El 15 de noviembre del 2010, la finca
“El Tumbador” ubicada en el área donde funcionó el Centro Regional de
Entrenamiento Militar (CREM), fueron asesinados cinco campesinos de la
comunidad “Guadalupe Carney”, Trujillo, Colón, en un terreno ocupado por
militares y guardias de seguridad privada del terrateniente Miguel
Facussé (fallecido en 2015), dejando además víctimas sobrevivientes,
viudas y huérfanos, sin que, hasta el momento se haya hecho justicia.
Con fecha de 31 de enero de 2020, se
remitió por escrito a la fiscal jefe de la UMVIBA, Suyapa Rivera
Palacios, una solicitud de información firmada por Berta Oliva,
coordinadora general del COFADEH, organización que representa legalmente
a las víctimas de El Tumbador y les brinda acompañamiento sicosocial,
pues las heridas emocionales no cicatrizan en medio de la impunidad.
Tras esperar varios minutos en la calle
frente a la oficina del Ministerio Público, a una temperatura de 35
grados centígrados, el guardia de seguridad fue a preguntar si se les
permitía el ingreso, y notificó que sería el fiscal auxiliar Carlos
Manuel Barahona quien los recibiría.
Barahona excusó a su jefa, diciendo que
estaba en otra reunión, y al informarle el motivo de estar allí y de
dejar una nota, el abogado salió en varias ocasiones de la oficina y
volvía con respuestas o excusas para no recibir la nota, tras consultar
con Rivera, quien no se dejó ver.
Mientras que afuera, un guardia de
seguridad fue a tomar foto de la placa vehicular que transportaba a los
defensores y defensoras de derechos humanos.
Precisa analizar actuación de la UMVIBA
Con respecto a esta situación, Berta
Oliva, considera que la experiencia que se ha tenido con empleados de la
UMVIBA merece un análisis porque cada vez se ponen más rigurosos y
menos eficientes para atender la demanda de defensores y organizaciones
de derechos humanos, pero fundamentalmente de las víctimas.
Es impresionante la inacción y parálisis
en la que ha caído la UMVIBA, que es una unidad especial creada en el
marco del conflicto agrario en la costa norte del país durante la última
década, que ha dejado más de 150 víctimas mortales.
La comisión del COFADEH que
recientemente se trasladó desde Tegucigalpa hasta Colón, fue por varias
razones; entre ellas, que hay varios casos que nosotras representamos y
de los cuales no se ha dado ninguna respuesta en demanda de justicia,
detalló Oliva.
La reacción de la unidad fiscal fue de
sorpresa y no supieron qué responder a la solicitud de información. Cabe
señalar que el fiscal Barahona expresó que por el paso del tiempo se
vuelve más compleja la investigación, al referir que la masacre de “El
Tumbador” fue hace 9 años.
“Ese
argumento es ridículo, porque las mismas autoridades participaron en la
masacre contra campesinos que ligaban por tener un pedazo de tierra. El
crimen fue conocido públicamente, y desde ese momento el COFADEH,
población y organismos nacionales e internacionales exigieron
investigación y justicia”. Berta Oliva, defensora de DDHH
El negarse a decir que no hay pruebas
suficientes, solo afirma que los entes de investigación del Estado son
parte del problema y el Ministerio Público les hace comparsa.
Agregó que, la renuencia de parte de los
empleados del Ministerio Público ante nuestro derecho a la verdad y
petición de información, evidencia el desplome del sistema de justicia
en Honduras.
Cuando creen que los puede comprometer
recibir una nota y tardarse más de 20 minutos para recepcionarla, pero
antes consultar, nos muestra que estamos ante un sistema decadente en
materia de justicia; pero sí son eficientes para dejar registrado el
tipo de vehículo en que se transportan los defensores de derechos
humanos y aún más, tomarle fotografía a la placa vehicular y anotar el
nombre de las personas creando una zozobra como si fueran delincuentes.
Estamos ante un sistema inquisitivo que
lejos de sentirse que va a una entidad del Estado para ejercer una
acción legal en representación de las víctimas, lo que hagan de
inmediato sea perfilar a quienes andan procurando justicia, declaró la
defensora.
Es necesario evidenciar este tipo de
abusos porque si están negando hacer acciones legales dentro del marco
de la legalidad del derecho, pero cualquiera se molesta que estén
registrando, anotando y negando ejercer su deber y nombramiento en ese
lugar.
Oliva considera que, el hecho que las
remitan hacer una solicitud al Ministerio Público en Tegucigalpa
–estando en la oficina correspondiente- no es más que la concentración y
consolidación de a poco desde los espacios abiertos para ejercer la
dictadura.
El COFADEH denunció que no es la primera
vez que agentes del Estado registran con fotografías las placas
vehiculares en los que se moviliza su equipo de procuración de derechos
humanos en diferentes regiones del país y de manera simultánea. En ese
aspecto si se muestran diligentes quienes nos perfilan, pero no dan
respuesta a nuestras solicitudes.
Nosotras siempre vamos de frete, afirmó
la defensa, nunca hemos hecho nada a escondidas, por lo que, con
nosotras pierden su tiempo y vamos a seguir haciendo acciones en favor
de los familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos.
https://defensoresenlinea.com/berta-oliva-umviba-deficiente-para-investigar-y-eficiente-para-perfilar/
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