“La reforma neoliberal es, en realidad, una contrarreforma, sin validación por los actores reales como médicos, enfermeras, maestros, alumnos, obreros, microempresarios, industriales, pepenadores, lustrabotas, campesinos, indígenas”
Víctor Flores, dirigente obrero
Para
los neoliberales el Estado es el problema, pero se sirven de él. En
Honduras para el caso, se escucha a dirigentes empresariales despotricar
contra las instituciones del Estado, pero utilizan fondos de las mismas
para hacer negocios y lucrarse; la cruzada, tal como la siguió Ronald
Reagan en USA y la sigue Macri en Argentina, es más mercado
(privatización y desvalorización del trabajo) y menos Estado. Igual,
despotrican contra las instituciones, pero no contra los funcionarios
corruptos, muchos de los cuales provienes del sector privado.
Una falla visible en la consigna es que, curiosamente, el gasto público en defensa y seguridad aumenta, pero también los gastos financieros del gobierno central para enfrentar los compromisos con el sector privado derivados de las concesiones otorgadas y la privatización de empresas públicas, acompañado de un fuerte gasto fiscal por el otorgamiento de exoneraciones, lo que presiona para más impuestos a la población sin los cuales es poco probable que la deuda total sea sostenible a mediano plazo o largo plazo.
En el
caso de Honduras, hay evidencia de una cruzada contra el Estado, pero
no para beneficio del país sino de grupos empresariales corporativos y
políticos corruptos. Se exige a un gobierno complaciente la
privatización de empresas públicas, playas, costas, reservas
arqueológicas y forestales, biodiversidad, energía, agua potable e
infraestructura, pero es poco lo que se da en ofrenda. El país se está
quedando sin ahorro interno real producto de ingresos captados por
entrega de bienes y servicios públicos, tal como existió en el pasado
donde los superávits financieros de empresas como la Portuaria,
Hondutel, ENEE, COHDEFOR, Correos, otras, servía no solo para cerrar
brechas en el presupuesto de ingresos y gastos, sino también financiar
el gasto de Inversión Pública.
La
apuesta del gobierno y de grupos empresariales corporativas es el
aumento de las exportaciones de café, aceite de palma, banano,
camarones, frutas y legumbres, sumado a la minería, azúcar y maquila,
los que concentran más de 85% de las exportaciones totales del país. Es
una estructura productiva atomizada, altamente vulnerable y generadora
de empleos y salarios espurios netos, que incluso recibe pocos montos de
inversión extranjera directa (IED), unos 1,185.7 millones de dólares en
2017 (BCH.2018), de la cual la mayor parte es reinversión de
utilidades, que no compensa el sacrificio de la economía y población.
Una caída de los precios internacionales de café, tal como sucede en la
actualidad, exige de este Estado ineficiente y corrupto más recursos,
unos 1,900 millones de lempiras aprobados por el Congreso de la
República para compensar a los productores a razón de 200 lempiras por
quintal de café oro, sumado a 4,800 millones de lempiras para apoyar la
siembra, secado y venta interna.
El
presidente Juan Orlando Hernández (JOH), demandó en Naciones Unidades
el reconocimiento internacional del pago de un mayor precio por el saco
de café que producen los pequeños productores hondureños, ya que los
consumidores finales en Europa y USA pagan por una taza de café mucho
más, cerca de cinco dólares. El país es el quinto (5) exportador de café
del mundo y el tercero (3) a nivel latinoamericano; pero más allá de
las estadísticas, es evidente la incapacidad interna para poder
enfrentar los crecientes diferenciales entre los precios internos y los
precios por consumo de café (taza) en los países consumidores, pero
también la transferencia de ingresos de los productores de café a través
del comercio interno y externo; en la cadena de café interna, el
pequeño productor es el menor beneficiado por quintal exportado.
Las
inundaciones provocadas por las tormentas que azotaron la zona sur y
centro del país a finales de la llamada Semana Morazánica (1-8 de
octubre), o semana del consumo, exigen recursos del Estado no solo para
apoyar a las personas damnificadas, sino a los productores por pérdidas
de cultivos como camarón, azúcar, melón, tilapia, okra, estimadas en
cerca de 90 millones de dólares. Los maquiladores exigen que no se
toquen (eliminen) las exoneraciones fiscales y otros incentivos, ya que
se pone en riesgo la pérdida de más de 132,000 empleos generados en
2017. Los directivos de las Cámaras Turísticas demandan que el feriado
Morazánico no sea eliminado ni los cinco (5) días de feriado de Semana
Santa. Las empresas mineras que no se apruebe la Consulta Previa, ya que
se ahuyentará la inversión.
Contrario
a esta apuesta, el único rubro que no ha necesitado del Estado ni del
sector privado para crecer, es el de las remesas familiares, donde miles
de hondureños enviaron 4,355 millones de dólares en 2017 para sostener
la economía. Lo que exigen es que los dejen trabajar en paz, ayuden con
sus hijos cuando son separados de sus padres y confiscados como
mercancía; igual, que las instituciones financieras locales entreguen a
tiempo los dineros que envían y no les roben por el diferencial
cambiario.
Hay quizá una
especie de espejismo en esta apuesta, y es que otros sectores crecen y
aportan al PIB, por lo que no solo dependemos de rubros tradicionales y
no tradicionales. Uno de estos sectores son los servicios y,
particularmente, los servicios financieros. Otros, las
telecomunicaciones y construcción (vivienda e infraestructura económica y
social), donde el potencial de generación de mayor valor agregado de
corto plazo es menor. En el caso particular del sector forestal, en
otrora un sector dinámico, generador de empleos netos de buena calidad y
un rápido valor agregado al potenciarse los subproductos derivados,
muestra un creciente abandono institucional, aunque su protección sirve
de barrera natural a los embates de la naturaleza, por lo que debe ser
una política de Estado su apoyo y desarrollo planificado.
Honduras
se apresta a suscribir un nuevo convenio con el FMI, donde la cantaleta
de las finanzas de la ENEE y las deudas con las empresas de energía es
la principal justificación para apoyarlo, sumado a la privatización de
la salud y educación con el Comisionismo Burocrático creado por encima
de la institucionalidad vigente, control de la masa salarial y
devaluación son sus componentes fundamentales. En estas negociaciones,
el FMI puede también hacer eco de la demanda de organizaciones sociales y
MiPymes, para la regulación efectiva de exoneraciones fiscales, fondos
de fideicomisos y endeudamiento que ha disparado las alarmas. Sin
embargo, estas medidas en la coyuntura actual de creciente inestabilidad
política y social, sumado a los problemas generados por las lluvias,
puede complicar más la situación en vez de mejorarla.
El
país llegó a un límite en el cobro de impuestos indirectos, con una
población sumida en la pobreza, desempleo y salarios espurios. Esa
alianza del gobierno con grupos corporativos fanáticos del modelo
neoliberal, lo imposibilita a introducir y aprobar una reforma
tributaria y financiera más amplia y justa, donde los impuestos a la
tierra ociosa, propiedad y patrimonio sea la orden del día no la
excepción. Hay que buscar nuevos espacios y políticas alternativas, ya
que si seguimos con el modelo de corte neoliberal autoritario en vez de
avanzar podemos retroceder hasta él fango. La apuesta debe venir desde
los territorios, o sea iniciativas de actores locales diversos.
https://www.alainet.org/es/articulo/195859
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