“Lo
que está en juego no es sólo el resultado de esta investigación, “Caso
Pandora”, sino la supervivencia de lo que se considera el freno más
poderoso a la mala conducta oficial en Honduras, donde la corrupción
está profundamente arraigada”, expone el periódico estadounidense.
“Corresponderá
al fiscal general, Sr. Chinchilla, asegurarse de que el caso avance. Si
bien muchos lo elogiaron, incluida la Embajada de Estados Unidos, los
críticos cuestionan sus profundos lazos con el partido gobernante y la
falta de resultados sustantivos”, advierte este análisis.
“Un
ejemplo de los vínculos entre los legisladores y las organizaciones sin
fines de lucro, Renan Inestroza, un diputado del Partido Nacional, está
vinculado a una red de dichas organizaciones que ha recibido al menos
3,8 millones de dólares en fondos del gobierno”, explica el The New York
Times.
Por Jeff Ernst y Elisabeth Malkin
Desde
que una comisión anticorrupción internacional en Honduras anunció su
primer caso contra los legisladores el año pasado, el panel ha sido
atacado por los funcionarios que se supone que están investigando.- Los
legisladores hondureños cerraron esa investigación inicial, y la
comisión apenas sobrevivió a un desafío judicial.
Ahora,
otra investigación de gran éxito muestra porqué estaban tan preocupados
los legisladores. La investigación, conocida como el caso Pandora,
presentó cargos contra 38 políticos y funcionarios.
Detalla
un esquema para desviar fondos del gobierno a la campaña electoral de
2013 del partido gobernante.- Los nombrados incluyen antiguos ministros
del gobierno, poderosos miembros del Partido Nacional del presidente
Juan Orlando Hernández y su cuñado. También se dijo que el plan había
dirigido dinero al opositor Partido Liberal.
Lo
que está en juego no es solamente el resultado de esta investigación,
sino la supervivencia de lo que se considera el freno más poderoso a la
mala conducta oficial en Honduras, donde la corrupción está
profundamente arraigada.
Solo
Guatemala tiene una herramienta anticorrupción comparable, que ha
demostrado ser un experimento internacional único. Allí, un grupo de
investigación de fiscales internacionales respaldados por las Naciones
Unidas acusó a cuatro ex presidentes desde que se estableció hace más de
una década. Los hondureños celebraron semanas de marchas con antorchas
en 2015 para exigir su propia versión.
La
comisión guatemalteca acusó al presidente Otto Pérez Molina de ejecutar
un esquema de fraude aduanero en 2015, forzando su renuncia. Ha estado
encarcelado desde entonces, lo que quizás sea otra razón por la cual los
legisladores hondureños se sienten incómodos ante una investigación en
su propio territorio.
Al
anunciar los detalles de una nueva investigación el mes pasado, los
fiscales están presentando un desafío al gobierno y sus aliados en el
Congreso: descarrilar este caso como el primero, y los hondureños
podrían ser provocados hasta el punto de ruptura.
"Está
muy claro que la gente está harta", dijo Melissa Elvir Chávez, abogada
de la fundación Democracia Sin Fronteras. "Creo que sería un riesgo
político demasiado grande si no se permite avanzar en el tribunal
anticorrupción como debería".
Funcionarios
en Washington han apoyado el esfuerzo anticorrupción en Honduras,
animados por la idea de que mejorar el estado de derecho en el país
centroamericano es un paso necesario para superar la pobreza y la
violencia que empujan a miles de hondureños a intentar ingresar a los
Estados Unidos todos los meses . Pero en política exterior, otros
asuntos a menudo tienen prioridad.
"El
gobierno hondureño sabe que la administración Trump se preocupa mucho
más por la inmigración y el narcotráfico que por la corrupción", dijo
Charles Call, profesor de la American University en Washington, quien
dirige un equipo académico que supervisa la comisión anticorrupción
hondureña.
En
las últimas semanas, la administración de Trump ejerció cierta presión
sobre el Sr. Hernández. Después de reunirse con el Secretario de Estado
Mike Pompeo en Washington, el Sr. Hernández aceptó el nombramiento de un
fiscal brasileño, Luiz Antonio Guimarães Marrey, para dirigir la
comisión anticorrupción, dos meses después de haber sido nombrado.
El
vicepresidente Mike Pence inyectó a Estados Unidos en la disputa de la
batalla por elegir un nuevo fiscal general en Honduras la semana pasada
durante una reunión con el Sr. Hernández y otros presidentes
centroamericanos en la ciudad de Guatemala. El vicepresidente llamó a
los hondureños a seleccionar un fiscal superior efectivo.
Al
día siguiente, viernes, los legisladores abandonaron los cinco
candidatos en consideración y reelegieron al Fiscal General Óscar
Chinchilla para un segundo período.
En
el primer caso de la comisión anticorrupción en diciembre, los fiscales
acusaron a cinco ex legisladores de embolsarse dinero de un fondo
especial de desarrollo que los diputados pueden aprovechar para gastar
en sus distritos. En unas semanas, el Congreso votó para detener
cualquier investigación criminal de ese fondo que se remonta hasta 2006,
y un juez desestimó el caso.
Una
apelación a ese intento del Congreso de protegerse del enjuiciamiento
está a la espera de la resolución del Tribunal Supremo de Honduras.
El
jefe de la comisión anticorrupción en ese momento, el ex primer
ministro Juan Jiménez, alcalde de Perú, renunció, argumentando que la
Organización de Estados Americanos, que estableció la comisión, no le
había respaldado en su confrontación con el gobierno.
En
mayo se produjo un nuevo giro, cuando una decisión confusa de la Corte
Suprema incluyó un lenguaje que parecía restringir la capacidad de la
comisión para colaborar con la nueva unidad anticorrupción del fiscal
general.
Una
activista anticorrupción, Gabriela Castellanos, calificó la decisión
del tribunal como "maliciosa". Dijo que las instituciones hondureñas
eran demasiado débiles y necesitaban el apoyo del panel internacional
para investigar a los agentes de poder del país. La Sra. Castellanos
dirige el Consejo Nacional Anticorrupción, un grupo independiente que
investiga casos de injertos y desempeñó un papel crucial en el
descubrimiento del esquema de Pandora.
El
nuevo caso, “Pandora”, describe cómo casi 12 millones de dólares
asignados por el Ministerio de Agricultura para los programas agrícolas
se canalizaron en cambio a través de dos fundaciones para las campañas
electorales. Parte del dinero se destinó a tarjetas de descuento de
venta minorista distribuidas por el Partido Nacional del Sr. Hernández.
El
Sr. Hernández ha dicho a los periodistas que su gobierno trabajará con
la comisión anticorrupción internacional. "Es fundamental que se haga
justicia", dijo. "Nadie está por encima de la ley, pero de la misma
manera, todos deberíamos buscar el estado de derecho y la presunción de
inocencia".
Corresponderá
al fiscal general, Sr. Chinchilla, asegurarse de que el caso avance. Si
bien muchos lo elogiaron, incluida la Embajada de Estados Unidos, los
críticos cuestionan sus profundos lazos con el partido gobernante y la
falta de resultados sustantivos.
Aunque
la primera investigación sobre el robo de fondos de desarrollo nombró
el año pasado a solo cinco ex legisladores, el ex líder de la comisión
anticorrupción, el Sr. Jiménez, dijo que podrían participar hasta 60
legisladores actuales y anteriores, incluido el poderoso jefe del
Congreso, Mauricio Oliva.
Una
revisión de los fondos de desarrollo social en el centro del primer
caso muestra cuán casualmente se asignó el dinero del gobierno, y porqué
los legisladores pueden haber tenido tanta prisa por cerrarlo.
A
partir de 2006, los legisladores destinaron 20 millones de dólares
anuales para gastar en proyectos en sus distritos. La mitad de ese
dinero se gastó a discreción del jefe del Congreso, el puesto del señor
Hernández de 2010 a 2014, según un análisis del programa de Democracy
Without Borders. El Congreso no proporcionó detalles del gasto que el
Sr. Hernández dirigió durante esos años.
El
dinero va a organizaciones sin fines de lucro, algunas vinculadas a los
legisladores mismos. Los investigadores del National Anticorruption
Council dicen que, en muchos casos, los proyectos se completaron solo
parcialmente o no se completaron. Algunas organizaciones sin fines de
lucro presentaron fotografías del mismo proyecto terminado como
evidencia de que habían terminado su trabajo.
Durante
dos días en 2015, cinco legisladores escribieron directamente al Sr.
Hernández –que era entonces el presidente— para solicitar donaciones, y
dos días después su oficina ordenó el dinero desembolsado, todo en la
misma organización sin fines de lucro, según los documentos.- Esa
organización fue denunciada recientemente por el Consejo Nacional
Anticorrupción por fraude.
En
un ejemplo de los vínculos entre los legisladores y las organizaciones
sin fines de lucro, Renan Inestroza, un diputado del Partido Nacional,
está vinculado a una red de dichas organizaciones que ha recibido al
menos 3,8 millones de dólares en fondos del gobierno.
El
Sr. Hernández también ha dirigido gran parte del programa social
distintivo de su presidencia, Vida Mejor, que significa Better Life, a
estos grupos sin fines de lucro, incluida una organización donde su
hermana, Hilda Hernández, fue miembro de la junta ejecutiva. La Sra.
Hernández murió en un accidente de helicóptero en diciembre.
En
2013, un año electoral, esa organización recibió al menos 3.3 millones
de dólares del fondo de desarrollo social administrado por el Sr.
Hernández. Durante los siguientes cuatro años, recibió contratos por
valor de 71 millones de dólares de parte de Vida Mejor, la mayor parte
de cualquiera de las organizaciones sin fines de lucro.
Edmundo
Orellana, ex fiscal general, dijo que sería difícil para los tribunales
y el Congreso sabotear el caso Pandora y darles a los legisladores la
impunidad, pero estaban seguros de que lo intentarían.- "Creo que los
tribunales harán todo lo posible para evitar un juicio", dijo.
Impaciente
y enojado, muchos hondureños están mirando con cautela.- "Queremos que
los corruptos vayan a la cárcel", dijo Estefany Pineda, una estudiante
de 28 años. "Queremos justicia, porque en este país esa palabra no se
conoce".
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/2900-new-york-times-batalla-de-corrupcion-en-honduras-las-elites-responden
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