Criterio.hn/ 29 mayo, 2016 | Por: Ricardo Arturo Salgado
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En
una semana nutrida por el tema de la reelección, la feroz reacción
contra la disposición del Partido Libertad y Refundación de consultar a
su militancia y simpatizantes si el expresidente Zelaya debe competir
por la presidencia en caso de que se inscriba para ese mismo propósito
Juan Orlando Hernández, ha desatado una curiosa discusión alrededor de
la legalidad de las cosas en este país, especialmente entre varios
dirigentes políticos.
Algunos
discuten fundamentalmente convencidos de que el mundo se circunscribe a
la legalidad o no de las cosas, quizá por falta de entendimiento
agravada por una gran dosis de ingenuidad. Otros, menos “nobles” adoptan
el papel que el sistema les ha designado jugar en este momento de
lucha, en el que la posición del partido LIBRE marca una salida de la
agenda política del conservadurismo hondureño, después de casi siete
años.
Entre
los dirigentes “ingenuos” encontramos una facilidad pasmosa para caer
en la incoherencia, y en la defensa absurda de argumentos, a niveles
bastante elementales. A esto contribuye mucho la falta de memoria, que
los hace olvidar pronto y rendirse con aun mayor celeridad. La falta de
entendimiento sobre el asunto del poder supone un obstáculo mayor en los
planteamientos de aquellos para los que la legalidad equivale al mundo.
El Golpe de Estado de junio de 2009 es visto aun como un asunto de discusión barata (gracias a la maquinaria manipuladora de la derecha). Gracias a esto caemos de forma recurrente en el fútil debate sobre si algo es constitucional o no. Hay quienes todavía sostienen que expatriaron al Presidente Manuel Zelaya en cumplimiento de una orden judicial. Esto nos lleva inevitablemente a pensar en Hilary Clinton, quien, en alusión a su participación directa en aquel golpe de estado, responde “hice lo que creí era correcto”. Claro está, la señora Clinton no recurre al expediente de la legalidad, porque su acción se da en otro ámbito: el de los intereses y la geoestrategia; donde quitar gobiernos, asesinar gente, negociar con el crimen organizado, y más, se ventilan en el campo de los “correcto y lo conveniente” para sus intereses.
Un
golpe de estado no aparece en ninguna legislación, simplemente porque
el mismo es un acto de fuerza (siempre) mediante el cual encuentra
salida un conflicto político entre clases (favor entender bien este
concepto), normalmente dirigido por las fuerzas dominantes que deben
evitar la transformación de una sociedad y para ello deben sacrificar
toda la legalidad que ellas mismas han construido. La resolución de este
acto de fuerza, una vez restablecido el orden, se da a través de un
nuevo consenso en el que la clase dominante ratifica su poder, y las
mayorías aceptan este nuevo compromiso, en una cuasi rendición.
Así
las cosas, un Golpe de Estado no es en sí un hecho jurídico, del mismo
modo que las leyes son el marco de funcionamiento de una sociedad bajo
las reglas de la clase dominante, que mantiene así sus privilegios y
consolida el sistema que se los proporciona. Después del acto de fuerza,
y el consecuente sacrificio del marco jurídico, la discusión pasa al
ámbito del poder, donde las fuerzas se miden, y de eso dependerá el
nuevo consenso. En este punto, las fuerzas hegemónicas ejecutan su
voluntad no en virtud de su apego a la ley, sino, simplemente porque
pueden hacer lo que quieran.
De
esta exposición abstracta podemos abordar el tema del continuismo de
Juan Orlando Hernández, y entender que el mismo no tiene nada que ver
con la legalidad y es legitimado por la misma fuerza que produjo el
Golpe de Estado de junio de 2009. Ambos eventos tienen el mismo origen y
están conectados de forma indisoluble. Los golpistas de aquel momento,
siguen en el poder, y, llevan adelante un plan para sojuzgar las fuerzas
que los llevaron a destruir su burda democracia.
Aquí
ya podemos entender que la dirigencia del Partido Liberal, responsable
directa del Golpe de Estado de 2009, no tenga interés alguno en detener
el continuismo de Juan Orlando Hernández. Simplemente, eso es la
continuidad de lo que iniciaron hace 7 años, y sigue siendo un asunto de
clase. No se trata tampoco de un asunto moral, o de legitimidad; en
esta lucha poco importa la opinión de las mayorías, que solo son
manipuladas para creer que deben vivir siempre dentro de la “jaula” de
la legalidad que los delimita e impide la transformación de su sociedad.
En
la práctica, la ley es tan irrelevante en Honduras que apenas el 2% de
los casos investigados son judicializados. El imperio de la violencia y
la inseguridad ciudadana que este provoca, son lo más cercano a un
sistema de resolución de conflictos que la misma clase dominante ha
impuesto.
Con
todo esto, hoy resulta que la consulta planteada por LIBRE legitima el
proyecto continuista de la oligarquía hondureña. Nada más absurdo que
eso. Incluso en la situación actual, en que la clase dominante muestra
fisuras inocultables, es claro que el primer objetivo es destruir el
proyecto soberano y anti neoliberal de Libertad y Refundación. Nadie
parece entender que si Juan Orlando Hernandez se reelige o no; que si se
da lugar a otro miembro político controlado por la clase dominante (no
olvidar que estos actores están totalmente bajo la egida del Comando
Sur), el problema central es el continuismo de la política
neoliberal extractivista y de saqueo vigente.
Entonces,
no se trata de que: “si no respetamos hoy la ley, no tendremos
autoridad moral después…”, se trata de un asunto concreto de intereses
de clase y hegemonía. El solo hecho de que se estigmatice a Zelaya como
el propiciador de la “reelección” de Juan Orlando Hernández, tiene una
conexión lógica con la propaganda de 2009, que decía de que el
Presidente Zelaya “se quería quedar”. Esta lógica simplemente es la
base de sustentación del acto de fuerza en búsqueda del consenso; ese
consenso en el que no quieren a Zelaya ni a LIBRE, esos incómodos
actores que hay que eliminar.
Por
esa razón, la conspiración llega al extremo de mantener activos
“dirigentes” de LIBRE, que, por intereses personales, o arrogancia
excesiva (creen que ellos son la “solución”) jugando el papel de quinta
columnas. Y aunque en realidad ellos no tienen ningún peso político
entre la militancia del partido, su uso mediático tiene un valor para el
sistema, aunque bastante transitorio. Además, los expertos en
propaganda del régimen (JJ Rendón) saben que estos son recursos de valor
limitado que habrá que desechar pronto.
Siendo
Honduras un país atrasado, con bajísimo nivel educativo, es un hecho de
mayor significación que exista un partido de masas grande con alto
potencial organizativo y fuerza para derrotar los planes cóndor para el
país. Esto es particularmente preocupante en un país que ha sido colonia
gringa por más de un siglo. Si existe alguna opción de cambio
histórico, esa pasa por el partido LIBRE, que no está exento del peso de
luchas absurdas y conspiraciones internas estúpidas, que incluyen a
supuestos cuadros de la izquierda histórica.
La posibilidad de una alianza de todos aquellos que adversan el plan golpista, que debe incluir forzosamente las bases remanentes del Partido Liberal y los simpatizantes de la tesis anticorrupción del PAC, dependen mucho de la fortaleza estructural y orgánica de LIBRE. Además, requieren de una visión política común que les permita superar la campaña troglodita anticomunista que planea JJ Rendón. Esa visión política común debe basarse en ideas de la patria que queremos para todos; que contemple las transformaciones que requerimos para tener una sociedad cambiante, progresista en desarrollo, con justicia y mayor igualdad.
Y,
como resulta obvio, las posibilidades de éxito de un proyecto contra el
continuismo, requiere un liderazgo fuerte que, sin lugar a dudas
mantiene José Manuel Zelaya. Aquí el razonamiento debería ser muy
sencillo: ¿Por qué la campaña de la derecha ataca a Mel y no a Villeda,
ni a Nasralla, ni a Rasel, ni a nadie más? Pues, no hay que hacer gran
esfuerzo para darnos cuenta que debilitar la imagen de Zelaya, debilita a
LIBRE y con ello toda posibilidad de gran alianza.
Podemos
ver, después casi 1500 palabras, que el proceso en Honduras no tiene
que ver con la legalidad, y es eminentemente una lucha por el poder, que
se libra todos los días, y que podría definir una porción importante en
las elecciones de 2017. A la clase dominante no le importan la
legitimidad ni la moral, y, como es natural, busca eliminar por todos
los medios las amenazas que siente inminentes., En eso deberíamos
aprender mucho de ella.
http://criterio.hn/honduras-legalidad-y/
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