injerencia directa para influenciar fallos de uno u otro sentido.

Congreso no puede destituir magistrados

¿Qué me diga el presidente del Congreso Nacional (Juan Hernández) y el presidente del Ejecutivo (Porfirio Lobo), en qué artículo de la Constitución dice que el Congreso nos puede destituir?, preguntó Cruz Sequeira.

Explicó que la Constitución es clara, es la carta fundamental, donde se establecen los deberes y derechos, no hay ningún lugar en la Constitución que diga que el Congreso pueda destituir a los magistrados de la Corte.

Señaló que el Legislativo ha entrado en una incoherencia e incongruencia entre lo dicho y lo actuado, se empieza con que van a revisar la conducta administrativa y eso sólo le corresponde al presidente la Corte por decisión del mismo Congreso. “Nosotros no administramos nada, sólo tenemos a cargo manejar proyectos de fallos y participar en plenos”.

“Ellos no tenían ninguna causal para destituirnos”, reiteró.

Agregó que la misma Constitución establece las causales de separación de los magistrados que puede ser por razón de muerte, incapacidad que le imposibilite ejercer el cargo o renuncia.

“Al presidente Lobo y a Hernández les digo que el daño que le han hecho al país es enorme y que la historia los va a juzgar por lo que han hecho, el Estado quedaría muy mal si algo nos sucediera a alguno de nosotros, ya el magistrado Gutiérrez Navas tuvo que salir por amenazas a muerte no queremos que la sangre corra, queremos vivir en democracia y paz con nuestros hijos en este país”, sostuvo.

Asimismo, dijo que si el Congreso puede rectificar que lo haga, sino por su parte no hay odio, ni resentimiento, porque nosotros si tenemos a Dios en nuestro corazón.

Reiteró que “ni yo, ni los demás magistrados estamos ligados al crimen organizado como lo han dejado entre ver los presidentes de los poderes Legislativo y Ejecutivo”.

Preocupación familiar

Cruz Sequeira reveló que su familia se encuentra preocupada, principalmente sus hijos al escuchar las declaraciones del presidente Lobo al acusar a su madre y vincularla con corrupción y crimen organizado.

“Todo esto crea una incertidumbre familiar, pero somos personas de fe y esa fe nos ha hecho sigamos adelante y que la lucha que hemos emprendido no es por conservar un trabajo, sino el honor del país”, indicó.

Fuente:  proceso.hn 

                                 *****************
Exmagistrado Gutiérrez: "Lo lógico es una rectificación honrosa del Congreso"

  

Autor del articulo: EFE

 

 

Madrid- El destituido presidente de la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo de Honduras, José Antonio Gutiérrez denunció su situación y la de otros tres magistrados, y aseguró que fue un "acto ilegítimo" por parte del Congreso Nacional.

"Lo correcto, lo lógico es una rectificación honrosa", dijo en una entrevista telefónica con EFE, al calificar lo ocurrido de "error histórico" que está "fuera de todo marco jurídico".

Cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema fueron destituidos recientemente por el Parlamento por declarar inconstitucionales las pruebas de confianza dispuestas a iniciativa del Gobierno para depurar a la Policía.

Además de la rectificación del Parlamento, hay otra posible vía para la restitución de los destituidos a través de la admisión del recurso de amparo que han presentado ante la Corte Suprema, con la anulación de la aprobación parlamentaria, explicó.

El magistrado confía en que se pueda reconducir la "gravísima situación creada" con la decisión del 12 de diciembre, que calificó de "golpe de estado técnico al poder judicial".

Gutiérrez aludió al rechazo que la destitución de los cuatro magistrados ha despertado dentro y fuera de Honduras.

Las decisiones de la Sala de lo Constitucional para que sean definitivas tienen que ser adoptadas por sus cinco componentes. Si aunque solo uno de ellos no vota a favor, como ocurrió en este caso, debe ser abordada por el pleno de la Corte, según detalló Gutiérrez, que considera por ello que el Congreso tomó una decisión cuando el fallo "aún no era firme", por lo que no se siguió el procedimiento.

Destacó además que había un precedente, un fallo de 2001 que había declarado inconstitucional dicha ley.

En este sentido, dijo que ya antes del fallo se les había amenazado públicamente contra el mismo y negó que se opusieran con su decisión a depurar a la policía, como se ha dado a entender desde algunos sectores.

Los otros destituidos son Rosalinda Cruz, José Francisco Ruiz y Gustavo Enrique Bustillo, quienes el mismo día fueron sustituidos por Silvia Trinidad Santos, Germán Vicente García, José Elmer Lizardo y Víctor Manuel Lozano.

Gutiérrez confió en que el recurso de amparo y las gestiones realizadas, entre otras el envío de una carta a la relatora de la ONU para la Independencia de los Jueces, Gabriela Knaul, para que atienda su caso y visite Honduras, surtan efecto.

En este sentido dijo que ya se ha recurrido también ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como se hizo en casos anteriores similares en otros países, como Ecuador o Perú.

El exmagistrado, que viajó a España con su familia tras recibir "amenazas de muerte" con llamadas a su teléfono celular y al de su domicilio, se encuentra hoy en París donde realiza consultas con expertos jurídicos sobre la situación creada.

También lleva a cabo consultas en España, donde realizó su doctorado y donde tiene muchos vínculos ya que está casado con una española y sus tres hijos han nacido en Madrid, capital en la que encabezó la legación diplomática de Honduras.

Gutiérrez, que agradeció la ayuda recibida de la Embajada española en Tegucigalpa, y en concreto del cónsul Juan Pablo García, confirmó a Efe que todavía no ha pedido asilo en España, "pero la posibilidad está abierta dependiendo de como se desarrollen los hechos".

Sobre el eventual retorno a su país, dijo que "de momento estoy esperando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie" y también requeriría que "se garantice la vida y seguridad mía".

De darse las condiciones, "saldría lo antes posible para asumir mi responsabilidad" al frente de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, de la que "sigo siendo presidente", añadió.

En este contexto dijo que sus compañeros van a regresar, tras las vacaciones de Navidad, el día 4 de enero, para lo que la presidenta de la Comisión Anticorrupción de Honduras se ofreció a acompañarlos con el fin de que vuelvan a la Corte Suprema.

"Yo no sé si estaré en Honduras en esa fecha o en posteriores. Depende de cómo marche la situación", señaló.

Gutiérrez destacó el daño que "este hecho nefasto" está causando no solo a la credibilidad de la Justicia en Honduras, sino al propio país de cara a los inversores internacionales, ya que "la empresa privada tiene enormes preocupaciones" .

Por ello, se declaró convencido de que "este yerro puede revertirse" y pidió que "se rectifique" porque "una vez que han analizado más detenidamente lo que estaban haciendo parece ser que han empezado a comprender que se había cometido un error histórico en una noche negra" 

Tomado de: proceso.hn