En los últimos días se ha incrementado la criminalización de parte del Estado y autoridades locales a raíz de que la población se está empoderando de sus derechos y reclaman la liberación del territorio de las empresas transnacionales mineras, hidroeléctricas y eólicas, ya que al no consultar al pueblo lo consideramos como una intervención, represión o criminalización, y salimos a las calles a decirles que se retiren, que ahí no tienen nada que hacer, y vienen los conflictos, denunció Martín Gómez Vásquez, sub coordinador del Movimiento Indígena Lenca de La Paz- Honduras, MILPAH.
“Por ejemplo en Chinacla –municipio de La Paz- la presidenta del Partido Nacional y diputada Gladys Aurora López y su esposo Arnold Castro, pretenden la construcción de una represa hidroeléctrica, por ese proyecto hay personas a favor y en contra del Consejo indígena”, denunció Vásquez.
Entre las inseguridades es que, hace dos semanas, personas encapuchadas dispararon en cuatro ocasiones con arma de fuego, durante la noche en la casa de la lideresa Ana Iris Romero y su esposo Rosalío Vásquez. Cabe mencionar que días después Ana Mirian, viajó a Irlanda a recibir el reconocimiento “Defensores en Riesgo” que otorga Front Line Defenders, por su constante lucha en la defensa de los derechos del pueblo indígena Lenca en Honduras.
Esta familia ha sufrido varios intentos de asesinato, incluso a inicios de este año, les quemaron su vivienda, y por temor los niños debieron dejar la escuela; pero eso no es suficiente ya que hay personas extrañas viviendo en su misma comunidad, y se les toma como infiltrados de parte de quienes apoyan los proyectos sin consulta previa, que afecta nuestro territorio, manifestó Martín.
Nos han dicho que hay demandas contra grupos indígenas, esto se origina por un enfrentamiento de parte de las autoridades del municipio de Aguanterique, quien demandó al Consejo Indígena que lucha por sus derechos y la defensa a los derechos humano, a nosotros nos protegen convenios y Tratados Internacionales.
Otro caso donde el alcalde ha atacado arbitrariamente a comunidades indígenas es en San Pedro de Tutule, a quienes los acusan de “roba tierras” pero nosotros vivimos ahí desde siempre, ellos, los que llegan son los roba tierras.
Cuando hay empresarios y gobiernos que no respetan ni a su familia, son hechos de unos sistema capitalista que racista, etnocida y ecocida, incapaz de respetar los derechos humanos.
“Nosotros tenemos que fomentar la defensa de los bienes comunes y tener en cuenta que los ricos sólo buscan que los pobres desaparezcan, hay que levantar una misma voz, que nos unamos, porque los ricos nunca van hacer un proyecto que nos favorezca, solo les interesa el montón de dólares que vienen del extranjero”, afirmó el defensor indígena Lenca.
El pueblo lenca que ha sido invisibilizado ahora tienen compañeros criminalizados, presos, asesinados y desaparecidos, para el caso en el municipio de Santa Elena, La Paz, a raíz de la construcción de la represa hidroeléctrica Los Encinos hubo cinco muertos solo en el mes de diciembre ya aproximadamente 20 en el departamento el año 2015 por la defensa de su territorio.
La realidad Lenca está llena de pobreza, constante violación de derechos humanos, indignación, una vida que no se le desea a nadie, “si bien es cierto que somos Lencas, pobres y humildes, que ellos no crean que solo somos para ser parte de una exposición, sino que tenemos derechos ya establecidos, no les pedimos ningún regalo, sino algo ya establecido2 reiteró el representante de MILPAH, quien ha documentado estos hechos en el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH.
Aunque el pueblo Lenca de La Paz, al centro-occidente de Honduras, aspira a la vida que los “ladinos o allegados” les han arrebatado por siglos, en paz y armonía, con sus ideales y creencias, hasta los líderes religiosos católicos y evangélicos, los atacan siguiendo órdenes de los políticos o interés privados, ya que el sacerdote Ángel Galeano de la parroquia de Santa Elena y otro de nombre Ronal, no parecen pastores sino técnicos municipales o un técnico en investigación criminal; hasta puede ser que hasta las confesiones de la feligresía lo transfieren a otro lado, porque lo que hacen es un trabajo de investigación.
Ellos los han sentenciado con excomulgarlos si siguen en afiliados a grupos de defensa de los bienes comunes, y en ese municipio el trabajo de MILPAH es plenamente visibilizado, explicó Martín.
Por lo tanto, nos sentimos desprotegidos, aunque haya personas que tienen medidas cautelares no se ven efectivas, el caso claro es el de Berta Cáceres, quien fue asesinada en su casa de habitación hace tres meses y no se le brindó protección, igual que Ana Mirian y Rosalío Vásquez que tienen medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y son atacados en su propia vivienda.
En La Paz, hay 12 municipios afiliados en MILPAH, en cada uno hay aproximadamente 1000 personas, lo que podríamos llegar a ser 12 mil integrantes, ya que la organización llega a comunidades de forma directa, siendo así fácilmente identificar a las personas ajenas a nuestra lucha.
Si el gobierno quiere hacer algo, que respete nuestros derechos ancestrales
MILPAH ha buscado acercamiento para exponer sus problemas a través del Consejo Indígena de Simpinula, La Paz, con personas de toma de decisión desde el poder político, y es que esas entidades son las encargadas de brindar asistencia técnica, educativa y financiera a las comunidades indígenas lecas, declaró Martín.
Las comunidades están reprimidas, excluidas, criminalizadas, abandonadas y sin ninguna ayuda, por lo tanto queremos exponer nuestras preocupaciones, por ejemplo hay una comunidad que no tiene energía eléctrica, si quieren solucionar el problema pues que empiecen a poner la energía.
Si hay medidas en los pueblos indígenas, son represivas e imponiendo sin previa consulta a las comunidades, como lo establece el marco jurídico internacional y ya están claros los derechos individuales y colectivos, patrimoniales, indígenas y los de los bienes comunes, en esa parte solo nosotros podemos tomar decisiones, pero se nos está imponiendo un catastro municipal en cuanto a los territorios.
Las comunidades indígenas no necesitan títulos ni personería jurídica para hacer que se respete su territorio, es un derecho ancestral porque nosotros no hemos venido de ningún lado, hemos, vivido aquí, nacimos aquí, nuestros ancestros nacieron, crecieron y murieron aquí, por lo tanto los únicos dueños de nuestros bienes comunes somos nosotros.
Hay un servicio de energía eléctrica a cambio de que los compañeros den permiso a la medición catastral y el pago de impuestos, por lo que ese proyecto viene a dividir la comunidad, territorio, la organización, unidad comunitaria, cosmovisión y su organización, por eso no aceptamos ese proyecto, además que no lo consultaron con nosotros y no aceptamos esa ley.
Los causantes de las divisiones son los alcaldes municipales, así mismo hay una represa hidroeléctrica generando energía que se construyó sin nuestra aprobación, por lo que hemos demandado y esperamos que en cinco o diez años pase a poder de nosotros y decidiremos si sigue o no, porque cada uno de esos proyectos están violentando nuestros derechos ancestrales, así como las 11 empresas mineras en el departamento de La Paz: Cane, La Paz, Yarumela y la zona de San Antonio del Norte que son las que tienen más agua, puntualizó el defensor.
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4140:aumenta-la-criminalizacion-en-comunidades-indigenas-lencas-de-la-paz&catid=71:def&Itemid=166
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