Criterio.hn/ Junio17,2017
Sambo
Creek junio 16 de 2017.- Una vez más el Juzgado de Letras de Trujillo
emite una resolución parcializada, a favor de los inversionistas
canadienses, que se apropiaron en la última década de la bahía de
Trujillo. El Juez de Letras de Trujillo, el Sr: Víctor Manuel Meléndez
Castro, determinó un sobreseimiento provisional a los dirigentes
Garífunas; Cesar Geovany Bernárdez Herrera, Celso Alberto Guillen Mejía,
Cosme Enrique Avila Bernárdez, acusados de usurpar su territorio
ancestral.
A partir
del golpe de Estado del 2009, la Bahía de Trujillo paulatinamente ha
sido entregada a empresarios extranjeros, sin que se haya efectuado
consulta previa, libre e informada sobre los proyectos de turismos de
enclave que se ha establecido en las comunidades Garífunas y sus
hábitats funcionales.
En el
caso específico de CARIVIDA, propiedad del canadiense Patrick Forseth,
demuestra la inexistencia de un Estado de ley en Honduras, además del
incumpliendo de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos emitidas a favor de las comunidades Garífunas de Punta
Piedra y Triunfo de la Cruz.
El
empresario canadiense compró un terreno comunitario, el que fue
utilizado por un proyecto de ecoturismo comunitario de mujeres, el cual
se vieron obligadas a abandonar ante la violencia imperante en la zona.
Posteriormente la Municipalidad de Santa Fe impulsó la venta ilegal, con
el apoyo del Instituto de la Propiedad.
Desde el
2008, Randy Jorgenson conocido en su país como el “Rey del Porno”¨,
inició una compra masiva de terrenos ubicados en las comunidades
Garífunas, cometiendo un fraude en las compras de tierra en las montaña
aledaña a Trujillo, el que fue denunciado en el 2011, tardando el
canadiense cuatro años para presentarse en los juzgados.
En
contraposición, en el caso de la dirigente comunitaria Medalime David,
las autoridades tardaron 8 días un cumplir la orden de captura, la que
fue ejecutada de forma violenta por los miembros de la Fuerza Naval.
Los
conflictos territoriales que se está agudizando en la Bahía de Trujillo,
demuestran la complicidad del Estado de Honduras en la expulsión
premedita del pueblo Garífuna de Honduras. Bajo el marco de las Zonas de
Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) -conocidas también como ciudades
modelo- se viene fraguando el desalojo de más de 20 comunidades
Garífunas, que se encuentran ubicados dentro de cinco zonas consideradas
factibles, Ciudades Modelos (ZEDE).
El racismo insertado dentro de la sociedad hondureña, especialmente entre
los operadores de justicia, que ven al pueblo Garífuna como extranjeros,
impide la aplicación de un estado de ley, dando lugar a una
desprotección jurídica impidiendo el derecho al debido proceso.
La
presencia del canadiense Patrick Forseth frente a los juzgados con un
grupo de personas a favor de su empresa CARIVIDA, demuestra la capacidad
de destrucción del tejido social comunitario. El canadiense pagó a sus
acompañantes – el lumpen de la ciudad de Trujillo- para que lanzaran
consignas a favor de su empresa y el “desarrollo” que asegura está
beneficiando a Guadalupe.
En la
sentencia emitida por la Corte IDH en el caso de Punta Piedras vsr
Estado de Honduras, indica claramente que “Los jueces y órganos
vinculados a la administración de justicia deben tomar en cuenta el
tratado (Convenio 169) sino también la interpretación que del mimo ha
hecho la Corte Interamericana, interprete ultima de la Convención
Americana”.
La
determinación asumida por el Juez en el caso de CARIVIDA no se apega a
la jurisprudencia del sistema Interamericano de Justicia, de ahí
asumimos la imposibilidad de agotar los recursos internos, ante la
contravención con los principios de debida diligencia y plazo razonable.
http://criterio.hn/2017/06/17/la-ciudad-modelo-trujillo-neocolonialismo-canadiense-persecucion-dirigentes-garifunas/
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