El Ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, denunció que en la amazonía boliviana rige una “política imperial ambiental”, implementada por Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) para beneficiar a empresas transnacionales, bajo un camelo de protección de reservas naturales en emplazamientos como el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
En una entrevista con medios estatales, Quintana explicó ayer domingo que en los últimos 15 años en los Departamentos amazónicos de Beni y Pando se estableció la política de ׳Iniciativa para la conservación en la amazonía andina׳, promovida por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), en consonancia de ONGs líderes indígenas, además de autoridades municipales y prefecturales.
“Hoy impera una política ambiental de corte imperial, que hace que las ONG’s sean los eslabones de la economía de las grandes empresas transnacionales”, aseguró.
Reveló que las ONG’s medioambientalistas son financiadas por grandes potencias, tales como la British Petroleum y American Energy, ambas empresas dedicadas a la exploración y producción de petróleo y gas natural, que operan en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, ubicado en el Norte del Departamento de Santa Cruz.
“Resulta que las grandes empresas transnacionales que depredan el medioambiente, terminan financiando a las ONG’s para que conserven nuestros bosques”, ironizó.
Aseveró que “buena parte” de los fondos de USAID provienen de las grandes empresas transnacionales vinculadas a la explotación de recursos naturales, como ser el petróleo y la producción de energía, además de la producción de armas.
Sobre el financiamiento
“Esa es la política por eso hay que preguntarles a las ONG’s en Bolivia ¿quiénes realmente les financian?, les financian los gobiernos europeos y USAID. Detrás de cada ONG’s medioambiental hay una gotita de sangre y hay humo que sale de los cañones de los fusiles que hoy están en Afganistán, Irak y en Libia”, afirmó.
Indicó que las ONG’s “en nombre del ambientalismo imperial” pretenden preservar en Bolivia y en el resto de América Latina “enclaves naturales” para una posterior explotación.
Quintana recordó que en el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) se creó el mayor número de parques y reservas en el país, a su juicio, para un saqueo posterior.
“¿Cuál es la pertinencia entre ser neoliberal y ser medioambientalista? Existe coherencia en términos de una política imperial ambientalista que buscaba que las ONG’s desarrollen una estructura de protección de ciertos territorios para un saqueo posterior”, remarcó.
Dijo que es una “especie de pequeña tajada” de territorio que se tiene que preservar para que después la empresa transnacional pueda explotar los recursos naturales.
En esa línea, reveló que al menos el 90% de las ONG’s que operan en Bolivia reciben dinero de USAID, por lo que instó a los medios de comunicación a indagar las fuentes de financiamiento de esas organizaciones para corroborar esa información.
“Estados Unidos es el país que mayor producción de armas y destrucción masiva ha producido en el mundo, es el país que invade todos los días países en el mundo, ¿y se pretenden medioambientalistas, cómo es eso?”, cuestionó.
Desenmascarar
Consideró que no existe “coherencia” entre la lógica de preservación y destrucción ambiental, por lo que urgió un debate profundo sobre el papel de las ONG’s en Bolivia para “desenmascarar la supuesta filosofía filantrópica de esas instituciones”.
Afirmó que el conflicto por la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el TIPNIS es el “ejemplo más claro” respecto al intervencionismo de las ONG’s “sobre el escenario político en nombre de la supuesta defensa de los derechos humanos y de la protección de esa región”.
En diciembre de 2011, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), liderada por Adolfo Chávez, realizó una marcha de Trinidad a La Paz que en base de presión social logró la promulgación de la Ley 180, que declara intangible el TIPNIS y que prohíbe la construcción de carreteras.
En enero pasado, las comunidades del Consejo Nacional del Sur (Conisur) que habitan el TIPNIS realizaron una marcha de Cochabamba a La Paz en demanda de la consulta previa en el TIPNIS para saber si se acepta la construcción o no de la carretera, como vía de desarrollo.
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