Martes 27 de Marzo 2012 / Dina Meza
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Washington. Mientras el Estado llegó desgastado con argumentos reiterativos sobre el despido los jueces y la magistrada , en la audiencia ante la Comisión Interamericana, CIDH, que tuvo lugar este lunes 27 de marzo en Washington, los afectados cargaron una gran maleta repleta de pruebas sobre las irregularidades cometidas por el Poder Judicial, al cesantearlos ilegalmente el 05 de mayo de 2010.
A la audiencia llegaron la ex magistrada Tirza Flores y los jueces Guillermo Lòpez Lone, Ramón Enrique Barrios y Luis Alonso Chévez de la Rocha. Marcia Aguiluz y Alejandra Nuño por el Centro por la Justicia y el erechos Internacional, CEJIL.
El Estado llevò una extensa delegación acompañada por Leonidas Rosa Bautista, embajador de Honduras a nte la Organizaciòn de Estados Americanos, OEA, quien se sentò atrás de los oradores, la magistrada Reina Solòrzano, Coordinadora de la Carrera Judicial, Marìa Luìsa Ramos y la Procuradora General de la Repùblica, Ethel Deras.
El 18 de enero de este año la Asociaciòn de Jueces por la Democracia, AJD, y el Centro por la Justicia y el derechos Internacional, CEJIL, solicitaron una audiencia de fondo ante Santiago A. Cantòn, Secretario Ejecutivo, de este organismo del sistema interamericana de justicia, ya el 31 de marzo de 2011 la CIDH aprobó el Informe de admisibilidad número 70/11, por el caso que fue presentado el 5 de julio de 2011.
En la argumentación de la solicitud las organizaciones citadas señalan que se refleja la débil institucionalidad del Estado de Honduras y existen una serie de normas y prácticas que afectan la independencia judicial en dicho país.
Rosa Bautista, embajador de Honduras ante la OEA llegò a cochar a la delegaciòn del EstadoLas violaciones de derechos humanos sufridas por la magistrada y los jueces mencionados continúan sin reparación, pero además, a las antes citadas se suman nuevos hechos violatorios en virtud de la decisión que tomó el Consejo de la Carrera Judicial confirmando la destitución de Tirza Flores Lanza, Guillermo López Lone y Luis Chévez de la Rocha, y revocando el despido del juez Ramón Barrios. De esta manera, como fuera señalado en nuestro escrito de octubre de 2011 dichas decisiones demuestran que la aplicación arbitraria y sesgada de la ley continúa en Honduras, agregan. Además, esta representación sostiene que pese a la restitución en el cargo del juez Barrios Maldonado subsiste la obligación del Estado hondureño de reparar integralmente la totalidad de las violaciones sufridas, lo cual no ha ocurrido hasta la fecha. En relación con el Juez Chévez, pese a que se ordenó el pago de sus prestaciones laborales, dicha decisión tampoco implica un reconocimiento de las violaciones sufridas ni una reparación de la totalidad de las mismas.
El objetivo principal de esta audiencia era que la CIDH proceda a rendir en el menor plazo posible el informe que establece el artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como paso previo para que el caso llegue hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, constituyendo el primero relacionado con el golpe de Estado en Honduras, que se estaría ventilando en un tribunal internacional.
Caso puede impulsar procesos de deducción de responsabilidades por el golpe de Estado
La exmagistrada Tirza Flores carga la maleta de pruebas que llevaron por si acaso ante la CIDHGuillermo Lòpez Lone, juez despedido e integrante de la AJD, describió a través de una presentación el proceso en que se dieron sus despidos y la fragilidad del sistema de justicia hondureño. Ademàs el hecho de que el Consejo de la Carrera Judicial y de la Judicatura tienen falencias de fondo desde el principio que no resolverán los problemas álgidos del Poder Judicial por estar condicionados políticamente al presidente de la Corte Suprema de Justicia y al Congreso Nacional, que nombra a los comisionados.
Por su parte Marcia Aguiluz de CEJIL recordó que los despidos violentaron la libertad personal, los derechos políticos, el principio de legalidad y la falta de independencia del Poder Judicial obstaculizò el debido proceso.
Asimismo se violentò el derecho a la defensa, el de la tutela judicial efectiva y al derecho a la libertad de expresión, en suma lo que se buscò con estos despidos fue evitar que los jueces siguieran criticando a la CSJ, estimular la autocensura en el sistema de justicia hondureño, estigmatizar a los y la afectada, sumando a ello precarizarles la situación económica.
“El caso evidencia el comportamiento lamentable de uno de los poderes del Estado en el golpe de Estado, nunca màs se debe permitir a quienes disientan”, señaló Aguiluz.
Estado llegó agresivo y tratò de reestigmatizar a los jueces
Negando otra vez que hubo golpe de Estado en Honduras, la magistrada Reina Solórzano mostró tal descaro de entrada en su intervención que dijo “eso que ellos llaman golpe de Estado y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación dijo que era otra cosa”.
No bastándole eso quiso dejar reestigmatizado a Guillermo Lòpez Lone ante los comisionados de la CIDH llamándolo mentiroso y antiètico, por participar en la manifestación del 05 de julio de 2009, contra el golpe de Estado, a la que llamò “una manifestación político partidista”. La arremetió también contra el ex Juez Luìs Chèvez al que señaló de violento.
Repitiò como disco rayado los argumentos que el Estado llevó desde febrero del año pasado, eso lo recalcò Alejandra Nuño de CEJIL quien advirtió que “este caso puede impulsar procesos de deducción de responsabilidades por el golpe de Estado”.
En un afán de que los peticionarios se retrocedan en las acciones en el sistema interamericano, la delegación oficialista señaló que pueden presentar un recurso de amparo para que lo conozcan otros abogados que pueden ser llamados para conocerlo, “puedo entregar sentencias donde se ha hecho eso”, dijo la Procuradora General de la Repùblica.
La pretensión es hacer parecer que hay un Debido proceso en el Poder Judicial y que hay independencia, anzuelo que no fue tragado por la CIDH y es muy probable que el caso pase a ser conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a final de este año inmediatamente que la CIDH dè el informe de Fondo solicitado en la audiencia.
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De cada 100 hondureños y hondureñas, 91 se oponen a la minería a cielo abierto
Tegucigalpa.Una consulta popular realizada en varias regiones del país que han experimentado los efectos de la explotación minera a cielo abierto y otras proclives a sufrir el mismo destino, se oponen rotundamente a este tipo de extracción de los recursos minerales que ejecutan compañías transnacionales en Honduras.
Así lo revelaron representantes del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) y la Federación Luterana Mundial en un conversatorio sobre la minería metálica abordado este martes en Tegucigalpa.
Un 91 por ciento de las personas encuestadas manifestó su rechazo total a la explotación minera a cielo abierto por considerar que causa deforestación, contaminación de las fuentes de agua, afectan el paisaje, causan enfermedades dermatológicas e intestinales, inciden en los procesos naturales de siembra, cierran los ciclos productivos que permitan la crianza de ganado y no representan una participación significativa en el Producto Interno Bruto (PIB) de la nación.
La encuesta se realizó en septiembre de 2011 con un universo de 2 mil ciudadanos y ciudadanas que fueron consultadas en diferentes regiones de Honduras. Las personas encuestadas manifestaron que las explotaciones mineras violan los derechos humanos de las comunidades afectadas.
Además reveló que un 54 por ciento de los hondureños y hondureñas piensan que el gobierno no se preocupa y actúa con desidia cuando se trata de proteger los recursos naturales del país y establece que la ciudadanía respalda la lucha ambiental que permita un manejo racional y justo de la riqueza natural hondureña.
Hermilo Soto de la Federación Luterana Mundial Durante el conversatorio, los organizadores proyectaron un documental que revela la voluntad expresada por el pueblo costarricense cuya incidencia ante sus representantes en el Congreso Nacional, trajo como resultado que el 9 de noviembre de 2010, el gobierno de Costa Rica mediante decreto estableciera que queda prohibida la explotación minera a cielo abierto.
Al respecto Hermilo Soto de la Federación Luterana Mundial expresó que si otros países de la región (como es el caso de Costa Rica) que prohíben de manera clara la explotación de minería metálica a cielo abierto, nuestro país de igual manera puede hacer lo mismo, considerando que hay cantidad de poblaciones que han sido afectadas y hay todo un trabajo por organizaciones de sociedad civil, que hay propuestas, y en ese sentido nosotros como Federación Luterana Mundial venimos a sumarnos para apoyar estas iniciativas.
Consultado en torno a la visita que recientemente han hecho al país, altos funcionarios del gobierno de Canadá, cuyas compañías explotan las tierras en Honduras, Soto dijo que no hay duda que el capital canadiense es el que tiene mayores inversiones en la minería y que sus funcionarios, su gobierno y sus empresarios hacen mucha incidencia en el país para que se les creen las condiciones de explotar mineral sin ninguna responsabilidad social para las poblaciones.
“Es más, hay empresas que están dando dinero, sobornando, comprando conciencias, financiando campañas a políticos para que el Congreso Nacional les favorezca, pero nosotros consideramos que hay un alto porcentaje de la población que se opone a esta actividad por los efectos que hemos visto en algunas comunidades como las del valle de Siria y otras y por todo el trabajo de concienciación que han realizado diversas organizaciones de la sociedad civil, en concreto, pensamos que las visitas de estos personeros de Canadá sin duda alguna, que tienen relación con este tema”, sostuvo Soto.
Francisco Saravia Coordinador de Proyectos de la CESPADEn reiteradas ocasiones, tanto los diputados miembros de la comisión de minería como el ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Rigoberto Cuéllar, así como el director de la Dirección de Fomento a la Minería (Defomín), Aldo Santos han ofrecido declaraciones a los medios de comunicación expresando que la nueva ley de Minería, considerada por expertos como peor a la anterior, será aprobada en junio de este año.
Cabe señalar que dichos funcionarios estuvieron recientemente en tierras canadienses para promover las “supuestas bondades de la ley de Minería” durante la Convención Anual de Inversionistas Mineros realizada en la ciudad de Toronto, Canadá.
Mediante una denuncia pública la Coalición Nacional de Redes Ambientalistas y Sociales contra la Minería a cielos abiertos, señaló que los diputados Rolando Dubón Bueso y Donaldo Reyes Avelar de la comisión legislativa sobre Minería, se han confabulado con Rigoberto Cuéllar y Aldo Santos para cabildear a favor de una ley que es lesiva a los intereses del pueblo hondureño.
Dicha ley no ha contado con un proceso de concertación y mucho menos con una verdadera participación ciudadana, sostienen los denunciantes y agregan que el país está a las puertas de una nueva fase de destrucción masiva de los recursos naturales, enfermedades y muerte, gracias a las decisiones de funcionarios inescrupulosos y desalmados que están entregando nuestro territorio.
El 91 por ciento de nuestra población que es lo que refleja la encuesta, cree que la minería a cielo abierto, no tiene sentido aplicarla y denuncia este método de expropiación, sin duda alguna está convencido (el pueblo) que tiene graves daños en las actividades productivas, sobre todo agricultura, en ganadería y en artesanía, pero que además está dañando profundamente la salud humana, sobre todo las enfermedades bronco-respiratorias u otras de la piel, incluso cree que tiene fuertes daños en el tema de la institucionalidad, de la cultura hondureña y altamente generadora de conflictos en las zonas donde se instala, señaló Francisco Saravia Coordinador de Proyectos de la CESPAD.
“Esta encuesta esperamos que sirva para convencer a los legisladores de que la población está pensando muy distinto a ellos y que a partir de aquí podamos construir una estrategia hacia un verdadero desarrollo sustentable”, manifestó Francisco Saravia.
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