En la mañana del pasado 20 de septiembre José Alfredo Rodríguez, miembro de la Empresa Campesina «Gregorio Chávez», fue asesinado en la finca Paso Aguán, del municipio de Trujillo, departamento de Colón.
De acuerdo con un comunicado de la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán, Rodríguez estaba trabajando en su cultivo de maíz, cuando fue asesinado entre los lotes 6 y 14 de la referida finca.
El cuerpo de José Alfredo fue encontrado cerca de las ocho de la mañana por su hijo José Luis, de 14 años, quien iba a dejarle desayuno.
Según el comunicado, sus familiares manifestaron que el campesino era constantemente amenazado por miembros del ejército y guardias privados de Corporación Dinant.
José Alfredo Rodríguez era Delegado de la Palabra de Dios en la iglesia Católica de la comunidad de
Panamá y miembro activo de la Empresa "Gregorio Chávez", cuyos integrantes están en posesión de una área de la finca Paso Aguán desde el pasado 27 de agosto.
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Ante el hecho, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), lamentó la muerte de José Alfredo y reconoció de otros incidentes de violencia en menos de un mes, que van desde inicios de procesos judiciales, acciones de violencia en el marco de acciones de desalojo, mismas que han sido denunciadas por el campesinado en la zona.
Violencia e impunidad permanece
En su informe sobre Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hay un apartado sobre el Bajo Aguán, dónde recopila una serie de testimonios sobre el conflicto por la tierra en la zona, la falta de acceso a la justicia de parte de las organizaciones campesinas y la realización de una investigación adecuada que lleve a identificar a los responsables de muertes violentas, amenazas y demás acciones contra el campesinado que libra una lucha por el acceso a la tierra en esa región costera.
La Comisión recomendó al Estado, reforzar esfuerzos en la investigación de estos hechos de violencia ocurridos en el Bajo Aguán, y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, y en particular dilucidar responsabilidades en caso de una posible participación de las fuerzas estatales.
“El Estado debe abordar las causas estructurales de discriminación y violencia que afectan al Bajo Aguán, incluido la titulación y venta de tierras en consulta con las partes involucradas”, recomendó la CIDH al Estado de Honduras en su informe de 2015.
Desde el año 2010, cuando se originó el actual conflicto en el Bajo Aguán, al menos 125 personas entre campesinos y guardias de seguridad privada han perdido la vida, sin que de haga justicia.
Gregorio Chávez y José Ángel Flores, fueron líderes campesinos asesinados en la región. Flores tenía medidas cautelares otorgadas en un grupo de 123 beneficiarios por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Incluso, Antonio Trejo, abogado de grupos campesinos en procesos de recuperación de tierras, fue asesinado en septiembre del 2012, cuando también fue criminalizado junto a más de 20 campesinos que realizaban una protesta social cerca de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un mes antes. El 07 de junio del 2016 fueron sobreseidos definitivamente. Pero a un hermano de Trejo, José que daba seguimiento a las investigaciones por el crimen del abogado, también lo asesinaron en febrero del 2014.
En Honduras hay 300 mil familias campesinas sin acceso a la tierra y su lucha por su tenencia no se detiene, pese a estar entre los países más peligrosos para defender los derechos humanos.
Foto de portada: Atrio.org
http://www.conexihon.hn/continuan-ataques-contra-campesinos-en-el-bajo-aguan
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