En el actual contexto del país marcado
por una crisis social y humanitaria generada por los efectos del
COVID-19, el 27 de marzo La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
(MIAMBIENTE) hizo público un comunicado haciendo un llamado al capital
nacional y extranjero a presentar sus solicitudes de “Licencia
Ambiental” para el desarrollo de proyectos extractivos.
Son estrategias similares a las que se
han utilizado en el pasado; por ejemplo en 1998 cuando el país sufría
los efectos del Huracán Mitch y con el pretexto de atraer inversiones y
reactivar la economía nacional, se otorgaron una serie de concesiones
mineras y planes de manejo para la explotación del bosque, de igual
forma se actuó durante el periodo post-Golpe de Estado del 2009, la
élite política y económica con el mismo discurso profundizaron el
proyecto extractivo a través de concesiones mineras, proyectos
generación de energía (solar, eólica, hidroeléctrica), agronegocio y las
ciudades modelos.
La actual estrategia del régimen surge
en una coyuntura territorial marcada por la disputa del territorio y
defensa de los bienes comunes naturales, denuncias de organizaciones
internacionales ante la constante violación de los derechos de las
comunidades rurales, campesinas, indígenas y garífunas y por la escalada
de los impactos negativos del proyecto extractivo en el ambiente y en
la salud de las comunidades.
La actual estrategia del régimen es
irresponsable y autoritaria, ya que no se generan los procesos de
consultas, y además se presta para seguir profundizando la corrupción
extractivista, en un momento histórico en el cual el país necesita
avanzar por una senda democrática y transparente, en la búsqueda de un
desarrollo sostenible y en la promoción y respeto a los derechos
humanos. En conclusión, la actual estrategia solo viene a profundizar
los actuales niveles de conflictividad y violación de los derechos de
las comunidades.
En el actual contexto adverso para los
intereses de la sociedad hondureña y de las comunidades en resistencia,
desde el CESPAD exigimos:
-
- Al Gobierno, a tomar medidas económicas y políticas sociales encaminadas a darle respuestas a los grandes problemas de la sociedad hondureña, sin comprometer la convivencia sana y pacífica de las comunidades. Estos esfuerzos deberán estar encaminados a erradicar los altos índices de exclusión y desigualdad que acentúan los círculos de la pobreza.
- Al Congreso Nacional, decretar un período de veda en la explotación de los recursos naturales, abriéndose un proceso de revisión legal, técnica y administrativa de las concesiones entregadas en los últimos veinte (20) años.
- A MIAMBIENTE, a desistir de sus procesos administrativos de entrega de licencias ambientales que, en el actual momento crítico de país, esas decisiones solo vendrán a agudizar los actuales conflictos territoriales y a profundizar el deterioro de los derechos humanos de las comunidades rurales.
Tomando en consideración el actual
estado de terror nacional en que se encuentra la sociedad hondureña,
alertamos a las organizaciones territoriales, organizaciones nacionales e
internacionales de derechos humanos a estar pendientes sobre el
desarrollo de esta medida, ya que sin duda vendrá a acrecentar la actual
conflictividad socioambiental y a profundizar la violación de los
derechos humanos.
http://cespad.org.hn/2020/03/30/alerta-el-covid-19-no-es-obstaculo-para-que-la-elite-siga-entregando-los-recursos-naturales-al-gran-capital/?fbclid=IwAR35pgBJz9wcWB1OX8qwDX_njepG5L0J1TZdZd2RHsLiH4TtBAhXrtVXUMU
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