Por Jorge Valero*
El
espectáculo que presenciamos en la OEA, el pasado lunes 3 de abril,
mostró cómo competían entre sí algunos gobiernos de nuestro Continente,
para ver cuál se congraciaba más con la Potencia Imperial del Norte.
Organizaron
una reunión del Consejo Permanente de la OEA dando claras muestras de
que no respetan las normas básicas que rigen el funcionamiento de este organismo.
Destituyeron
al Presidente y al Vice-Presidente de ese Consejo, embajadores Diego
Pary, de Bolivia, y Juan-Victor Harnel, de Haití, y nombraron a un
presidente de facto.
Demostraron
que en su obsesivo afán por intervenir en los asuntos internos de
Venezuela pueden incurrir, incluso, en ilícitos legales.
Esa reunión, en consecuencia, constituyó una grave alteración de la institucionalidad de la OEA.
La
Resolución que dicen haber aprobado es ilegal, ilegítima y representa
una grave vulneración de los principios de soberanía y autodeterminación
de los pueblos, consagrados, tanto en la Carta de la OEA, como en la
Carta de la ONU.
Por
lo demás, es írrita, inefectiva, inaplicable e inejecutable. Sus
proponentes anunciaron que adelantarán “(…) gestiones diplomáticas
adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad
democrática”.
Las
gestiones diplomáticas son inherentes al derecho internacional, pues
coadyuvan a superar litigios; bien entre Estados, bien al interior de
ellos. En consecuencia, son realizadas por instituciones y entes que
actúan de buena fe, y cuyas actuaciones merecen la confianza de todos.
Éstas no se pueden ejercer de manera impositiva, y sin el consentimiento
del Estado concernido.
La
Resolución de marras no está animada por buenas intenciones, ya que
algunos de sus promotores buscan el derrocamiento del gobierno
constitucional del Presidente Nicolás Maduro Moros. Por supuesto, se
cuidan con el uso de las palabras. Y algunos disimulan lo que buscan en
realidad: acabar con el gobierno bolivariano, ejemplo de dignidad en el
mundo.
Por eso recurren a eufemismos como “procesos de transición”, “restauración democrática” y “retorno al orden democrático”.
Los
venezolanos y venezolanas disfrutamos de una robusta democracia; con un
presidente que cuenta con un amplísimo respaldo popular. En cambio,
algunos gobiernos intervencionistas que han pretendido horadar los
fueros patrios se caracterizan por aplicar políticas antipopulares y
pro-imperialistas, razón por la cual son rechazados por la inmensa
mayoría de sus pueblos.
Entre
los gobiernos apoyantes de tan infame Resolución hay algunos que no
tienen ninguna autoridad moral ni política para cuestionar la democracia
participativa y protagónica que existe en Venezuela.
Hay
gobiernos nacidos de golpes parlamentarios; que implementan políticas
antipopulares y aplican con cinismo criminal las recetas neoliberales.
Hay también presidentes que están en proceso de enjuiciamiento en sus
respectivos países por corrupción y malversación de bienes nacionales;
por contrabando, tráficos de drogas, y otros ilícitos.
En algunos de estos países se han cometido y se cometen crímenes de lesa humanidad y se violan de manera sistemática y descarada los derechos humanos; se aplican las políticas de desapariciones, la tortura y bárbaros crímenes políticos.
Estos
gobernantes nulifican las conquistas sociales, angostan la justicia
social, violan la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y
también la Carta Social de las Américas.
Los
que han pretendido activar la Carta Democrática Interamericana contra
Venezuela, no promueven “buenos oficios”, sino oprobiosos oficios
plagados de malas y perversas intenciones.
Debemos denunciar que algunos gobiernos que auspiciaron tan nefasta Resolución están sincronizados con
la oposición golpista y violenta en Venezuela. Repiten y corean sus
consignas y se hacen eco de sus mentiras y predicamentos
antidemocráticos.
Algunos gobiernos que promovieron tal Resolución están sincronizados con
el inefable Luis Almagro. Éstos se han sumado -y ahora descaradamente y
sin escrúpulos-, a los planes que procuran quebrantar la
institucionalidad democrática en Venezuela.
Tan
pronto se conoció el texto intervencionista, los sectores más
extremistas de la oposición en Venezuela activaron iniciativas
callejeras en busca de un derramamiento de sangre que tuviera impacto
mediático internacional, lo cual demuestra la articulación que existe
entre estos factores y sus operadores políticos en la OEA.
Los
malos oficios que han activado quienes suscribieron la ilegal
Resolución están destinados al fracaso, al más rotundo fracaso, porque
Venezuela es un país digno y soberano, que no permite ni permitirá que
factores e intereses foráneos se inmiscuyan en sus asuntos internos. No
tienen permiso; están desautorizados. No son ni serán bienvenidos en la
Patria de Bolívar.
Las diferencias deben procesarse a través de medios pacíficos. Y el diálogo -se ha comprobado históricamente-, es
el más eficiente de ellos. Por eso el Presidente Nicolás Maduro ha
invitado, de manera tan reiterada a la oposición para que se siente -por
fin-, en la mesa de diálogo. Pero este llamado ha sido recurrentemente
desoído.
La
intervención extranjera que fomentan ciertos gobiernos en la OEA; sin
duda, una minoría, ha sido derrotada. Sus planes, sin embargo, no han
sido archivados. Las amenazas y agresiones contra nuestra soberanía y
autodeterminación están en pleno desarrollo.
Por
eso llamamos a nuestro pueblo a mantener en alto, y con pasión
bolivariana, la bandera tricolor y los emblemas sagrados de nuestra
nación independiente, libre y soberana.
*Embajador-Representante Permanente de Venezuela ante la ONU-Ginebra
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