Por: Redacción CRITERIO
Febrero 1,2018 / redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Con
suma preocupación y alarma reaccionaron este jueves diferentes sectores
de Honduras al conocer la intención del gobierno de regular el
contenido de las publicaciones en las redes sociales e internet.
Esta
tarde el diputado del oficialista Partido Nacional, Marcos Bertilio Paz
Sabillón, introdujo un proyecto de ley encaminado a regular el
contenido en las redes sociales e internet que, según él, frenarán
actos de discriminación o delitos de odio, inclusive injuria y
difamación u otros delitos contra la seguridad pública.
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Arguyó
que la medida no es necesaria porque ya el Código Penal tipifica las
los delitos citados en la pretensión del parlamentario del partido de
gobierno. “Entonces una ley específica sobre las redes sociales va
orientada a controlar que la población siga opinando sobre temas
políticos y de denuncia de violaciones a derechos humanos y de actos de
corrupción”, apuntó.
Tábora
consideró además que la normativa tiene tinte político porque se ha
dado en el marco de una crisis electoral y post electoral, donde las
redes sociales han sido el principal medio para generar opinión sobre la
situación política y de denuncia de violaciones de derechos humanos.
Asimismo
tiene dedicatoria contra los usuarios de las reses sociales que
publican información no deseada por el régimen gubernamental y contra
los periódicos digitales, que se han convertido en el contrapeso ante la
concentración mediática frente el discurso implementado por el gobierno
y que colocan opinión política, denuncias sobre violaciones de derechos
humanos o de actos de corrupción del gobierno.
Edy Tábora, director de C-Libre,
considera que el proyecto de ley establece censura previa y va de manera
paralela al artículo 335 literal B del Código Penal, que tipifica el
delito de apología al terrorismo.
A
juicio del defensor de la libertad de expresión este tipo de medidas
sólo se presentan en los regímenes autoritarios y de dictadura, que
tienden a controlar el contenido de las publicaciones de la disidencia
política y de las personas que denuncian violaciones a los derechos
humanos.
Estableció
que el internet se relaciona a la libertad de expresión, que se ha
vuelto el espacio de difusión y de acceso a información para la
ciudadanía en general y para las personas que se dedican a la labor
periodística ante la concentración mediática tradicional, es decir de la
televisión y la radio.
En
ese orden citó el informe sobre libertad de expresión e internet de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que establece que
lo más importante en el entorno digital, es que el Estado tiene la
obligación de no discriminación sobre los contenidos, es decir que todas
las medidas encaminadas al control de los medios digitales deben ser
por medios apropiados para garantizar que todas las personas,
especialmente aquellas que pertenecen a grupos vulnerables o que
expresan visiones críticas sobre asuntos de interés público, puedan
difundir contenidos y opiniones en igualdad de condiciones.
Amplió
que controlar el contenido en el internet violenta el principio del
pluralismo y la diversidad de opiniones, y generalmente este tipo de
acciones va orientado a controlar la disidencia política.
Manifestó
que, si existe la necesidad de controlar el contenido en el internet
cuando se trata de la violencia de género y pornografía infantil, pero
acotó que el proyecto de ley sometido hoy al Parlamento hondureño no
hace mención a lo antes expuesto.
Por
ser el internet un arma muy poderosa, en la actualidad hay iniciativas
alrededor del mundo, por parte de empresarios, religiosos y políticos
que pretenden controlar su contenido: Edy Tábora, director de C-Libre.
Por
su parte el diputado del opositor Partido Libertad y Refundación
(Libre) Juan Barahona, dijo que la medida busca ponerle una mordaza al
único espacio que tiene el pueblo hondureño para poder expresarse.
Eso
es una total equivocación y eso no debe pasar en el Congreso Nacional,
no puede ser aprobado ese decreto”, dijo Barahona, al tiempo que señaló
la acción del diputado proyectista, Marcos Bertilio Paz Sabillón,
muestra su posición reaccionaria, conservadora, dictatorial e
ignorancia, porque para controlar las redes se requiere de la aplicación
de una normativa de carácter internacional.
Para
la aprobación de la ley, que busca el control del contenido en el
internet, se requiere de la votación de la simple mayoría es decir 65
votos, algo que es fácil de conseguir para el gobierno porque cuenta con
61 diputados, además de tener el respaldo incondicional de las bancadas
minoritarias.
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