Publicado en defensores - Por Marvin Palacios
Tegucigalpa.- Tras conocerse de la violencia
desatada por el capital transnacional unido a grupos económicos locales,
contra el Campamento por la Vida en Guapinol, municipio de Tocoa,
departamento de Colón, que dejó como saldo 2 militares muertos y varios
heridos de bala, trascendió que dos miembros del Comité Ambientalista de
protección al río Reitoca, han sido criminalizados por el Ministerio
Público.
El periódico digila www.defensoresenlinnea.com
conoció el texto del Acta de Medidas cautelares bajo el número de
expediente 2701-2018 en el cual detalla que el 31 de octubre de este
año, los defensores del Río Reitoca, Wilmer Otoniel Alonso Herrera y
José Orlando Rodas García, comparecieron a “Audiencia de Declaración de
Imputado”, en el cual el Juzgado de Letras de lo Penal, de Justicia
dictaminó decretar medidas cautelares sustitutivas de la prisión
preventiva establecidas en el Código Penal.
La Coordinadora General del Comité de familiares de detenidos
Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva que se continúa
utilizando el sistema de justicia como mecanismo de inhabilitar la
reclamación de derechos y la defensa territorial de las comunidades y
pueblos en rebeldía.
A Wilmer Otoniel Alonso Herrera y a José Orlando Rodas García, se
les acusa de usurpación en perjuicio de la empresa Mercantil promotora
de generación de energía Limpia A.A. (Progelsa).
El tribunal determinó que los imputados deberán presentarse
periódicamente los días jueves de cada semana ante el tribunal, se les
prohíbe salir del país y no concurrir a determinados lugares en los que
se encuentren representantes de Progelsa. Además el tribunal prohibió a
los defensores del Río Reitoca mantener cualquier comunicación con la
empresa hidroeléctrica.
La comunidad de Reitoca se ha mostrado indignada por la presencia de
la empresa que impulsa el denominado: “Proyecto hidroeléctrico Río
Petacón” que desarrolla Progelsa, porque aducen que en su primera fase
contaminó el Río Reitoca, única fuente de agua que atraviesa la
comunidad, y que se ubica al sur de Francisco Morazán en el corredor
seco.
La mayoría de la población asegura que el proyecto no se consultó con
la comunidad, que es en su mayoría es “lenca” y que cuenta con un
título que data del siglo XVIII.
También los vecinos aseguran que el estado ha violado el Convenio 169
de la Organización internacional del Trabajo (OIT) relativo a los
derechos de los pueblos originarios y a los procesos de consulta que
deben realizarse.
Reitoca realizará varios eventos de solidaridad con los
ambientalistas que han sido criminalizados por el poder judicial, a
través de manifestaciones pacíficas en el municipio que incluyen una
vigilia que acompañarán las iglesias católica y evangélica.
La resistencia frente al proyecto hidroeléctrico Río Petacón comenzó
en enero de 2017. Los ambientalistas han sido víctimas de brutales
desalojos protagonizados por fuerzas policiales y militares que dejaron
al menos 2 personas heridas de bala en la comunidad.
http://defensoresenlinea.com/sistema-de-justicia-busca-inhabilitar-la-reclamacion-de-derechos-bertha-oliva/
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