Por: Thelma Mejía/IPS
TEGUCIGALPA,
– Una serie de leyes que entraron en vigor los últimos cinco años y la
solicitud de amparo de 35 periodistas y 22 comunicadores sociales la
llamada “Ley de Secretos” del gobierno, dan idea del clima que se
respira en Honduras en materia de libertad de expresión.
La
organización internacional Reporteros sin Fronteras (RSF) sintetiza la
situación en su informe anual de este año al indicar que es de “alto
riesgo”.
La
libertad de expresión ha sufrido una “lenta caída” desde hace una
década, señala RSF, que resalta los niveles de impunidad, corrupción y
crimen organizado que prevalece en el país, así como las intimidaciones y
amenazas que sufren periodistas de “medios de oposición o
comunitarios”, objeto de agresiones e incluso forzados a irse del país.
“El
clima de libertad de expresión es de altísimo riesgo y cabe destacar
que aquí la intolerancia política a la crítica por parte de los tres
poderes del Estado los ha llevado a no investigar las amenazas a la
prensa y a registrar los crímenes sin poner rostro ni nombres a los
culpables”: Nery Velásquez.
De
2001 al 2018, unos 75 periodistas y comunicadores sociales han sido
asesinados en Honduras, de esos crímenes apenas seis casos han sido
judicializados mientras el resto sigue en la impunidad, acota el
estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en
Honduras(Conadeh).
En
tanto, RSF indica en su informe de 2018 que Honduras pasó al puesto
número 141 de 180 países evaluados y se encuentra entre los que
mantienen en alto riesgo la libertad de expresión.
Para
Víctor Hugo Álvarez, periodista y analista social, la corrupción y el
narcotráfico tienen bajo acecho la libertad de expresión.
“Grupos
de narcotráfico mantienen un contubernio con estamentos de poder
políticos, empresariales y policiales que impiden un clima sano para el
desempeño del periodismo, exponiendo así al comunicador a grandes
riesgos”, dijo a IPS
A todo esto, se suma “la corrupción, que contamina también el ejercicio de la profesión”, añadió.
Óscar
Moran Méndez, reportero de la emisora capitalina Radio América, de
cobertura nacional, considera que el ejercicio de la libertad de
expresión esta matizado por leyes, amenazas y los intereses de los
medios de comunicación social, “la otra tenaza” que aprisiona.
“Existe
una especie de complicidad entre los medios y el gobierno definida por
la pauta publicitaria y bloqueo a cobertura de determinada información.
La publicidad, es por ahora, el mejor disuasivo de control gubernamental
sobre un sector de la gran prensa mediática”, dijo a IPS este reportero
con más de dos décadas de experiencia.
Pero
son las últimas legislaciones, señala, las que más están endureciendo
el ejercicio de la libertad de expresión y la labor periodística en la
cobertura de fenómenos dañinos como la corrupción.
Una
de esas leyes, es la denominada Ley para la Clasificación de Documentos
Públicos relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional, conocida
popularmente como “Ley de Secretos”.
“Esta
ley vulnera el acceso a conocer de manera real cómo se manejan los
fondos públicos, hay presupuestos que se desconocen y si ese mecanismo
no se deroga o reforma, no habría información fluida y liberadora, hoy
la opacidad en la información parece ser la norma”, acotó.
Vigente
desde el 2014, la Ley de Secretos consta de 17 artículos y en ella crea
categorías y plazos de clasificación que van desde Información
Reservada (5 años), Información Confidencial (10 años), Información
Secreta (15 años) de Información Ultra secreta (25 años).
Esta
norma está adscrita al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, y
aunque carece de reglamento alguno, en su primera resolución dieron
categoría de secreto a información en poder de al menos 21 instituciones
gubernamentales y estatales.
Dentro
de estas instituciones se encuentran algunas que son objeto de
investigación por la Fiscalía del Estado y la Misión de Apoyo de lucha
contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).
Esa
misión es un órgano adscrito a la Organización de Estados Americanos
(OEA), que funciona desde hace dos años en el país para fortalecer las
instituciones y contribuir a desmantelar grandes redes de corrupción.
La
MACCIH surge tras fuertes manifestaciones ciudadanas en contra de la
corrupción y la impunidad, en especial el desfalco hecho al ente de la
seguridad social para financiar campañas políticas y otros desvíos del
partido en el poder, El Nacional.
El
desfalco se estima en unos 46 millones de dólares. La información del
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) cayó en la categoría de
“secreta” por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que preside la
Presidencia de la República.
Instituciones
civiles anticorrupción y de libertad de expresión como el Comité por la
Libre Expresión (C-Libre) indican que la Ley de Secretos violenta la
libertad de expresión y el derecho a la información.
Ello
porque en uno de sus artículos señala que si una información secreta
llega a sus manos, deberá notificarse a los órganos de inteligencia del
Estado para que se respete su clasificación.
También limita la ley de transparencia y acceso a la información pública pues quita la potestad de clasificación de información.
Pero
existen otras reformas legales aprobadas que han despertado la alarma
en los grupos humanitarios y de libertad de expresión.
Se
trata de una serie de articulados del nuevo código penal que entrará en
vigencia en 2019 y están relacionados con la criminalización de la
protesta social, la figura del desacato, el terrorismo y el debate en
este momento de una ley de ciberseguridad para regular redes sociales e
Internet.
De
acuerdo al jurista y defensor humanitario, Nery Velásquez, tanto la Ley
de Secretos, las reformas legales y leyes en discusión en el poder
legislativo, “nos indican como se van cerrando los espacios democráticos
en el trabajo de libertad de expresión y de prensa, estamos frente a
una represión institucionalizada de la libertad de expresión”.
Velásquez
dijo a IPS que esta norma se viene elaborando “de forma imperceptible,
sin un profundo debate, pero con una clara intencionalidad de
criminalizar la libertad de expresión y de prensa”.
En
el 2015, el gobierno aprobó una Ley de Protección a periodistas,
comunicadores sociales, defensores humanitarios y operadores de justicia
que ejecuta la Secretaría de Derechos Humanos.
La
ley cuenta con un Mecanismo de Protección que busca asistir a las
víctimas. Más de 198 personas se han acogido en los últimos dos años.
Defensores
humanitarios, en especial ecologistas y, periodistas, son los que más
se han acogido al Mecanismo de Protección. En mayo de este año, el
Ministerio Público creó una Fiscalía Especial para Defensores
Humanitarios, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de
Justicia a fin de dar prioridad a sus casos y a los crímenes impunes.
Nota relacionada La Libertad de expresión está en peligro en Honduras
“Eso
solo indica que el clima de libertad de expresión es de altísimo riesgo
y cabe destacar que aquí la intolerancia política a la crítica por
parte de los tres poderes del Estado los ha llevado a no investigar las
amenazas a la prensa y a registrar los crímenes sin poner rostro ni
nombres a los culpables”, advirtió Velásquez.
El
gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, reelecto en noviembre
de 2017 bajo una fuerte impugnación social que desató una nueva crisis
política sin resolver, ha sido desde el 2014 el principal impulsor de
medidas y reformas que lesionan la libertad de expresión y acceso a la
información en un país de de 9,2 millones de habitantes y considerado
entre los tres más desiguales del mundo, después de Sudáfrica y Haití.
https://criterio.hn/2018/07/31/leyes-y-amenazas-cercan-la-libertad-de-expresion-en-honduras/
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