Honduras: Líder Lenca espera que el Estado cumpla las Medidas Cautelares a su favor

Publicado en defensores - 15 marzo, 2017 Tegucigalpa.
Por Sandra Rodríguez
Hace dos meses de que el defensor indígena Lenca, Víctor Vásquez, permanece inmovilizado a causa de una bala policial durante un desalojo violento, en Tutule, departamento de La Paz. En esta visita a Tegucigalpa, espera que ya le retiren el yeso y poder caminar con normalidad.


Víctor, de 36 años de edad, es el presidente del Consejo Indígena Lenca de la comunidad de Simpinula, municipio de Santa María, en la región centro-occidente de Honduras, y el día del disparo acompañaba y documentaba el ataque de parte de policías hacia al grupo campesino 9 de julio, que desde hace siete años mantiene un proceso de recuperación de tierras.

El líder también miembro del Movimiento Indígena Independiente de La Paz-Honduras, MILPAH, debido a las amenazas contra su vida, ya cuenta con medidas de protección por parte de la Dirección General del Sistema de Protección, mediante resolución del 26 de enero del 2017, consistentes en patrullajes en los alrededores de su domicilio, y el pasado 6 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó la Medida Cautelar MC-507-2016 en su favor.
                                          
El 6 de febrero de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Víctor Vásquez, en Honduras. La solicitud de medidas cautelares alega que Víctor Vásquez se encuentra en una situación de riesgo con motivo de su desempeño como presidente del consejo indígena de la comunidad de Simpinula en el marco de una serie de disputas judiciales sobre la titularidad de unos territorios que pertenecen a los indígenas Lenca en calidad de tierras ancestrales.

En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Honduras que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de Víctor Vásquez; que concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar su repetición.

El representante de MILPAH en Simpinula, lamenta que los ataques contra los y las defensoras de derechos humanos continúen, pues son muchos los casos en los que la población indígena debe enfrentar la justicia siendo criminalizados ante un sistema que los reprime. Por lo que espera que las medidas cautelares a su favor sean aplicadas correctamente, ya que defender los derechos humanos en Honduras, es un peligro, pero a la vez un deber personal con su pueblo.

Alrededor de las 9 de la mañana, aproximadamente entre 150 y 200 militares y policías llegaron al área y comenzaron a desalojar violentamente a los campesinos usando gas lacrimógeno, en Tutule.
En ese momento el defensor de derechos humanos Víctor Vásquez comenzó a filmar los eventos con su teléfono cámara. Cuando los campesinos empezaron a correr para escapar de la agresión, uno de ellos se quedó atascado en un alambre de púas.

Víctor Vásquez regresó para asistir al compañero que se había quedado atascado y ayudarle a liberarse, cuando recibió un disparo en la rodilla. Varios otros campesinos fueron heridos de bala como resultado del operativo. Organizaciones locales que brindan apoyo a defensores y defensoras de derechos humanos están acompañando a Víctor Vásquez en su recuperación.

Agradezco al (COFADEH, por todo el apoyo que me ha dado, sé que, sin la operación en mi pierna, no estaría de pie -por momentos- pues a saber que hubiera sucedido conmigo, aseveró del defensor.
Estos meses, aun con la pierna en recuperación, el defensor ha hecho acciones de acompañamiento en temas de derechos humanos, como audiencias judiciales contra indígenas criminalizados, procesos electorales y la presentación del proyecto “Mejorando el Acceso a la Justicia”, el cual tiene como objetivo fortalecer las capacidades las y los participantes, especialmente de las mujeres, así como de los operadores de justicia, para facilitar así el acceso a un sistema de justicia confiable y que promueva la equidad social.

El proyecto es ejecutado por el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), el Centro de Estudios de la Mujer – Honduras (CEM-H) y el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y cuenta con el acompañamiento técnico y financiero de la Agencia Católica Irlandesa para el Desarrollo Trócaire y con el financiamiento de la Unión Europea a través del Programa EUROJUSTICIA.

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