Por
Maximiliano Fuentes
El día
martes 14 de febrero de 2012, tuvo lugar un suceso sin
precedentes en la historia reciente del país y de América
latina. Más de 370 reclusos murieron quemados por las llamas de
fuego y asfixiados en la granja penal de Comayagua.
Según
organismos de derechos humanos, el incendio pudo haber sido
provocado por agentes de la policía y empleados administrativos
del centro penal, pero independientemente de las causas que
posibilitaron el hecho, evidenciamos la política de represión
selectiva del Estado de Honduras y concretamente del régimen de
Porfirio Lobo contra los miembros de maras y las pandillas.
“La
cifra de muertos en el incendio del centro penal de Comayagua,
en la zona central de Honduras, crecía este miércoles a 377
víctimas, según el nuevo recuento proporcionado por las
autoridades..
El dato incluye a reos
desaparecidos que bien pudieron darse a la fuga durante la
conflagración, o que fueron calcinados por el fuego.
La
tragedia, la mayor que se recuerda en la historia de los
centros penitenciarios de Honduras, mantenía conmocionado al
país.
Los muertos en el incendio que se
produjo a las 11:50 de la noche del martes podrían superar los
400, según han admitido las autoridades hondureñas en
declaraciones radiales.
"Hay 272 muertos
confirmados, pero creemos que son más de 300" los fallecidos,
dijo el ministro de Seguridad Pompeyo Bonilla más temprano
este miércoles.”
Responsabilidad
del Estado y precariedad de los centros de reclusión
Distintas
voces han denunciado el hecho, y es muy probable que haya una
intención del régimen de Porfirio Lobo en masacrar a pequeños
sectores de la sociedad organizada en maras y pandillas, no
obstante, probar lo anterior resulta un tanto complicado, y
fácilmente se puede incurrir en la especulación si no se cuenta
con las pruebas del caso. Pero resulta extremadamente curioso
que en los gobiernos nacionalistas se repitan situaciones
similares.
Pero
ante lo evidente, no requerimos de explicaciones fundamentadas
en la ciencia, el más sano sentido común nos permite describir
lo obvio. Resulta notorio la precariedad de los centros
penales, durante años han venido funcionando con presupuestos
raquíticos y bajo condiciones infrahumanas, el hacinamiento y
una deficiente política administrativa han sido las causas de
violentos sucesos durante los últimos diez años. “Los
sucesos macabros ocurridos en las cárceles del país en los
últimos diez años muestran el desatino con que las autoridades
gubernamentales han manejado el tema penitenciario al
entregárselo a una entidad policial que se desvió del camino
de servir y proteger.
Hasta
1984, Honduras había manejado su sistema
carcelario utilizando la Ley Reglamentaria de Presidios de
1909. En 1984 hace a un lado la antigua normativa y crea la
Ley de Rehabilitación del Delincuente que tiene vigencia hasta
1998.
Hasta ese momento, las cárceles del
país son manejadas sin mayores incidentes.
Todo
fue que erróneamente -como lo señalan algunos conocedores del
tema- al crearse la Ley Orgánica de la Policía mediante
decreto 156-98, de fecha 26 de mayo de 1998, se le entrega el
manejo administrativo y operativo de las prisiones a la
Policía y comenzó el desastre. Para ello se crea una Dirección
Nacional de Servicios Especiales Preventivos y surgen las
denuncias de corrupción a lo interno de algunas cárceles. Se
denuncian a ciertos directores de presidios de estar
confabulados con gente del crimen organizado que custodian, y
de quienes recibieron carros como regalos por ciertas
canonjías. Asimismo, se desatan las matanzas. El 12 de
noviembre de 1999, en el vetusto centro penal de San Pedro
Sula, mueren 11 personas y 31 resultaron heridas.
El
5 de abril de 2003 en la granja penal de El Porvenir, La
Ceiba, perecen masacrados 65 reclusos y tres visitas, como
consecuencia de un régimen disciplinario de facto. El 17 de
mayo del 2004 se incendia parte del penal de San Pedro Sula y
se calcinan 107 pandilleros. A partir de ese entonces, se
calma la situación en las cárceles del interior del país, pero
continúan las carnicerías en la Penitenciaría Nacional. El
sistema requiere atención urgente. La crisis desborda, pero
las autoridades gubernamentales hacen muy poco. Miran el tema
con indiferencia. La noche del 14 de febrero recién pasado
llega la catástrofe. Se quema parte de la granja penal de
Comayagua y los muertos ya suman 359.”[1]
Esta
situación violatoria, ha alertado a los funcionarios del actual
administración, ellos mismos han reconocido que “Las
demandas en contra del Estado hondureño luego del siniestro en
el Centro Penal de Comayagua, son “inminentes”, indicó la
secretaria de Derechos Humanos Ana Pineda, tras recomendar se
deben respetar los protocolos para la investigación.
La
funcionaria señaló que las demandas por parte de los
familiares y la condena "irreversible" de organismos
internacionales, ante la catástrofe son indetenibles.
“El
gobierno se esta preparando para recibir demandas. La
Secretaria de Derechos Humanos ha hecho un pronunciamiento
para que se vea esto. Se deben investigar las distintas
versiones”, añadió.
Manifestó
que “tenemos que prepararnos para cuando Honduras pague por
violación a derechos humanos se deduzcan las
irresponsabilidades de los funcionarios o responsables de
estos hechos”. (..)La funcionaria reconoció que existe “un
problema de derechos humanos, pues los privados de libertad no
son vistos como sujetos de derecho. Las cárceles son bodegas
en nuestro país y las condiciones que se tienen son malas”.
Expresó
que “los centros penitenciarios no están construidos con el
diseño arquitectónico para dar las condiciones y están sobre
poblados. Hay instalaciones eléctricas hechas de manera
cacera. Las condiciones de agua, no siempre hay para la
higiene personal. Esta es una situación que no se puede
desconocer”.
Sostuvo
que “el Estado debe tener condiciones garantes. El problema es
que las condiciones no se han construido en el país. No se han
hecho esfuerzos para solventar esto”.[2]
El
carácter cíclico de la historia: los nerones nacionalistas
Los
sucesos históricos, en determinadas épocas y situaciones
parecieran repetirse, los incendios que han arrasado la granja
penal de Comayagua y los mercados de Tegucigalpa parecieran ser
objeto de una orientación política del gobierno de Porfirio
Lobo, la verdad es que hay muchos cabos sueltos, y aún no se
proporciona las verdaderas causas del suceso. “..Existen
varias hipótesis acerca de cómo se inicio el incendio en los
mercados capitalinos.
Uno
de los propietarios de uno de los puestos del mercado dice que
el fuego inicio cuando una piñata se incendio en el interior
de uno de los negocios, otras personas hablan de una
sobrecarga y cortocircuito dentro también de uno de los
negocios. Una de las primeras hipótesis que se maneja fue la
explosión de uno de los chimbos de los postes del tendido
eléctrico…”[3]
Al
margen de lo anterior, resulta curioso que el suceso se haya
dado en la misma semana del incendio de la granja penal de
Comayagua, no es ajeno pensar que el mismo sea una maniobra para
desviar la atención y las acusaciones contra el régimen.
Lo
cierto, es que las desgracias de muchos ha sido extremadamente
aprovechada por las aves de rapiña del nacionalismo. Hemos visto
a Miguel Pastor, actual ministro de SOPTRAVI y al alcalde
capitalino y aspirante a la presidencia Ricardo Alvarez hacer
proselitismo político para acrecentar su asentimiento político a
partir de la desgracia y la histeria colectiva provocada por los
grandes incendios. Esta faceta de la realidad hondureña es un
tanto parecida a lo ocurrido Gran incendio de Roma
al incendio que arrasó parte de la ciudad de Roma durante el
verano del año 64, reinando Nerón como emperador. el incendio se
inició o la noche del 18 al 19 de julio del año 64, o la noche
del 19 de julio, y que la ciudad ardió por espacio de al menos
cinco días. La destrucción que causaron las llamas fue
importante; según Tácito, cuatro de los catorce distritos de
Roma fueron arrasados, y otros siete quedaron dañados. Quizá lo
más relevante del gran incendio fueran sus consecuencias. Por un
lado, la historiografía cristiana señala este hecho como la raíz
de la primera persecución a los cristianos, ya que, tras el
incendio, Nerón culpó a éstos de haber provocado el fuego, y
muchos cristianos fueron ajusticiados por ello.
Al
margen de las verdaderas intenciones, desde el Partido
Socialista Centroamericano PSOCA demandamos que se
forme una comisión de investigación con los familiares de las
victimas, que renuncie el ministro de seguridad Pompeyo Bonilla,
y el Director de Centros Penales. Que se investigue y castigue a
los culpables, y que el Estado indemnice a los familiares de las
victimas. Por otro lado, demandamos la entrega inmediata con sus
respectivas autopsias de los cadáveres a sus familiares. De
igual manera, que el Estado de Honduras indemnice a los pequeños
comerciantes que perdieron sus pertenencias en el incendio en
los mercados capitalinos, y que reconstruya los mismos
garantizando las condiciones optimas para el desarrollo de la
actividad comercial de los locatarios.
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