Febrero 9,2018 / Criterio.hn Por: Thelma Mejía
Tegucigalpa.-
Frescas están aún las imágenes de operativos gubernamentales incautando
granos básicos como parte de una “fuerza de tarea” en contra de la
especulación y los acaparadores de productos que como el frijol y el
arroz conforman la canasta básica familiar. Posteriormente se crearon
equipos especiales anti evasión para caerles a los empresarios “mañosos”
por el tema de los impuestos.
Con
el paso del tiempo, las “fuerzas de tarea” fueron para todo: para
regular el precio de los huevos, del culantro, del anís, de las carnes
blancas y rojas; del pollo y cualquier otra cosa que surgiera por los
alrededores y generara alguna inestabilidad. Los hondureños, sin
percatarnos, estábamos entrando así hacia un Estado “regulador”.
En
Seguridad, por ejemplo, las regulaciones se dieron acompañadas de las
políticas de mano dura, de los escudos por aire, mar y tierra contra el
narcotráfico, las fuerzas de tarea conjuntas con otros países para
frenar el ingreso de las pandillas; las reformas penales, las protestas
sociales y la figura de criminalización para todo que también genere
inestabilidad. El Estado regulador creaba así sus propias normas de
protección.
En
la lucha contra la corrupción, la mayor regulación visible, hasta
ahora, ha sido el llamado “pacto de impunidad” denunciado por la MACCIH.
El Estado regulador protegió a sus beneficiarios y leales promotores:
diputados, ex diputados, funcionarios y ex funcionarios.
Tienen
tres años para desvanecer ante el Tribunal de Cuentas cualquier cargo
que se les impute. Un tribunal, que según los registros, tarda seis años
en concluir una investigación y otro tiempo más para judicializar,
tanto, que cuando menos se acuerda se ha llegado al período de 10 años,
necesarios para la caducidad.
Ante
la denuncia de la MACCIH, el Estado regulador reaccionó de inmediato:
media institucionalidad cerró filas a favor del legislativo por aquello
del debido proceso, el honor a la imagen y a la intimidad, un derecho
que atañe a todos los ciudadanos, pero que en el caso del Estado
regulador, unos al parecer tienen más privilegios que otros.
Entramos
así a los otros tentáculos de la regulación: la libertad de expresión.
No bastando con tener una ley de secretos que blinda la opacidad y hunde
la transparencia, así como un artículo 335-B que tiene a la prensa y a
los ciudadanos con la guillotina en la espalda por aquello que si hace
apología al delito, al odio o al terrorismo, puede ir “al pozo”,
entramos ahora a la etapa de la “ciberseguridad” bajo la figura de la
“censura privada” como graficó el relator de la OEA para la libertad de
expresión, Edison Lanza, la ley que se debate sobre redes sociales e
internet.
Los
debates al respecto serán muchos, entre quienes creen que hay que poner
un coto a los excesos en las redes, reviviendo la figura del desacato
que penaliza al ciudadano que ofende a un funcionario o al presidente, o
los que creen que Honduras necesita tanta paz que las redes sociales y
el internet no se las están dando.
En
materia de libertad de expresión, ninguna regulación es buena, lo que
procede es la autorregulación y en casos específicos de abusos, las
redes sociales tienen sus propios protocolos, pero también están en las
fiscalías de los distintos Estados, departamentos especializados frente a
determinados delitos o amenazas a la seguridad. Es decir, toda regla
tiene su excepción, pero la norma no es generalizar. La libertad de
expresión tiene límites y ya la doctrina establece cuáles y qué hacer al
respecto.
En
Honduras, se cuenta incluso una Ley de Espionaje, pero bajo este
esquema de Estado Regulador, como que habrá que aprobar una de
“ciberespionaje” disfrazada de “ciberseguridad”. Y vea y no haya algo
por ahí que diga que si un presunto corrupto se siente ofendido y
expuesto en las redes habrá que aplicarle una de “ciberterrorismo” por
aquello del “odio”.
Curioso
es que esta “ciber regulación” a la que nos vemos abocados se produzca
en medio de una crisis político post electoral donde la
institucionalidad está siendo altamente cuestionada y cuando un “pacto
de impunidad” está a la espera de que se resuelva un amparo en la corte
de justicia porque una juez emitió un fallo basándose en una publicación
alterada, constitutiva de delito y por la cual se archivó el caso de
una compleja de red de presuntos ilícitos en que están implicados varios
legisladores, funcionarios, ex legisladores y ex funcionarios. Es el
Estado regulador.
https://criterio.hn/2018/02/09/el-estado-regulador/
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