“El presidente Juan Hernández ha rehusado reunirse con Salil Shetty, Secretario General de Amnistía Internacional, organización que condenó el asesinato de los dirigentes del MUCA, Flores y George. El 20 de octubre, las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo de fuerza para disolver una manifestación que protestaba por el mal manejo de las autoridades hondureñas de la investigación del asesinato de Berta Cáceres”.
“Esta
ola continua de violencia política no solo está ligada al gobierno
corrupto y represivo de Honduras, sino también al gobierno de Estados
Unidos. Washington jugó un papel primordial en la consolidación del
golpe militar de 2009 y continúa suministrando decenas de millones de
dólares anualmente en ayuda militar y de seguridad a ese gobierno”.
“La
terrible situación de los derechos humanos en Honduras, incluyendo la
destrucción ambiental de territorios indígenas y el flujo constante de
refugiados huyendo de la violencia, es un resultado natural del
derrocamiento de un gobierno promotor de reformas electo
democráticamente, y su sustitución por represión y militarización”.
*Mark Weisbrot
Para EL LIBERTADOR
Codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), Washington, D.C.
Washington. Después del golpe militar contra el gobierno democrático del presidente Manuel Zelaya en 2009, Honduras se ha convertido en el país más peligroso del mundo para los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente. El 17 de octubre, fueron asesinados dos
organizadores destacados más, José Ángel Flores y Silmer Dionisio
George, en Colón. Flores era el Presidente del Movimiento Unificado
Campesino del Aguan (MUCA) y George era un conocido líder de la misma
organización.
Esto fue precedido el 9 de octubre por el intento de asesinato de
Tomás Gómez Membreño, el coordinador general del Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y de Alexander
García Sorto, líder comunitario de COPINH.
Lamentablemente
esta ola continua de violencia política no solo está ligada al gobierno
corrupto y represivo de Honduras, sino también al gobierno de Estados
Unidos. Washington jugó un papel primordial en la consolidación del
golpe militar de 2009 y continúa suministrando decenas de millones de
dólares anualmente en ayuda militar y de seguridad a ese gobierno.
El 2 de marzo fue asesinada Berta Cáceres, coordinadora general del COPINH y ganadora del Premio Medioambiental Goldman en 2015.
Ella estaba luchando con cierto éxito contra proyectos que destruían el
medio ambiente, los cuales proliferaron después del golpe de 2009. Uno
de ellos era el de la construcción de la represa de Agua Zarca, proyecto
que amenaza al medio ambiente y los derechos de la comunidad indígena
Lenca. El movimiento que ella ayudó a organizar obligó al constructor
más importante de represas a nivel mundial a retirarse del proyecto y
paralizó la construcción desde el año pasado.
Posteriormente, un soldado hondureño le comentó a los medios de comunicación que Berta había sido blanco de asesinato por las fuerzas armadas.
El
asesinato de Berta Cáceres generó tanta indignación internacional que
42 Miembros del Congreso de Estados Unidos patrocinaron el Proyecto de
Ley Berta Cáceres de los Derechos Humanos en Honduras (HR
5474). Dicha Ley ordena la suspensión de toda ayuda militar y de
seguridad a Honduras hasta que el gobierno hondureño pueda proteger a
los activistas sociales y hasta que las fuerzas de seguridad del país
dejen de cometer violaciones de los derechos humanos con impunidad,
entre otras condiciones.
Para
la consternación de los defensores de los derechos humanos en Honduras y
en Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos
certificó el
30 de septiembre que Honduras había cumplido con las condiciones de
derechos humanos estipuladas para recibir ayuda militar y de seguridad
en 2016, a pesar de la violencia que evidencia de lo contrario. Sin esta
certificación, Honduras hubiera perdido la mitad de dicha ayuda.
El
Proyecto de Ley Berta Cáceres probablemente no será aprobado en el
Congreso controlado por el partido Republicano. Algunos líderes
republicanos del Congreso estadounidense apoyaron abiertamente el golpe
militar de 2009; la Administración de Obama se opuso oficialmente, pero
tomó otras medidas para asegurar el éxito del mismo. La Secretaria de
Estado, Hillary Clinton por ejemplo escribió en su libro de 2014 “Decisiones
Difíciles” que ella trabajó para evitar que Zelaya, el Presidente
destituido pero electo democráticamente, volviese al poder.
Zelaya
había logrado frenar la expansión de megaproyectos ambientalmente
destructivos; también presidió una economía que logró reducir la
desigualdad, la pobreza y el desempleo, e incrementó el sueldo mínimo
sustancialmente antes de ser destituido. Por otro lado también estaba
trabajando en la resolución de reclamos por parte de los campesinos en
regiones como la del Valle de Aguan, de que sus tierras habían sido
incautadas ilegalmente por terratenientes poderosos.
El
presidente Juan Orlando Hernández ha rehusado reunirse con Salil
Shetty, Secretario General de Amnistía Internacional, organización que
condenó el asesinato de Flores y George. El 20 de octubre, las fuerzas
de seguridad hicieron uso excesivo de fuerza para
disolver una manifestación que protestaba por el mal manejo de las
autoridades hondureñas de la investigación del asesinato de Berta
Cáceres.
Los
movimientos sociales quieren que el gobierno identifique a los
responsables de más alto nivel del asesinato, y no únicamente a los
ejecutores. Como otra señal de que el estado de derecho no aplica para
el asesinato de líderes indígenas, el expediente del caso de Cáceres fue
reportado como robado a la magistrada que llevaba la investigación el 29 de septiembre.
La
terrible situación de los derechos humanos en Honduras, incluyendo la
destrucción ambiental de territorios indígenas y el flujo constante de
refugiados huyendo la violencia, es un resultado natural del
derrocamiento de un gobierno promotor de reformas electo
democráticamente, y su sustitución por represión y militarización.
Lamentablemente Honduras es percibido al más alto nivel del “Estado de Seguridad Nacional” de Estados Unidos, como un peón en
el juego de ajedrez geopolítico de la Segunda Guerra Fría. Ahí se
encuentra una de las pocas bases militares estadounidenses que aún
quedan en América Latina. Por esa razón, los numerosos llamados de casi
100 miembros del Congreso a la vez, de suspender las ayudas militares y
de seguridad hasta que el gobierno le ponga fin a la impunidad,
habitualmente han sido ignorados.
Esto
no cambiará necesariamente si los Demócratas ganasen el Senado el 8 de
noviembre, pero en todo caso hay muchas cosas que el Congreso podría
hacer, incluso ahora. De manera individual, en el seno de comités como
el de apropiaciones o de relaciones exteriores, algunos Senadores
podrían dificultar e incluso hacer imposible el desembolso de ayuda de
seguridad de Estados Unidos a Honduras. Este tipo de obstruccionismo
justificado podría ejercer una enorme presión sobre el gobierno
hondureño para que respete la vida y los derechos humanos.
*Mark
Weisbrot es codirector del Centro de Investigación en Economía y
Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington,
D.C. y presidente de la organización Just Foreign Policy. También es
autor del nuevo libro “Fracaso. Lo que los ‘expertos’ no entendieron de
la economía global” (2016, Akal, Madrid).
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/internacionales/1811-oposicion-hondurena-asesinada-mientras-washington-reparte-dinero-a-gobierno-represivo-y-militares
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