· Representantes de
derechos humanos sostienen que asignar a los militares funciones policiales es
una estrategia para después llamar al servicio militar obligatorio, conquista
lograda en el gobierno del Presidente Carlos Roberto Reina. La dirección de
Investigación y evaluación de la carrera Judicial es una farsa, por tal
situación interpondrán un recurso de amparo en la Corte Suprema de Justicia,
anunciaron
En conferencia de
Prensa, la Alianza por los Derechos Humanos (ADH), anunció que interpondrá un
amparo en la Corte Suprema de Justicia ante la violación constitucional del
Congreso Nacional de asignarle funciones policiales a los
militares.
Integran la ADH el
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctima de
la Tortura (CPTRT), el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en
Honduras (CODEH) y el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos
Humanos en Honduras (CIPRODEH).
Por el CPTRT
estuvo presente Juan Alméndares Bonilla, mientras que Andrés Pavón y Wilfredo
Méndez lo hicieron por el CODEH y el CIPRODEH,
respectivamente.
Como plataforma de
Derechos Humanos anunciaron que retiran su representante en el Consejo Nacional
de Seguridad Interior (CONASIN), pues consideran una farsa la elección del
director y subdirector de la Investigación y Evaluación de la Carrera
Policial.
En un comunicado
entregado a los periodistas la ADH establece que al realizar esos nombramientos
“lo que pretenden realmente es evitar la intervención de la institución
policial, ya que a los funcionarios a los que se les entrega la responsabilidad
no tienen más facultades que las que están indicadas en la ley General de
Policía”-
También se señala
en el documento que en “la estructura creada para dirigir la evaluación de la
carrera judicial, carece de credibilidad al negarle la oportunidad a las únicas
candidaturas independientes presentadas por las organizaciones de derechos
humanos. En consecuencia la selección fue una farsa. Hasta el momento lo que ha
ocurrido, es el cambio de cargos, sin cambiar la esencia de un sistema
corrupto”.
ABUSO DE CONGRESO
Acerca de la
decisión del Congreso Nacional de asignar a las Fuerzas Armadas funciones
policiales, los organismos de Derechos Humanos manifiestan que ese poder del
Estado “se abrogó facultades que no le corresponden de interpretar la
Constitución de la República”.
Seguidamente, la
ADH afirma que “existiendo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que
establece que al Poder Legislativo, el poder originario no le atribuyó dicha
facultad de interpretar la Constitución. En ese sentido rompe con la
independencia de poderes, el Congreso Nacional asume funciones jurisdiccionales
y atenta contra el estado de derecho”.
El abogado Méndez
declaró que en materia de seguridad “lo que hace el gobierno es superficial,
sencillamente no hay voluntad, y más bien hay una acción de proteger al policía
corrupto con la impunidad”.
En lo relativo al
CONASIN el director ejecutivo del CIPRODEH apuntó “dentro de este organismo en
las reuniones no se tratan temas de fondo en el cambio de la policía, no han
aprobado el plan operativo que las entidades de derechos humanos presentaron y
cambios de la ley de policía”.
E n la escogencia
de la nueva cúpula policial, a raíz de quedar demostrado el involucramiento de
la policía en el crimen organizado, destacó que “eso es maquillaje para que la
población nacional miren que realizan cambios, pero el trasfondo no efectuar
cambios en el sistema de seguridad”.
Respecto a la
Operación Relámpago Almendarez Bonilla manifestó que “no es cierto que el
ejército esté reduciendo las cifras de criminalidad, en política las matemáticas
no son las mismas, en política es enorme porque se trata del
poder”.
SERVICIO MILITAR
OBLIGATORIO
Expuso además que
“esa política de militarización, es una política internacional, lo que buscan es
volver al servicio militar obligatorio, sabemos que van a decir necesitamos más
gente para cuidad a la sociedad”.
El ex rector de la
máxima casa de estudios agregó que “los militares van a volver a la cacería
humana con el servicio militar obligatorio, que ahora se está disfrazando bajo
la idea de la delincuencia”.
En detener esa
pretensión señaló que “deben movilizarse padres de familia y toda la sociedad
porque este país tiene una cara civil, por eso debemos impedir a toda costa la
militarización, porque el ejército no garantiza los derechos humanos, igual que
la policía tiene actos de corrupción”.
Asimismo, el
presidente del CODEH sobre el por qué el gobierno está opuesto a
la intervención de la policía respondió “más del 70 por ciento de la más alta
oficialidad policial está controlado por el crimen organizado y
común”.
Pavón ratificó que el gobierno teme que al intervenir
a la policía se quede sin oficialidad, pero manifestó que es un error, pues más
bien debe aprovecharse para rescatar a algunos miembros policías
honestos.
Finalmente afirmó que la denuncia de la corrupción
policial está conduciendo a represalias contra miembros de organizaciones de
derechos humanos y periodistas, caso concreto con el atentado último del
periódico la Tribuna, que fue balaceada sus instalaciones y herido uno de sus
guardias.
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