La
defensa de la madre tierra en Honduras ha venido siendo motivo de
represión y criminalización hasta el punto que 120 defensores fueron
asesinados entre el 2010 al 2016, por fuerzas de seguridad o escuadrones
de la muerte al servicio de la élite político empresarial, que ha
controlado el país en las últimas décadas.
A
partir del golpe de estado (2009) Honduras ha caído en una espiral de
violencia y despojos en relación a los bienes comunes y la explotación
de los mismos, efectuada por un grupúsculo de narcos y empresarios,
dedicados al saqueo territorial, al mismo tiempo que desde el Congreso
Nacional se legisla con el fin de conculcar derechos y enriquecer los
allegados al actual gobierno dictatorial.
El
caso de los defensores del agua en Guapinol corrobora la tendencia del
actual régimen a fomentar conflictos sociales y anteponer las posibles
ganancias económicas al derecho al agua y salud que posee el pueblo
hondureño. El arresto de doce de los sindicados de defender el agua en
Guapinol – quienes se presentaron voluntariamente en el juzgado de La
Ceiba el viernes 22 de abril- es un indicador de la distorsión de leyes y
decretos con el propósito de favorecer a la desprestigiada élite
empresarial.
Los
defensores del Agua de Guapinol, son acusados por diversos delitos
contra la propiedad y supuestas amenazas de muerte. Las acciones
emprendidas por el Poder Judicial demuestra la parcialización de los
operadores de justicia a favor del clan económico Facussé-Perez.
El
Bajo Aguan -donde se encuentra ubicado la comunidad de Guapinol- es el
escenario de
una guerra de baja intensidad que se ha venido librando en
la última década, con más de un centenar de campesinos asesinados por
las fuerzas de seguridad y guardias privados de las extensas
plantaciones de palma africana.
El
clan del extinto Miguel Facusse y sus herederos, han mantenido en jaque
a Honduras, desde los inicios de los años 90, cuando el expresidente
Callejas mediante sus políticas de privatizaciones dotó de enormes
fortunas a los allegados al Partido Nacional, el que retornó al poder
desde el 2009. Lenir Perez el propietario de la minera Pinares, esposo
de Ana Facusse, se ha visto involucrado en una serie de delitos
ambientales a lo largo de la costa norte, donde viene extrayendo óxido
de hierro en una franja territorial de enorme biodiversidad.
El
caso de Guapinol, y la destrucción premeditada del Parque Nacional
Carlos Escaleras es una muestra más que el asesinato de Berta Cáceres no
fue un hecho aislado, sino una política de estado, promovida por
siniestros “nacionalistas”, que han utilizado el Congreso Nacional, el
Ministerio del Ambiente (MIAMBIENTE), el aparato judicial y la fuerzas
de seguridad para llevar a cabo ecocidios con el objetivo de obtener
ganancias a toda costa, incluyendo la eliminación física de opositores
al saqueo de la madre tierra.
La
destrucción de las áreas protegidas en Honduras es parte del asalto a
los bienes comunes que se viene dando en varios sectores del país. En el
caso del Parque Nacional Carlos Escaleras, se utilizó al Congreso para
modificar los límites de la zona núcleo del parque, acción que se
efectuó en base al decreto legislativo 252-2013, además del apoyo
irrestricto a la minera Pinares por parte del alcalde de Tocoa, Adán
Fúnez integrante del partido de oposición Libre.
Es
evidente la destrucción del Corredor Biológico Mesoamericano en
Hondurea, en donde tanto las zonas de amortiguamiento y núcleo están
bajo la mira de inversionistas para destruir los recursos naturales que
nos corresponden a todas, para lo cual MIAMBIENTE a través del Acuerdo
ejecutivo 0008-2015 desahució las licencias ambientales y creo los
Permisos Operativos con los que se elude cumplir el requisito básico
para iniciar proyectos de grave impacto ambiental.
El
asesinato de Berta Cáceres y el torbellino en que se convirtieron las
investigaciones del caso, las que fueron manipuladas desde un inicio por
las autoridades demostró las falencias del sistema en cuanto a la
aplicación de justicia; ademas de sacar a flote las estrategias para
encubrir a los autores intelectuales del crimen, y de como esos utilizan
el sistema judicial para perseguir a quienes tienen el valor de
señalarlos.
Honduras
se ha convertido en un país sometido a una dictadura de corbatín, en el
cual un grupúsculo de abogados han logrado apoderarse de la estructura
de poder y cuentan con los medios de comunicación masivos para
desinformar sobre la destrucción de la economía nacional y su entrega al
crimen organizado. Basta ya de la persecución a las defensoras del agua
de Guapinol y al encubrimiento de los crímenes ambientales perpetrados
por la elite de poder en la república mafiosa de Honduras.
http://www.conexihon.hn/index.php/dh/993-del-asesinato-de-berta-caceres-al-encarcelamiento-de-los-defensores-del-agua-en-gupinol
No hay comentarios:
Publicar un comentario