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Por Sandra Rodríguez
Las detenciones ilegales, torturas, extorsiones, pagos ilegales o exacciones donde la Policía Nacional es la institución pública más denunciada, así como los impactos de la minería metálica a cielo abierto, son algunos de los problemas más urgentes a los que tienen que hacer frente las mujeres de la zona nor-occidental de Honduras.
Se suma a lo anterior las disputas por la propiedad de la tierra y el desarrollo de conflictos ambientales por concesionamientos de ríos y territorios para la generación de energía eólica.
La justicia se ha vuelto inalcanzable por el nivel de injerencia bipartidista. Los juzgados de Letras con jurisdicción en materia penal, civil, familia y niñez, y los juzgados de Paz, son víctimas de la línea partidaria. Los jueces están bajo la influencia directa de los alcaldes y jefes policiales.
La trilogía demoníaca alcalde, policía y juez administra la impunidad en cada municipio y las presiones sobre los operadores que quieren ejercer su función independiente son muy fuertes, hasta ofrecer la muerte o la gloria.
Los niveles de violencia doméstica son muy altos, las mujeres con frecuencia no logran salir del círculo por el compromiso del sistema operador de justicia con los mandatos del patriarcado.
Cuando éstas deciden denunciar a sus agresores y romper el círculo del silencio son sometidas, de inmediato, a la violencia patrimonial, dejándolas sin ingresos ni propiedad, por lo que al intervenir el juez o la jueza la mujer regresa humillada a someterse a los nuevos vejámenes del hombre violento “arrepentido”, poniendo en serio riesgo la vida de las mujeres.
El
crimen organizado es otro de los flagelos peligrosos para que las
mujeres puedan tener una vida sin violencia, su impacto lacera la libre
locomoción y pone en peligro la integridad de las mujeres que no
encuentran una salida concreta a su problemática ante un Estado
permisivo y cómplice que coloca a las mujeres en enésima categoría.En relación a las defensores de derechos humanos, “si una se declara defensora de los recursos naturales es amenazada, automáticamente se convierte en enemiga del sistema, por tanto es un punto a seguir, perseguir y amenazar dentro de este contexto nacional de inseguridad e impunidad”, dijo Betty Vásquez, Coordinadora de la Red Departamental de Mujeres de Santa Bárbara.
Betty Vásquez, manifestó que una de las principales preocupaciones es la violación a un medio ambiente sano, a la salud, la alimentación y la economía, debido a que el Estado ha concesionado tierras a las mineras, que poco a poco están invadiendo la región noroccidental de Honduras. Sólo en ese departamento hay más de 70 concesiones metálicas y no metálicas, superadas sólo por Olancho.
Con la explotación minera, hay más deslizamientos en lo que es el Parque Nacional Santa Bárbara, que abarca cuatro municipios, cada año las condiciones del suelo se deterioran y ha bajado la calidad y cantidad de producción agrícola.
El derecho a la vida es altamente violentado con estas concesiones porque muchas personas cercanas a las minas están enfermas de las vías respiratorias o de la piel, no hay fácil acceso a los medicamentos oportunos, que debería proporcionar el gobierno, y la escasez económica imposibilita en su mayoría asistir a una consulta médica privada, especialmente a las mujeres.
También afecta a múltiples familias pobres la privatización de la tierra, por lo que se les irrespeta la autodeterminación sobre ésta, pues no tienen el derecho a decidir si quieren o no que se implementen estos proyectos mineros.
Betty VásquezAsí que el aumento de la inseguridad y la violencia la reciben las mujeres, pues son las encargadas de las muchas tareas de la casa y a nivel familiar, comentó con preocupación la Coordinadora del a Red Departamental de Mujeres en Santa Bárbara.
Cabe destacar que sí hay persecución contra los y las defensoras de los derechos ambientales. Las mineras tienen “gargantas” en medios de comunicación, gobiernos locales y la policía a la que le asignan o donan vehículos, agregó.
Esta situación es típica verla en Santa Barbará, las patrullas con la leyenda “Policía Nacional, donado por la ANPAC” que es la Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras, Anamimh, Ampac, lo que significa que las compañías dan regalías a algunos actores estratégicos de ellos para tener un control social, concluyó la defensora.
La Red de Mujeres, es un espacio donde participan artesanas, campesinas, obreras, profesionales, trabajadoras informales de la economía, desempleadas y amas de casa, por lo que se lleva un enfoque entre ellas mismas sin importar la condición en que viva cada una.
Estos espacios son necesarios para la solidaridad vinculante a otros espacios de la sociedad, sobre todo las organizaciones de defensa de derechos humanos, pues ellas deben empoderarse de estos temas para saber defenderse.
Ellas están logrado un fortalecimiento organizativo y participativo, para que no estar aisladas, sino que existan más redes municipales de mujeres organizadas, dispuestas a velar por sus derechos.
Lesly María MiguelLlegar a estos espacios de lucha y justicia, es porque le apuestan a un mejor país. “Estamos abiertas a subir a la base y estar en niveles intermedios, vinculadas a espacios nacionales e internacionales” dijo Betty Vásquez.
En Santa Bárbara a criterio de las mujeres, no hay una lucha comprometida en su favor, las autoridades les dice que “aguanten”, que se “callen”, que “esperen”, y en ese tono aumentan las cifras de violencia doméstica y femicidios.
Este país no es de darle vuelta a la tortilla, sino de cambiar el comal, porque es el comal el que no está funcionando y ese comal se llama Constitución de la República y Poderes del Estado, señaló que la defensora de derechos humanos quien ha sido perseguida y amenazada por su trabajo en la zona.
Hay esperanzas y cuando las mujeres, jóvenes, adultas, campesinas, indígenas, demandamos los mismos temas, entonces la exigencia será colectiva también, concluyó Vásquez.
Para Lesly María Miguel una de las jóvenes participantes en un taller sobre derechos humanos impartido por el COFADEH en los centros de estudio casi no les informan sobre sus derechos.
“Allí nos tratan de poner una máscara ante la realidad en que vivimos, en Santa Bárbara ha crecido en una cultura machista que las limita a las mujeres, las hace a un lado, las aísla y víctimas de violencia doméstica, pues creen que eso es normal.
La gente se ha resignado a convivir con la extorsión pues no hay dónde quejarse ya que la policía está en seria colusión con el crimen organizado al que le pasan la información de quien denuncia las redes, dijo una mujer que vive en la zona Norte de Honduras.
En
varias colonias de esta ciudad hay toques de queda y la libre
circulación es violentada, “una no puede ir de un sector a otro de la
colonia porque la matan a una”, ni siquiera podemos relacionarnos entre
las familias porque el movilizarnos de un lugar a otro nos pone en
riesgo inminente.El miedo se ha apoderado de la población por el clima de indefensión en que nos encontramos con más énfasis desde el golpe de Estado, dijo otra de las mujeres que está desafiando el sistema patriarcal, económico, militar-policial y político de su región.
La situación está tan precaria que hay desabastecimiento de alimentos en las pulperías porque el crimen organizado tiene secuestradas algunas colonia y nada se mueve sin su consentimiento, por eso hay semanas completas que ningún carro distribuidor de alimentos llega a barrios y colonias del Norte y las pulperías quedan sin abastecerse escaseando los alimentos y colocando en precario la alimentación de las personas.
Igualmente escasea el transporte público porque hay asaltos constantes y al pagar taxis colectivos encarece el bolsillo.
El acoso y violación sexual por policías y maras tiene a las mujeres en peligro constante, los responsables se ríen de la justicia, no hay quien los pare y las muertes de mujeres o femicidios rodea cada paso dado.
Estigmatización para buscar trabajo
Si digo que tengo 30 años no tengo trabajo y menos aún si digo que vengo de la colonia Rivera Hernández, pues tenemos un estigma que nos niega el derecho al trabajo, dijo una de las mujeres aglutinadas en la organización Paso a Paso, del Foro de Mujeres por la Vida de San Pedro Sula.
Pero eso no se queda allí, las jóvenes que quieren hacer su práctica profesional no encuentran espacios, las empresas les cierran las puertas y no hayan dónde hacer esa parte previa a graduarse.
“Y si quiero que me den una tarjeta de crédito es un sueño con tanta estigmatización hacia nosotras”, señaló “María” una joven que piensa que lo que quieren es que la gente se sienta que no vale nada y como un desecho.
Criminalización de la lucha social
La persecución política y la criminalización de los movimientos sociales son otro de los serios problemas para el pueblo hondureño, en especial las mujeres dijeron sentirse más vulnerables por las implicaciones que les trae este problema.
Una mujer que decidió asistir a las marchas de la resistencia relató cómo fue sometida a crueles vejámenes y su condición de mujer. Varios policías la subieron en una patrulla y se la llevaron secuestrada, después la tiraron en una zona desolada, pero la justicia se puso una venda y les dejó libres.
Este panorama no detiene la lucha por la libertad a las mujeres que decidieron decir basta ya a tanta miseria, impunidad, desolación e impunidad, dijo Martha Velásquez,
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