
Jaume Puig-Forne, representante del FMI en Honduras. Foto: la Tribuna.hn
28/11/2019 / Javier Suazo

Los funcionarios
del FMI han venido aplaudiendo los logros obtenidos por el país en
materia de reducción del déficit fiscal, inflación, control de la masa
salarial y aumento de impuestos, supuestamente para financiar el gasto
de inversión productiva y social, lo que ha permitido un aumento del PIB
moderado (3.7% en 2018 y 3% estimado para 2019) y una relativa
estabilidad en las finanzas públicas como condición fundamental para
evitar presiones inflacionarias y atraer inversión extranjera directa
(IED).
La realidad
demuestra que el logro del objetivo de estabilidad económica ha tenido
efectos negativos, como una mayor deuda para financiar los déficits de
las empresas públicas, caso particular de la ENEE que cerró octubre de
2019 con un déficit de 52, 483.5 millones de lempiras, superior a
45,311.4 millones observado en diciembre de 2018, mayores niveles de
desempleo y subempleo y corrupción, ya que Honduras es uno de países con
más corrupción e impunidad. Las cifras preliminares dan cuenta que
asigna más de 36,000 millones de lempiras anuales para el pago del
servicio de la deuda externa, uno de los destinos de los mayores
impuestos captados por el Estado.
Para
el economista-consultor del Fosdeh, Rodulio Perdomo, Honduras necesita
un Estado Keynesiano que genere empleos masivos para la población,
especialmente jóvenes que no encuentran trabajo y si lo hacen, reciben
salarios entre 8,000 y 10,000 lempiras mensuales, unos 400 dólares; uno
poco menos del salario semanal que recibe un migrante en los EEUU. De
que le sirve a Honduras una inflación cero, sin por el otro lado no hay
empleos ni ingresos para comprar alimentos, atender la salud y demás
necesidades básicas; un escape es la migración, pero con la política
“devolución” masiva de migrantes que ejecuta Donald Trump, ya no lo
será.
El gobierno de Juan
Orlando Hernández (JOH) habla de la generación de 15,000 empleos
directos maquiladores para 2020, un año político, con una inversión de
410 millones de dólares, que nadie le cree; pero en caso de lograrse,
son empleos espurios y de mala calidad. La misma promesa se hizo con el
Programa 2020, al pretender generar 600,000 empleos, pero que no logrará
ni el 20% de la meta el próximo año. Es más, la evidencia demuestra que
la IED caerá en Honduras durante 2019 en más de un 40% (En el primer
semestre de 2019 la IED se redujo en 39.3%, unos 161.5 millones de
dólares), y para 2020 las proyecciones son de 45%, por la desaceleración
de la economía mundial, agudización de la crisis política y la
corrupción al debitarse la Misión de Apoyo contra la Corrupción e
Impunidad (MACCIH).
El
representante del FMI en Honduras, Jaume Puig-Forne, destaca que el FMI
es un acompañante de los programas del gobierno, pero la realidad
demuestra que sus políticas se imponen como única solución, tal como lo
demuestran las experiencias de Argentina y Ecuador. El control y
reducción del gasto público e inflación, aumento de impuestos,
congelamiento de salarios, privatización de empresas públicas y
flexibilidad cambiaria, son recetas que aparecen como mandamientos
“bíblicos” para los gobiernos.
Es
más, aunque la pobreza se resiste a bajar y/o aumentó en los últimos
años, el organismo y demás OFIs apuestan a políticas de compensación
social con las transferencias monetarias condicionadas (TCM) que
aumentaron la deuda y la corrupción, cuyos fondos manejados por la
presidencia de la República se piensan masificar para favorecer a los
alcaldes con proyectos de infraestructura educativa y salud, sin que se
transfieran las competencias y el poder de decisión a dichos gobiernos y
organizaciones de sociedad civil no contaminadas con la política de
terciarización de los servicios ejecutada por el gobierno central.
En
un Conversatorio sobre los cambios políticos en Latinoamérica,
celebrado en la Universidad Nacional de Honduras (UNAH), apuntamos que
las políticas ejecutadas en Honduras con apoyo del FMI tienen como
referencia los resultados obtenidos en Chile, pero que, con el
estallido, su grado de efectividad está en duda. Sin embargo, en
Honduras siguen su curso y más bien se profundizarán antes de las
elecciones generales previstas para noviembre de 2021; ello incluye la
privatización de los fondos de pensiones e instituciones, perdida de
autonomía del banco central y flexibilidad total del mercado cambiario,
sumado a la privatización de la salud y educación donde la “escasez”
actual de medicamentos, deterioro de la infraestructura sanitaria y
débil calificación de los docentes y médicos, es una estrategia del
gobierno para ello.
Este
cambio de modelo de desarrollo económico que el FOSDEH visualiza de la
mano de políticas keynesianas y no monetaristas-neoliberales, es poco
probable que se ponga en marcha, ya que el organismo avala la política
económica del gobierno; más bien, el ejercicio de critica debe verse
como una línea de apuntes entre organizaciones de sociedad civil que
manejan información económica y el FMI.
Honduras
urge de una propuesta de desarrollo alternativo al modelo actual, que
acompañe un nuevo proyecto político que integre la participación de una
gama diversa de actores económicos (industriales, por ejemplo) y
organizaciones de base social amplia. No obstante, la profundización de
las políticas neoliberales y sus secuelas, dejarán poco espacio para
lograr este cambio, una vez que la oposición política alcance el poder,
por lo que hay que construir una agenda pública para desmontar
gradualmente el marasmo de leyes, reglamentos, programas, proyectos e
instituciones, dejadas por el gobierno actual.
El
control del Congreso de la República por los llamados partidos
tradicionales y de “calcetín”, también será un obstáculo a sortear
cuando se trate de aprobar reformas que afecten los intereses económicos
de las empresas transnacionales, empresarios ligados al modelo primario
exportador y la banca. Finalmente, Honduras depende mucho del comercio
con EEUU, ayuda y remesas familiares de los migrantes, por lo que se
constituye en una condicionalidad económica y política negativa para el
cambio del modelo que promueve el FMI.
https://www.alainet.org/es/articulo/203534
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